Los hechos que sustentan la causa penal contra Donald Trump —pagos de dinero para ocultar historias sobre relaciones extramatrimoniales— tuvieron lugar hace casi siete años.
Pero cualquier posible juicio podría celebrarse dentro de más de un año, lo que abre la posibilidad de que el expresidente de Estados Unidos pueda enfrentarse a un jurado en una corte de Manhattan durante una campaña para regresar a la Casa Blanca, o incluso después de las elecciones de noviembre de 2024.
Después de que Trump se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales el martes, el juez Juan Merchan fijó la próxima audiencia para el 4 de diciembre.
Los fiscales dijeron que planean solicitar una fecha de juicio para enero de 2024, mientras que el equipo legal de Trump sugirió que éste se celebre en la primavera de 2024.
El calendario del juicio también dependerá de las otras investigaciones sobre Trump, dijo a la AFP Bennett Gershman, exfiscal de Nueva York y profesor de derecho en la Universidad Pace.
Si la justicia federal lo acusara por su papel en el asalto al Capitolio o por la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, o la justicia de Georgia hiciera lo propio por haber presionado a funcionarios electorales estatales, entonces el fiscal Bragg podría dar un paso al costado "para que responda primero de estas acusaciones más graves", según este experto.
En los tres primeros trimestres de 2022, el caso penal promedio en Manhattan tardó más de 900 días desde la acusación al veredicto, según datos de la división estatal de servicios de justicia penal.
El caso de Trump está lejos de ser típico, y sus abogados dicen que tienen la intención de luchar agresivamente con una montaña de papeles.
Esto podría hacer que el juicio se celebre más allá del calendario previsto por ambas partes y más cerca de las elecciones presidenciales.
La competición estado por estado por la candidatura republicana está prevista para el primer semestre de 2024. El partido elegirá formalmente a un candidato a mediados de ese año para enfrentarse al contendor demócrata, probablemente el actual presidente Joe Biden.
En sus inicios en el sector inmobiliario, como personalidad televisiva y luego en política, Trump ha litigado con contraataques agresivos y tácticas dilatorias cuando se ha enfrentado a retos legales.
Trump ha acusado al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata, de perseguirle para obtener rédito político y podría intentar que se desestimen los cargos por ese motivo.
Se ha quejado de que Merchan, el juez, trató injustamente a su empresa cuando supervisó un proceso penal por fraude fiscal el año pasado.
El martes por la mañana, Trump dijo que el caso debería trasladarse de Manhattan, una zona fuertemente demócrata, a Staten Island, una parte más conservadora de la ciudad de Nueva York.
Los abogados de Trump tendrían que presentar una moción mostrando por qué Merchan no está cualificado para llevar el caso, la que es probable que se deniegue, ya que no hay base para la recusación, dijo Marc Scholl, exasistente del fiscal de distrito de Manhattan.
Del mismo modo, cualquier solicitud para cambiar el lugar probablemente sería denegada con tanta antelación a un juicio, dijo Scholl.
Es probable que Trump recurra también a otras vías, algunas de las cuales podrían plantear espinosos problemas legales cuya resolución llevaría tiempo.
La falsificación de registros de negocios es típicamente un delito menor punible con no más de un año de prisión bajo la ley del estado de Nueva York. Bragg elevó esos cargos a delitos graves, cada uno con un máximo de cuatro años de prisión, argumentando que Trump falsificó esos registros para encubrir violaciones de financiación de campaña.
El uso de la ley electoral estatal de esa manera —y en un caso que involucra a un candidato federal, no estatal— es una teoría legal no probada, dijeron expertos en derecho, y los abogados de Trump seguramente la impugnarán.
Trump también podría argumentar que el plazo de prescripción -cinco años en este caso- debería haber expirado. El tiempo se ha ampliado debido a los trastornos causados por la pandemia de COVID-19.
Según la ley de Nueva York, el plazo de prescripción también puede ampliarse si el acusado ha estado fuera del estado, pero Trump podría argumentar que el hecho de ejercer como presidente de Estados Unidos no debería aplicarse.
"Este es un caso de ensueño para los abogados defensores", dijo la semana pasada el exfiscal David Shapiro.
Si se lleva a cabo un juicio, los fiscales deberán convencer a los miembros del jurado de que la falsedad de cuentas se inscribe dentro de un delito más amplio para garantizar una condena.
Pero "podría ser difícil probar que las falsificaciones contables se hicieron para influir en las elecciones", afirma Ellen Yaroshefsky, profesora de derecho de la Universidad de Hofstra.
Su abogado Joe Tacopina dijo que pagó a Stormy Daniels para proteger a "su familia y a su hijo pequeño" y que lo habría hecho incluso fuera del periodo electoral.
Este argumento se usó con éxito en el único caso comparable, señalan los expertos.
John Edwards, candidato a las primarias demócratas de 2008 fue procesado por la justicia federal porque su amante había recibido casi medio millón de dólares por no revelar su embarazo.
En 2012 fue absuelto de uno de los seis cargos presentados contra él y el jurado no se puso de acuerdo para un veredicto sobre los otros cinco. Los fiscales abandonaron el caso.
De ser elegido, Trump no tendría poder para indultarse a sí mismo de cargos estatales, pero llevar a un presidente electo o a un presidente a juicio por cargos estatales abriría un terreno legal inexplorado.
"Esto es tan insólito que me resulta difícil descifrarlo", dijo Karen Friedman Agnifilo, exfiscal de Manhattan. "Creo que es delicado”.
Con información de AFP y Reuters
