Perú se ve sacudido por protestas tras la destitución la semana pasada del presidente izquierdista Pedro Castillo, luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Según el Ministerio de Salud, durante las manifestaciones han fallecido al menos 16 personas. Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que el mayor número de víctimas se produjo el jueves con la muerte de ocho personas tras enfrentamientos entre la policía y el Ejército con manifestantes en la región andina de Ayacucho, en medio de intento de tomar el aeropuerto de la ciudad.
"Tenemos una contabilidad dolorosa que podría llegar a dos decenas de personas (fallecidas)" durante las protestas, afirmó Revollar, en una entrevista con la radio local RPP.
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Estos han sido los momentos clave de esta nueva crisis política.
El 7 de diciembre, Castillo, de 53 años, emitió un mensaje a la Nación por televisión para anunciar la disolución del Congreso, la conformación de un gobierno de emergencia, un toque de queda nocturno y un gobierno por decreto.
El anuncio se produjo apenas horas antes de que el parlamento debatiera su juicio político, el tercer intento de acusarlo desde que Castillo, un profesor rural, inesperadamente arrebatara el poder a la tradicional élite política en julio de 2021 tras ganar los comicios.
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció a Castillo por intento de "golpe de Estado”.
Los legisladores ignoraron el intento de Castillo de disolver el Congreso y votaron por una abrumadora mayoría deponerlo del cargo por "incapacidad moral" para ejercer el poder.
Castillo fue detenido por "rebelión" y transferido a instalaciones de la policía en el este de Lima.
Este jueves, la justicia de Perú ordenó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para Castillo. El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó su decisión en que existe un riesgo de fuga del exmandatario Castillo, que intentó pedir asilo en México, además consideró que hay peligro de que obstruya la justicia si se le deja en libertad.
Boluarte, abogada de 60 años, juró el cargo en las dos horas siguientes a la votación del juicio político, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú.
La nueva mandataria dijo en ese momento que tenía la intención de cumplir el resto del mandato de Castillo, hasta julio de 2026.
Desde el día de la detención de Castillo, cientos de manifestantes, algunos a favor y otros contra el expresidente, tomaron las calles de Lima y de otras ciudades.
Durante el fin de semana, las manifestaciones a favor de Castillo aumentan en todo el país con bloqueos de vías y la quema de neumáticos.
Las protestas del domingo dejaron dos muertos y al menos cinco heridos en Andahuaylas, en el sur de Perú, cuando manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
La policía chocó con los manifestantes, que llaman a un paro nacional, a nuevas elecciones y la liberación de Castillo. Las protestas han ido en aumento, en especial en localidades andinas y del norte del país.
El lunes cientos de manifestantes bloquearon temporalmente la pista del aeropuerto en la segunda ciudad de Arequipa. Otros cinco manifestantes murieron durante las protestas del lunes, llevando a siete la cifra de muertos. Seis de esas muertes se producen en Apúrimac, la región natal de Boluarte.
Tras la presión de los manifestantes, Boluarte anunció el lules que presentaría al Congreso de Perú un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024.
Para recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
"Tiene que haber una negociación política para que el Congreso haga las reformas políticas básicas que se necesita para unas nuevas elecciones", dijo a la agencia AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
El miércoles en la mañana, Boluarte indicó que se podría acortar aún más los plazos para las elecciones, después de coordinar acciones con los representantes del jurado electoral y del congreso.
"Los tiempos calzarían para abril de 2024; sin embargo, haciendo reajustes (...) se puede adelantar a diciembre de 2023, porque antes de esa fecha (...) legalmente no calzaría", dijo a periodistas Boluarte, quien debería completar el actual mandato que vence en julio de 2026, según la Constitución.
El gobierno de Perú anunció el miércoles que decretará el "estado de emergencia" nacional para entregar el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría adelantar las elecciones generales para fines de 2023 en busca de calmar las manifestaciones.
"Se ha acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, eso debido a los hechos vandálicos y violentos", dijo a periodistas el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Esto "requiere de una respuesta contundente de parte del gobierno" afirmó, y agregó que la medida implica la suspensión de ciertas libertades, incluido el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito.
Perú llamó el jueves a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia ante una "intromisión en los asuntos internos" tras apoyar al destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que enfrenta un pedido de prisión por 18 meses mientras es investigado por “rebelión".
El grupo de gobiernos izquierdistas dijo esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de "hostigamiento" político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.
"Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en un mensaje por Twitter.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la destitución de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico al nuevo gobierno en Perú y no ha reconocido a la presidenta Boluarte.
Con información de AFP y Reuters
