La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.
Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia "Roe v. Wade" de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.
En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.
"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade "debe ser anulado".
"Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", a los parlamentos locales, escribió. Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que había sido filtrado a principios de mayo, provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.
Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes.
El 8 de junio incluso se detuvo a un hombre armado cerca del domicilio del magistrado Brett Kavanaugh y fue acusado de intento de asesinato.
La sentencia publicada el viernes "es una de las más importantes en la historia de la Corte Suprema desde su creación en 1790", afirma el profesor de derecho sanitario Lawrence Gostin.
"Ya ocurrió en el pasado que cambie la jurisprudencia pero para establecer o restituir un derecho, nunca para suprimirlo", dijo a la AFP.
La decisión va en contra de la tendencia internacional de liberalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica sigue siendo fuerte, como Irlanda, Argentina, México y Colombia.
Llega después de 50 años de lucha de la derecha religiosa, para la que representa una enorme victoria pero no el final de la batalla: seguirán movilizándose para intentar que la mayor cantidad de estados lo prohíban e incluso en busca de una prohibición federal.
También encaja con la política del expresidente republicano Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a tres magistrados conservadores (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) que apoyan la sentencia.
Su vicepresidente Mike Pence la aplaudió diciendo que el derecho al aborto queda enterrado "en el olvido" y se "ha corregido un error histórico".
El expresidente demócrata Barack Obama lo calificó sin embargo de ataque a las "libertades fundamentales".
Concretamente la sentencia se basa en una ley de Mississipi que se contentaba con reducir el límite de tiempo legal para abortar. Desde la vista judicial de diciembre, varios jueces habían insinuado que tenían la intención de aprovechar la oportunidad para revisar la jurisprudencia de la Corte.
Los tres magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, "pone en peligran otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales" y "socava la legitimidad de la Corte".
Según el Instituto Guttmacher, un centro de investigación que hace campaña por el acceso a la anticoncepción y el aborto en todo el mundo, 13 estados tienen las llamadas leyes "zombis" que prohíben el aborto y han sido redactadas para entrar en vigor casi automáticamente si la Corte Suprema daba un giro.
"En los próximos días, semanas y meses veremos que cierran clínicas" en estos estados a veces muy poblados (Texas, Luisiana...), anticipa Lawrence Gostin.
El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, anunció que se convertía en el "primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto". "Este es un día monumental para la santidad de la vida", afirmó.
Se prevé que una decena de otros estados sigan sus pasos con prohibiciones totales o parciales.
Por lo tanto, en una parte del país, las mujeres que deseen abortar se verán obligadas a continuar con su embarazo, arreglárselas clandestinamente, por ejemplo comprando píldoras abortivas en internet, o a viajar a otros estados, donde los abortos sigan siendo legales.
En previsión de una afluencia, estos estados, en su mayoría demócratas, tomaron medidas para facilitar el acceso al aborto en su territorio y las clínicas comenzaron a aumentar su personal.
Pero viajar es costoso y el fallo de la Corte Suprema penalizará aún más a las mujeres pobres o que crían solas a sus hijos, muchas de ellas de las minorías negra e hispana, subrayan los defensores del derecho al aborto.
La principal organización de planificación familiar de Estados Unidos, Planned Parenthood, prometió que seguirá "luchando" por quienes lo necesitan.
