Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción.
Posteriormente, la fiscalía peruana informó que dirigió luego la detención de Castillo por el presunto "delito de rebelión", al quebrantar el orden constitucional del país.
Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que "hay una comisión de un hecho en flagrancia" y que Castillo "está en calidad de detenido".
"¡No era presidente; era un delincuente!", gritaban opositores frente a la sede policial.
En el lugar, simpatizantes de Castillo se enfrentaron con la policía, que lanzó bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, había anunciado un gobierno de "excepción" , al tiempo que convocaría en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
El presidente anunció asimismo la reorganización del Poder Judicial, la fiscalía y el Tribunal Constitucional, y refirió que durante el periodo de "interregno" por el cierre del Congreso se respetará el actual modelo económico del país.