La Asamblea de Ecuador aprobó el jueves regulaciones para permitir que mujeres y niñas accedan a abortos en casos de violación hasta las 12 semanas de gestación y 18 semanas en caso de mujeres indígenas y de zonas rurales.
Las normas aprobadas por los legisladores siguen una resolución dictada por la Corte Constitucional en abril, que dio luz verde al aborto en casos de violación y ordenó a los legisladores regular rápidamente el procedimiento.
La nueva norma legal pasará a revisión del presidente Guillermo Lasso.
Grupos a favor y en contra del aborto por violación se manifestaron en la afueras de la Asamblea Nacional durante la votación.
Varias manifestantes permanecían sentadas, semidesnudas con carteles alusivos a niñas afectadas: "Kelly debería estar jugando con sus amigas, pero está cuidando al hijo de su violador".
Otros carteles colgados en las afueras de la Asamblea relataban: "Hace cinco semanas Guadalupe solicitó un aborto por violación. Tiene 18 semanas y sigue esperando".
"Paty tiene 11 años y necesita una cesárea urgente tras un embarazo producto de violación, los médicos dicen que su cuerpo es muy pequeño y podría morir en el proceso", rezaba otro cartel.
Otro más relataba que "Amparo tiene 14 años, vive en una comunidad amazónica de difícil acceso, viajó 6 horas para ser atendida, tiene 20 semanas y un embarazo de alto riesgo, ella prefiere morir que parir al hijo de un violador".
Carteles de los grupos opuestos al aborto apuntaban a que "sea cual sea la circunstancia de la concepción ¡es una vida!" y que "el aborto mata a un inocente".
Otra pancarta presentaba el dibujo de un feto junto a la leyenda: "Asambleísta, yo quiero vivir".
Por otra parte, un gran cartel sostenido por mujeres con pañuelos verdes advertía a los legisladores: "Cada muerte por abortos clandestinos, cada maternidad forzada de sobrevivientes de violación, es su responsabilidad asambleístas".
"Estamos aquí para representar a todas las sobrevivientes de violación que serán forzadas a la maternidad y a la tortura porque los plazos que imponen los dos informes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, son plazos que nos dejarán sin acceso, que nos van a forzar a la tortura de la clandestinidad y a la maternidad forzada", dijo a Efe Verónica Vera, activista feminista.
Aseguró que de la Asamblea Nacional ya no esperan nada pues "tuvo la oportunidad histórica de hacer una ley justa y reparadora, y nos dieron la espalda una vez más".
Por ello avanzó que demandarán ante "instancias internacionales y nacionales por cada muerte de una niña o de una mujer violada. Por cada mujer y niña forzada a la maternidad".
Pidió también a la ciudadanía que "recuerden que las mujeres y niñas violadas vivieron ya una forma de tortura, que es la violación y que lo mínimo y lo ético que podemos garantizar como sociedad es que puedan decidir en el tiempo que ellas necesiten la interrupción de un embarazo, porque parir el fruto de una violación es tortura".
Con información de Reuters y EFE
