Colombia vivía el 1 de enero el primer día de seis meses de cese al fuego pactado entre el gobierno y los cinco principales grupos armados que operan en el país, según anunció a última hora del sábado su presidente, el izquierdista Gustavo Petro.
Sin embargo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno colombiano, negó el martes formar parte de acuerdo anunciado por Petro.
Pocas horas antes del inicio de 2023, Petro anunció un "cese bilateral" del fuego con el ELN, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares que estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023.
Dicho cese al fuego será "prorrogable según los avances en las negociaciones", agregó el mandatario en sus redes sociales.
En total son cinco grupos los que anunciaron el cese el fuego: ELN, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de Sierra Nevada.
"La paz total será una realidad", indicó Petro en Twitter.
La oficina del presidente añadió que el gobierno ha recibido cartas de la sociedad civil, de la Iglesia y de muchas organizaciones comunitarias pidiendo el cese de la violencia.
Bajo su política de "paz total", Petro aspira a detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.
El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia ha defendido constantemente la salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros.
Más de medio siglo de guerra interna ha dejado al menos nueve millones de víctimas y desplazados. El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.
El cese bilateral tendrá supervisión a nivel nacional e internacional por parte de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, de acuerdo con la información proporcionada por presidencia de Colombia.
Por el momento, "no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones", agregó presidencia, pero el gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones.
El lunes, el ministro de Interior informó que la evaluación se realizará cada dos meses.
"La labor más difícil que hay es la verificación (...) se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones", explicó el ministro Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.
Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán "diferentes" con cada organización, dependiendo de si "se mueven en la economía ilegal" o "tienen estatus político".
"No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo", admitió el vocero presidencial.
Unos 15,000 combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal "continúan" y que lo único que se evitará es "que haya una confrontación con el grupo ilegal".
"No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos", declaró Velásquez a medios.
El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de "todo el territorio" y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones "se muevan a sus anchas" como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.
"Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro", añadió.
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse.
La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó el martes haber acordado un cese al fuego bilateral con el gobierno colombianoy aseguró que un decreto expedido por el mandatario es solamente una propuesta para ser examinada en la mesa de negociación.
"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", dijo un comunicado del grupo rebelde.
"En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del gobierno", agregó el grupo guerrillero, que restableció una conversación de paz con el Gobierno de Colombia en noviembre.
Tras la comunicación del ELN, el jefe de la delegación de paz del gobierno, Otty Patiño, reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados.
"El decreto todavía no tiene vigencia, no tiene números, figura como una propuesta (...) Sí se habló [en Caracas], pero en ese momento no se llegó a nada concluyente", declaró a la emisora W Radio.
Petro convocó a una reunión a los ministros de Defensa, Interior y al alto comisionado para la paz para analizar la posición del grupo rebelde, conformado por unos 2,400 combatientes.
El ELN inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que posteriormente se trasladó a Cuba.
Pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el grupo rebelde no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos en enero de 2019.
Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, que es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
En armas desde 1964, el ELN solo ha pactado una vez un cese al fuego bilateral, mientras mantenía conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La inédita tregua se rompió después de 100 días debido a ataques con explosivos de los rebeldes a oleoductos estatales.
El sucesor de Santos, Iván Duque no continuó con el proceso de paz con el ELN debido a que el grupo rebelde no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos en enero de 2019.
Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, que es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
En su sexto intento por negociar la paz con un gobierno, el ELN terminó el 12 de diciembre una primera etapa de diálogos en Caracas, sin acordar un alto al fuego bilateral, según la guerrilla.
El proceso continuará en México en una fecha aún por definir.
"Una vez concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral", aseguró la guerrilla, que había concedido un alto al fuego unilateral entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.
Durante la tregua navideña "el gobierno colombiano y las Fuerzas Militares y de Policía no actuaron en correspondencia", reclamó en Twitter el comandante de la guerrilla, Antonio García.
Estimaciones oficiales calculan que el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, donde persiguen las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
Con información de AFP, EFE y Reuters
