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La crisis política de Perú se agrava en el gobierno de Pedro Castillo

El exlíder sindical llegó a la presidencia con las promesas de sentar las bases para solucionar la crisis social y consolidar una mayor estabilidad política. Hasta ahora, no ha cumplido ninguna.
vie 25 marzo 2022 06:04 AM
El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a la bandera antes d dirigirse a los legisladores un día después de que votaron iniciar un juicio político en su contra.
En medio de la crisis, el Congreso invitó a Castillo para que el 28 de marzo ejerza su defensa personalmente o a través de un abogado frente a la moción de vacancia.

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2022, la principal pregunta era si ese líder anti sistema podría consolidar la esquiva estabilidad política en un país que tuvo cinco presidentes en los últimos cuatro años.

Casi ocho meses después, esa misión aún está lejos de cumplirse. Tras una sucesión de errores que lo llevaron a un riesgoso aislamiento político, Castillo intenta recomponer con urgencia los lazos con la izquierda y la derecha, con el único objetivo de sobrevivir en el cargo.

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Acorralado por un sector de la oposición que no deja de pensar en una nueva destitución en el país, el presidente enfrenta desde el 14 de marzo su segundo proceso de moción de vacancia —un juicio político— en el Congreso bajo la fórmula de la incapacidad moral permanente, un mecanismo por el que ya fue depuesto Martín Vizcarra en 2020.

"En los últimos años la vacancia del presidente o el cierre del Congreso por parte del Ejecutivo se convirtieron en opciones del juego político", dice Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en Lima. "A ese contexto se le agregan los errores del gobierno: además de sentar las bases para sacar al país de la peor crisis social en años tras la pandemia, el voto a Castillo tenía como mandato consolidar una mayor estabilidad política, pero, hasta ahora, en las dos cosas ha fracasado".

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El éxito electoral le cobra factura a Castillo

Algunas de las carencias que el actual mandatario ha mostrado en su gestión pueden atribuirse a su inesperado y repentino éxito electoral. Maestro en la localidad rural de Tacabamba —una de las regiones más pobres de Perú—, Castillo cobró notoriedad al encabezar en 2017 una huelga de docentes que se prolongó por 75 días.

Entonces representaba a los peruanos que no han sido beneficiados por el crecimiento macroeconómico de los últimos años. Entre 2005 y 2019, antes de la irrupción de la pandemia, el PIB de Perú creció, en promedio, 5.2%. Esa expansión redujo los niveles de pobreza, pero otros históricos déficits que la nación sudamericana arrastra desde hace décadas, como las altas tasas de pobreza rural y la elevada informalidad laboral, no se han revertido. El Covid solo agravó esas heridas.

 

Ese deterioro del cuadro social profundizó la grieta que separa a gran parte de la sociedad con el sistema político peruano. Con estructuras viciadas por la corrupción y debilitadas tras el colapso del modelo de partidos, ocurrido a mediados de la década de los 90 durante la dictadura de Alberto Fujimori, la dirigencia política es percibida por buena parte de la población como una casta privilegiada.

Ese fuerte rechazo a la política tradicional, en un contexto de mayores necesidades sociales, abrió el camino para que las posturas anti sistema expresadas por Castillo tomaran una súbita popularidad. Sus propuestas de cambios radicales, como la nacionalización de los sectores minero y energético, además de la revisión de contratos con las empresas trasnacionales para que el 70% de las ganancias se queden en el país, calzaron justo con las demandas de una porción de la sociedad peruana cansada de esperar en vano los beneficios del crecimiento macroeconómico.

Esa coincidencia derivó en el resultado sorpresivo: Castillo fue el candidato más votado de la primera vuelta de la elección presidencial, con el 19.1% de los sufragios. Ya en el balotaje, solo esperó que el alto nivel de rechazo social a Keiko Fujimori, su contendiente de ultraderecha, se reflejara finalmente en las urnas.

“El problema es que algunos de los activos que le fueron útiles a Castillo para ganar las elecciones se le han vuelto en contra una vez en el gobierno”, dice el analista político Javier Albán, en Lima. En una entrevista concedida a CNN a fines de enero, Castillo admitió que no es un político, que no fue entrenado para ser presidente y que hay un proceso de aprendizaje en su gestión.

 

Alianzas para sobrevivir

Durante los primeros meses de su gobierno, Castillo dedicó buena parte de sus esfuerzos en mostrarse autónomo de Vladimir Cerrón, su padrino político. Líder de Perú Libre —partido que se asume marxista—, Cerrón no pudo ser candidato en las últimas elecciones por una sentencia que lo condenó por corrupción en 2019 y lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos. Ante eso, el partido optó por candidatear a Castillo.

Para subsanar esa debilidad de origen, el presidente giró una vez en el gobierno en un claro intento por ahuyentar los fantasmas de un poder en las sombras a cargo de Cerrón, quien suele ser calificado por los analistas como el que mueve los hilos de la política peruana.

