La invasión de Rusia a Ucrania lleva más inestabilidad a Sudamérica

“Desde hace un par de semanas hay que hacer colas de cinco horas para que te carguen un cupo limitado que alcanza para hacer, en algunos casos, solo 200 kilómetros: esperamos que el gobierno se ponga una mano en el corazón y nos dé una respuesta porque es el momento pico que tenemos para trabajar”.

La distancia de 13,000 kilómetros que separan a Kiev de Venado Tuerto parece acortarse cada día más para Ortiz. Ante la subida de los precios internacionales, las petroleras en Argentina prefieren exportar el crudo antes que venderlo a un precio regulado a las refinadoras locales. En ese marco, las refinadoras están forzadas a importar si pretenden garantizar el abastecimiento, pero la diferencia entre los precios de importación y los locales es tan grande que no tienen incentivos para hacerlo.

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El resultado es una severa escasez de diesel que amenaza con complicar la temporada alta de la cosecha agrícola. De hecho, ante la falta de combustible, los gremios que representan a los transportistas cumplieron desde el 11 de abril un paro por cuatro días con los camiones inmovilizados a la vera de las rutas.

El panorama abre nuevos signos de interrogación en un país que espera todos los años con ansías la liquidación de divisas del campo para aumentar su ínfimo stock de reservas en el Banco Central.

En cualquier caso, las complicaciones para exportar no son las únicas planteadas por la falta de combustible. Ante la escasez, se generó un mercado negro en el que los camioneros logran abastecerse pero a precios sustancialmente mayores. Esos costos de transporte en alza amenazan con impulsar aún más a niveles de inflación que ya rondan el 55% en Argentina.

Los efectos de la guerra sobre Argentina están lejos de conformar un fenómeno aislado en Sudamérica. Las abruptas alzas del precio de los combustibles y de los alimentos se repiten, con mayor o menor intensidad, en todos los países del sur del continente.

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Las sanciones económicas: un arma muy usada, ¿pero efectiva?

El problema es que esos nuevos impactos golpean sobre un escenario que ya antes de los efectos de la invasión rusa a Ucrania exhibía altos niveles de inestabilidad política y volatilidad económica en varios países.

“La gran pregunta es si la democracia en Sudamérica, que aguantó bien la pandemia, será suficientemente resiliente para resistir dos años más con estrecheces mayores e inflación”, dice Sergio Bitar, ex ministro de los gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile y actual miembro de Inter-American Dialogue. “Mi visión es que la democracia resistirá, aunque tendremos más protestas sociales y un creciente menosprecio por la política”.

Perú, una crisis intensificada

Perú es el ejemplo más notorio de los impactos que puede agregar la guerra sobre un panorama de crisis. Tras sortear su segundo pedido de juicio político en el Congreso el 28 de marzo pasado, el presidente Pedro Castillo salió decidido a relanzar su gestión.

Sin embargo, esos planes quedaron truncos a poco andar en el inestable panorama político de Perú. El mismo día en que los congresistas trataban su remoción, el gremio de transportistas inició un paro por tiempo indefinido en protesta por el alza del precio de los combustibles y los fertilizantes.

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Perú: una protesta de transportistas le complica la situación a Pedro Castillo

Ante el bloqueo de carreteras y las amenazas de saqueos, Castillo decretó un toque de queda para la capital Lima. Esa medida sin precedentes multiplicó las protestas y la represión derivó en seis muertes.

Frente al riesgo de una ramificación del conflicto, Castillo dio marcha atrás: de forma temporal, añadió al gas licuado, además de las gasolinas de 84 y 90 octanos, al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, un mecanismo por el que el Estado se hace cargo de una parte del precio para evitar que la volatilidad de los valores internacionales del petróleo se traslade a los consumidores.

El estallido en Perú encendió las alarmas en otros países sudamericanos donde la fragilidad del cuadro social parece ponerle un límite concreto a los ajustes económicos.

Atentos a la crisis peruana, gobiernos con profundas diferencias ideológicas como los del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y el izquierdista Gabriel Boric en Chile adoptaron medidas similares con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los domésticos.

En Brasil, el gobierno introdujo cambios en la metodología para el cálculo del impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios (ICMS) a los combustibles y se debatirá en el Congreso un proyecto para la creación de un fondo de estabilización.

La decisión se adoptó luego de que el 10 de marzo pasado Petrobras, en cumplimiento de su política de precios basada en la paridad de precios internacionales, anunciara un aumento del 18,8% en el precio de refinería de la gasolina, del 24.9% del diesel y del 16% del gas licuado de petróleo (GLP).

En Chile, en tanto, el gobierno de Boric envió un proyecto de ley para duplicar los recursos del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO) que fue aprobado por el Congreso.

Aumentos en los precios de los alimentos

El alza de los combustibles es un factor que presiona sobre la inflación, pero el impacto más directo para la vida cotidiana de millones de personas en Sudamérica pasa por el incremento del precio de los alimentos, más aún tras los severos efectos provocados por la pandemia que aún persisten.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria severa en América Latina y el Caribe se incrementó 4 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, llegando al 14.2% en 2020, esto es, unas 92.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Sin la oferta de Rusia y Ucrania, países que suministran en conjunto casi un tercio del trigo y un quinto del maíz en el mundo, ese cuadro se está agravando ante la disparada del precio de productos de la canasta básica como el pan y los fideos.

Ese panorama se completa con el incremento en torno al 40% del precio de los fertilizantes desde el inicio de la guerra. Cerca de la mitad de la producción de alimentos en el mundo depende directamente de la aplicación de los fertilizantes nitrogenados, y Rusia produce el 23% del amonio y el 14% de la urea, componentes clave de esos fertilizantes.

Todos esos motores vienen impulsando a la inflación en los países sudamericanos a niveles no vistos desde comienzos de la década del 90. Chile, por ejemplo, registró en marzo un índice de precios al consumidor del 1.9%, el registro más alto desde octubre de 1993. Algo similar ocurrió en Brasil, con una inflación en marzo de 1.6%, la más alta para ese mes desde 1994.

Nada indica que esos registros puedan descender con fuerza a corto plazo.

“Brasil es el mayor importador de fertilizantes del mundo y el conflicto lo sorprende con un retraso importante en sus compras requeridas para la segunda mitad del año: el país cuenta con un 43% menos de fertilizantes comprados para la segunda mitad de 2022 en comparación con los acuerdos cerrados en febrero de 2021”, señaló la Cepal en un reciente reporte sobre los efectos de la guerra en la región.

En medio de alzas generalizadas de la inflación en el sur del continente, Argentina asoma como uno de los países más afectados dado que ya antes de la guerra cargaba con índices superiores al 50% anual. Esa dinámica se aceleró aún más en marzo, cuando la inflación llegó al 6.7%, el nivel más alto de los últimos 20 años. En tanto, el precio de los alimentos subió el mes pasado 7.2%, con lo que acumula un alza del 20.9% en el primer trimestre.

Una inflación desatada, sobre todo en alimentos, agrega más presión a los gobiernos de una región donde la mecha del estallido social parece siempre a punto de ser encendida.

“El cuadro social es muy delicado y los gobiernos tendrán que encarar ajustes tributarios para financiar nuevas ayudas”, dice Bitar. “Compensaciones generales como un bono de pandemia ya no van a existir porque no hay margen fiscal para eso, pero, en cambio, los gobiernos sí deberán otorgar subsidios focalizados para posponer aumentos, por ejemplo, en el transporte público o en el precio del pan porque, de lo contrario, los escenarios de agitación social se multiplicarán”.