El Congreso peruano aprobó el martes una reforma constitucional que posibilitaría el adelanto de elecciones generales en dos años, a abril del 2024, en medio de protestas por la destitución y arresto del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
La propuesta de reforma fue aprobada por 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, y ahora el Congreso tendrá que realizar una segunda votación en una fecha aún por definir para refrendar en forma definitiva las elecciones anticipadas.
La votación mínima para dar luz verde a una reforma constitucional, y poder convocar a unas elecciones para elegir a un presidente o presidenta y a un nuevo Congreso, es de al menos 87 votos, dos tercios de los miembros del parlamento.
El Congreso, dominado por la oposición, había rechazado la semana pasada la posibilidad de realizar elecciones anticipadas, pero el martes decidió reconsiderar la iniciativa planteada por la nueva presidenta Dina Boluarte al asumir el mandato.
Boluarte asumió al cargo el 7 de diciembre luego de la expulsión y arresto de Castillo, quien intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial.
Tras tomar el mando, Perú fue sacudido por violentas protestas en varias regiones del país, que han dejado al menos 21 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en tanto que se reportaron otros seis fallecidos en incidentes relacionados con los bloqueos de carreteras, según las autoridades.
En las protestas, los manifestantes reclaman elecciones inmediatas y el cierre del Congreso, y otros piden además la libertad de Castillo y la renuncia de la presidenta Boluarte.
Legisladores, en su mayoría de izquierda, se opusieron a la propuesta de adelanto elecciones porque querían que se incluyera también la creación de una asamblea constituyente, una idea que ha sido rechazada por la presidenta Boluarte.
La asamblea constituyente ha sido un deseo de los partidos izquierdistas por muchos años, en busca de cambiar la actual Constitución —vigente desde 1993 y favorable a una economía de libre mercado—, para darle un rol más activo al Estado.
El nuevo primer ministro, Alberto Otárola, fue abogado de Boluarte hace unos meses por una denuncia en el Congreso y se desempeñaba como jefe de la cartera de Defensa desde hace dos semanas en el equipo de 18 ministros de la nueva presidenta.
Se trata del segundo jefe de gabinete en dos semanas de gestión de Boluarte y el séptimo en año y medio.
Otárola se desempeñaba hasta ahora como titular de Defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno para afrontar con mano dura la crisis y protestas generada tras el autogolpe de Estado fallido y posterior destitución de Pedro Castillo.
Bajo la gestión de Otárola al frente de Defensa —cuyo nuevo ministro es el militar en retiro Jorge Chávez— se declaró un estado de emergencia en Perú, que permitió a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de las protestas que respaldaban a Castillo.
El ministro Otárola, con experiencia política, se desempeñó también como abogado de Boluarte cuando ella era vicepresidenta y enfrentaba una investigación en el Parlamento por una presunta infracción a la constitución, de la que salió librada.
Otárola, que ha ocupado varios cargos públicos y ha sido agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue hace una década ministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala y en el 2018 su abogado.
Junto a Otárola, la presidenta nombró a cuatro nuevos miembros de su gabinete, al tiempo que mantuvo a los titulares de las carteras clave como el ministro de Economía, Alex Contreras; y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera.
Boluarte, que juramentó a los funcionarios en Palacio de Gobierno, había anunciado el fin de semana la reorganización de su equipo, días después de la renuncia de dos ministros debido a sus discrepancias en el manejo oficial de las protestas que en dos semanas han dejado al menos 21 muertos y cientos de heridos.
Otras cinco personas han muerto en incidentes relacionados con los bloqueos de carreteras. El miércoles, las protestas se habían reducido frente a días previos, según autoridades.
"No es una crisis resuelta, todavía tenemos algunos conflictos focalizados", dijo el primer ministro Otárola en conferencia de prensa. "Vamos iniciar un amplio proceso de diálogo y concertación nacional, hemos atravesado una semana crítica llena de problemas para el orden público, que ha generado sensibles muertes".
Con información de AFP y EFE