La designación de ministros de perfil moderado y progresista, como Pedro Francke en Economía y Mirtha Vásquez como jefa de ministros, pretendió ser un distanciamiento. El conflicto pareció llegar a un punto de no retorno el 14 de octubre, cuando Perú Libre denunció en un comunicado “un inocultable giro del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo”.

Sin embargo, la creciente debilidad del gobierno está obligando a Castillo a abandonar sus sueños de autonomía. Ante las sucesivas renuncias de ministros que reclamaron mayor firmeza contra la corrupción, Castillo debió conformar a comienzos de febrero su tercer gabinete.

 

Tras ese breve plazo, el presidente se vio obligado a anunciar un nuevo recambio tras la ola de cuestionamientos contra el designado primer ministro, Héctor Valer, acusado de agredir físicamente en 2018 a su hija y a quien por entonces era su esposa, entre otras denuncias.

Al borde del precipicio, Castillo inició un evidente repliegue y volvió a recostarse sobre Vladimir Cerrón, quien controla en el Congreso una bancada con más de 30 legisladores. Ese giro promete ser clave para sostenerse en el cargo. Perú tiene, en la práctica, un sistema semi parlamentario de gobierno.

Solo con el 20% de los congresistas se puede pedir una moción de vacancia al presidente; con el 40%, puede admitirse esa propuesta y con el 66%, se aprueba. Bajo esas condiciones, Castillo necesita el respaldo de 44 de los 130 integrantes del Congreso para frenar la moción.

En ese marco, el criterio de selección de Castillo para designar a sus nuevos ministros ya no parece priorizar la gestión, sino el tejido de alianzas necesarias para garantizarse los votos suficientes en el Congreso.

Si bien el nuevo presidente del cuarto gabinete ministerial, Aníbal Torres, tuvo conflictos con Cerrón en el pasado, los otros funcionarios designados responden al líder de Perú Libre. Entre ellos se destaca el ministro de Salud, Hernán Condori, denunciado por corrupción tras su paso como director de Salud del gobierno de la región Junín, e investigado por promover el uso de productos supuestamente medicinales sin base científica y un método de detección del cáncer de cuello uterino en un minuto.

En cualquier caso, para intentar asegurar su supervivencia en el cargo, Castillo no solo ha retomado los lazos con Cerrón, sino que también se ha acercado a los sectores conservadores de derecha.

El 16 de marzo, la bancada de Perú Libre apoyó en el Congreso una iniciativa por la que se declaró de importancia e interés nacional la conmemoración del “Día del niño por nacer”, lo que aleja aún más la legalización del aborto en los casos que hubo violación. En Perú, según la Defensoría del Pueblo, durante 2020 se reportaron 1,155 niñas de entre 11 y 14 años que dieron a luz.

“Esta moción significa tender una rama de olivo con los sectores más conservadores del Congreso, que no tienen nada que ver con los sectores progresistas que acompañaron a Castillo en sus primeros meses”, dice González. “El asunto va más allá de derechas e izquierdas, sino de otorgar concesiones a intereses particulares con el único objetivo de sobrevivir en el gobierno y, para lograr ese objetivo, Castillo no se está guardando ninguna carta”.

La moción de vacancia, impulsado por legisladores del partido ultraderechista Renovación Popular, esgrime que hay 20 razones para destituir a Castillo, aunque hay una que sobresale. Se trata de la acusación de Karelim López, una empresaria y lobista que se acogió a declarar como colaboradora en la Justicia ante la posibilidad de ser detenida. López involucró a Castillo en una presunta trama de corrupción en el Ministerio de Transportes que tenía como objetivo obtener dinero con la licitación de obras públicas para pagar las deudas de la campaña electoral. El presidente negó en forma enfática esa denuncia.

Más allá de la veracidad —o no— de la acusación, la renovada disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo agudiza el hastío de buena parte de la población con su dirigencia política.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada a fines de febrero, solo el 28% aprueba la gestión de Castillo y el 63%, la desaprueba. La imagen del Congreso es aún peor: apenas el 14% aprueba su desempeño y el 82% lo rechaza. En medio de ese inconformismo, el 48% de los encuestados se inclina por la convocatoria a nuevas elecciones generales, mientras que un 38% considera que lo mejor es que Castillo continúe como presidente hasta el final de su mandato en 2026.

En medio de la crisis, el Congreso invitó a Castillo para que el 28 de marzo ejerza su defensa personalmente o a través de un abogado frente a la moción de vacancia.

“Hasta ahora no ha entrado como variable de análisis la calle”, dice Natalia González. “La ciudadanía, que está muy golpeada, se ha mantenido en calma, pero no sabemos si ya tanta agua que ha corrido bajo el puente termine de hartar a la población y el 28 de marzo acabe siendo una fecha en que la sociedad salga a protestar para que se vayan todos, no solo el presidente".

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