Bajo el sol y el frío desérticos, cientos de migrantes indocumentados que salieron de Chile se aglomeran desde hace más de dos semanas en el paso fronterizo de Tacna donde las autoridades peruanas les impiden el paso.
Muchas de estas personas, en su mayoría migrantes provenientes de Venezuela y Haití, buscan abandonar Chile después del endurecimiento de los controles migratorios por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Perú les ha impedido el paso alegando falta de documentación, pero además militarizó sus fronteras por 60 días para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad por crímenes asociados a extranjeros, según argumentó la presidenta, Dina Boluarte.
Estas son algunas de las acciones que desataron la crisis.
En febrero de 2023, el gobierno chileno desplegó a militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados, informaron las autoridades.
La labor de los soldados durará 90 días y regirá en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto del gobierno. Este despliegue militar podrá mantenerse previo acuerdo con el Congreso, una vez que terminen los primero 90 días.
Las unidades militares pueden realizar controles de identidad y detener a personas que ingresen o egresen por un paso no habilitado de la frontera, para luego entregarlas a la policía local.
El decreto de ley emitido por el gobierno argumenta que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, que ha provocado "la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados"
Esta medida se suma a otras tomadas por Chile en los últimos años, para intentar controlar el flujo migratorio del norte. Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane.
Adicionalmente, el Congreso aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión.
Las medidas implementadas por el gobierno chileno hicieron que miles de personas provenientes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en este país decidieran abandonarlo. Pero se toparon con las autoridades peruanas, que les impidieron seguir el paso.
La mayoría de los migrantes que buscaban entrar a Perú explicaban que deseaban ingresar a este país para seguir hacia Lima, luego a Tumbres, en la frontera con Ecuador, para así continuar hacia Venezuela, su país.
"Yo decidí devolverme a Venezuela, y eso es lo que queremos todos aquí, que nos dejen pasar y queremos devolvernos a Venezuela porque en Chile ya no nos quieren porque ya nos miran a nosotros como los delincuentes que hay y que nosotros no tenemos culpa", dijo a la AFP la venezolana Marina Arellana, quien trabajaba como comerciante en Chile.
"Nosotros queremos devolvernos a nuestro país y no volver nunca más", declaró la ecuatoriana Stephanie Alvendrago.
"Un promedio entre 150 a 200 personas" se concretaron "en este paso fronterizo” desde mediados de abril, dijo a la AFP Federico Agusti, representante en Perú de la oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR).
"Son flujos cambiantes, ha habido algún pico de cerca de 400 personas, de distintas nacionalidades", dice Agusti. Según Acnur, "50% de las personas concentradas en el paso de frontera son haitianos, y aproximadamente un 40% serán venezolanos”.
Entre los migrantes se encontraban niños y mujeres embarazadas.
El 26 de abril, Perú decretó el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles ante la llegada de cientos de migrantes, que en su mayoría salieron de Chile.
Las tropas apoyarán a la policía en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia, en una decisión que según el gobierno también está encaminada a enfrentar al crimen trasnacional.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, precisó que la medida tiene como "finalidad" evitar "el ingreso de manera irregular e ilegal" de migrantes a territorio peruano.
"Todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos migratorios. El apoyo de las fuerzas armadas será a la policía de acuerdo al estado de emergencia", añadió.
Apoyándose en informes de prensa que señalan que "quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros", la presidenta Dina Boluarte alegó que su decisión está encaminada a combatir la inseguridad.
"Por eso tenemos (que) hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana", expresó.
La Cancillería peruana citó el 27 de abril al embajador chileno en Lima, Óscar Fuentes, para "expresarle su protesta por la falta de colaboración" de la policía chilena ante un incidente con un grupo de migrantes que intentaron cruzar por la fuerza hacia suelo peruano.
Paralelamente, el gobierno chileno presentó una "nota diplomática de protesta" ante Perú por los dichos del alcalde de la ciudad de Tacna, Pascual Güisa, quien llamó "innombrable e irresponsable" al presidente Gabriel Boric por la situación en la zona limítrofe.
No obstante las protestas, Lima aseguró que ambos gobiernos están en contacto desde el 21 de abril "con el objetivo de encontrar, de manera cooperativa, soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera".
Al tiempo que militarizó las fronteras, el gobierno de Boluarte dispuso una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Perú, para que en ese lapso regularicen su situación.
Un grupo de 115 migrantes venezolanos retornó este domingo a Venezuela desde el norte de Chile, en un vuelo de repatriación de personas que llevaban semanas varadas en la frontera con Perú, constató la AFP.
"Feliz de estar en casa. Muy feliz estoy por haber regresado", afirmó en medio de lágrimas Juri Gil, de 38 años, quien estuvo varada durante 11 días en la frontera entre Chile y Perú.
"Fue duro. Improvisamos carpas, sobrevivimos (...) dentro de las carpas en el terreno, en el mosquero, en el frio, en el calor, no fue fácil. Entre la basura. había mucha basura alrededor", recuerda Gil.
Los 115 venezolanos que regresaron a su país aguardaban en el paso fronterizo de Chacalluta, divisorio con Perú. Horas antes de embarcar fueron trasladados a albergues en Arica.
El vuelo que partió desde la ciudad de Arica, unos 2,000 km al norte de Santiago, salió cerca de las 05:40 locales (2:40, hora de Ciudad de México) de Chile y aterrizó a las 13:00 (10:00, hora de Ciudad de México) en Venezuela.
Muchos viajaron con sus hijos y otros con mascotas. Al llegar al Aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, los migrantes recibieron comida y tenían a su disposición transportes que los llevarían a otros terminales terrestres para trasladarlos a sus estados natales.
Otros cuatro venezolanos no pudieron abordar el vuelo, por contar con órdenes de arraigo pendientes, según la Cancillería chilena.
En la frontera norte de Chile permanecían otros migrantes venezolanos que buscaban salir de Chile pero no regresar a su país; así como colombianos, haitianos y ecuatorianos.
"Este primer vuelo de retorno de venezolanos a su tierra de origen, es un triunfo diplomático y un triunfo del diálogo y de quienes buscamos soluciones", dijo el presidente Boric a la prensa el domingo.
Las autoridades chilenas afirmaron que se trata de un primer vuelo de repatriación. Otros aviones deberían salir próximamente, aunque no necesariamente desde Arica.
Boric aseguró que su gobierno estará "en contacto con los demás países de la región" para asegurar un retorno digno de los migrantes "y garantizar también la seguridad de nuestra patria y de los chilenos”.
Según la ONU, unos 7.2 millones de venezolanos han abandonado su país forzados por una crisis generalizada.
El hundimiento de la economía local se mantuvo durante siete años consecutivos y tuvo un alivio al cierre de 2022, aunque la inflación sigue estando entre las más altas del mundo.
Con información de AFP
