Sam Antoine nació migrante.
El bebé de ocho días de nacido, acostado en una camilla de Médicos Sin Fronteras (MSF), mueve sus pequeños pies y manos y entreabre los ojos cada tanto para ver a Merlande, su madre, y a la médica panameña que los atiende en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de San Vicente, en la provincia de Darién,Panamá. La madre lo mira con ilusión bajo unos intensos 30 grados que hacen sentir caliente hasta el aire que sale del ventilador.
Merlande, una mujer haitiana, de 39 años, cuerpo fornido y mirada tímida, decidió atravesar con ocho meses de gestación la selva que divide a Colombia de Panamá, junto a dos mujeres, sus esposos y dos niñas más. Ese recorrido de cuatro días, de despeñaderos y crecientes ríos, controlado por grupos criminales, era su única opción para buscar otra oportunidad lejos de Chile, a donde llegó a trabajar como limpiadora doméstica hace más de dos años huyendo de la violencia en Haití.
“El costo de vida es muy alto allá; todo está caro, la comida, el arriendo. Sin documentos, no se puede tener un buen trabajo y, aunque intentamos regularizar nuestra situación, fue imposible”, explica.
Más de 166,000 migrantes cruzaron el Tapón del Darién entre enero y mayo de 2023, cinco veces más que el mismo periodo de 2022. Luego de los venezolanos (82,054), los haitianos son la segunda mayor población en atravesar esa ruta con 31,493 personas; pero en la lista hay ecuatorianos, chinos, chilenos, indios, afganos, sirios y personas de una veintena más de nacionalidades que se dirigen hacia Estados Unidos.
“En la selva nos robaron 1,300 dólares. Nos dejaron sin dinero. Nos robaron en Colombia y en Panamá. Pero solo nos robaron”, dijo Merlande porque sabe que en esa selva los robos suelen darse acompañados de secuestros, violaciones y asesinatos.
Múltiples organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y entidades como la Defensoría de Colombia y la de Panamá han denunciado una y otra vez que la ruta está controlada por grupos criminales y que su accionar violento se suma a riesgos relacionados con las condiciones geográficas —ahogamientos, fracturas, enfermedades gástricas y de la piel—.
Pese a ello, sigue sin existir una ruta segura y digna para los y las migrantes, denuncian las organizaciones.
A Panamá, Merlande llegó con preeclampsia, una complicación del embarazo debida a un aumento en la presión arterial por la que su bebé tuvo que nacer prematuramente y por cesárea. Sam Antonie es panameño y vivirá los primeros meses de su vida en la ruta hacia Boston, Estados Unidos.
Pero su madre no es la primera mujer embarazada en cruzar el Darién. Solo entre enero y abril de 2023, MSF realizó 499 consultas prenatales en las dos Estaciones Temporales de Recepción Migratoria a las que llegan los migrantes tras atravesar la selva.
Además de ellas, Priscila Acevedo, médica de terreno, explica que cada vez personas más vulnerables están cruzando la selva: “Hemos visto un aumento en los diagnósticos de condiciones crónicas que necesitan especial tratamiento: personas con enfermedades cardiacas, personas que necesitan insulina, personas con problemas de presión arterial y casos agudos de personas que se desmayan por aumento de temperaturas, la falta de alimentos o deshidratación severa”.
La condición en salud no parece ser una determinante para las personas a la hora de decidir emprender la ruta hacia Estados Unidos. “Hemos recibido incluso personas sin movilidad en las piernas, con parálisis cerebral y con demencia senil”, añade Acevedo.
Entre enero y abril de 2023, MSF atendió a 669 personas con diagnósticos de condiciones crónicas como diabetes, hipertensión arterial y asma; mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 262.
Carlos*, un migrante colombiano de 62 años, padece tanto diabetes como hipertensión arterial, además de dificultades cardiacas. Sentado en la sala de espera del puesto de atención en Lajas Blancas, rompió en llanto al contar que hubo dos días en que lo único que comió fue agua, un par de galletas y las pastillas que su esposa cuidadosamente le daba a las horas indicadas. “Yo pensé en varios momentos que mi corazón no era tan fuerte para resistir ese camino. Es algo que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”, dijo.
Al tiempo que Carlos y Merlande, en tres días MSF conoció a un afgano que perdió su pierna en la guerra, una familia afgana que viajó con una mujer ciega, una colombiana que cruzó con una mano recién operada por una fractura y varios adultos mayores.
“Disculpe, ¿dónde puedo agarrar agua potable?”, pregunta a media lengua una niña venezolana de unos seis años mientras su mamá habla de una caseta a otra con un grupo de migrantes. La respuesta es que no hay.
La planta de 30,000 litros no da abasto para el promedio de mil migrantes que llega a diario a la comunidad indígena de Bajo Chiquito y luego a la ETRM de Lajas Blancas. Esa estación tiene 51 casetas de madera, cada una para 5 personas; es decir, tiene capacidad 255 migrantes, pero entre enero y abril recibía de 1.000 a 1.500. La otra estación, San Vicente, tiene 4 módulos alargados con cupo para 136 personas, es decir, 544 en total. Juntas tienen capacidad para 799 migrantes, pero al Darién han llegado hasta 2,000 personas en un solo día.
Eso, sin tener en cuenta a los que se quedan más de una noche allí. “También ha habido un incremento en la cantidad y en la gravedad de neumonías y diarreas. Las condiciones no son las ideales para dormir ni para prevenir las enfermedades”, explica la doctora Priscila.
En diciembre pasado, un grupo de relatores de la ONU ya había descrito las condiciones como "precarias e insalubres" y solicitó explicación, además, sobre "la falta de espacios separados para mujeres, niños y niñas que garanticen su privacidad, seguridad y protección, incluyendo contra posibles riesgos de sufrir violencia basada en el género".
Según lo evidenció el equipo de MSF en terreno, toda la situación fue más compleja desde los dos accidentes ocurridos en febrero pasado en los que murieron 39 migrantes que eran trasladados desde las ETRM del Darién hasta la de Planes de Gualaca, en Chiriquí, el otro extremo de Panamá en frontera con Costa Rica.
Allí se descubrió que los cupos gratuitos, llamados “humanitarios”, para las personas que no tenían cómo pagar los 40 dólares que vale ese recorrido, consistían en la posibilidad de sentarse en el pasillo del bus. Para evitar esos accidentes por sobrecupo, las autoridades panameñas prohibieron estos espacios gratuitos hasta hace unas semanas.
En abril, MSF conoció el caso de Kelly, una migrante colombiana de 33 años, inició su travesía luego de una cirugía por una fractura en la mano. La única condición del médico fue hacerse quitar los tornillos en menos de una semana, pero cuando llegó a la ETRM de San Vicente tenía la mano infectada. “Me llevaron al hospital y dijeron que tenía que verme el ortopedista y tomarme una radiografía, pero por miedo de que me dejaran allá y sin plata ni comunicación me fui”, explica.
A Kelly les prometieron que iba a haber un bus diario para las personas más vulnerables: “un bus para los que no tenían plata, a las que violaron y así, y me pusieron en una lista, pero ya no había cupos. Aquí llevo una semana y voy a seguir esperando”, dijo.
Viajaba junto a una amiga y los tres hijos de ella. Ninguno tenía cómo pagar los 40 dólares para llegar a la frontera con Costa Rica porque en el camino los atacaron dos veces: “en uno salieron como 30 hombres armados que hablaban otro idioma y agarraban al que pudiera; en esas querían coger a mi niño de 6 años y yo lo agarré y empecé a correr, y me lanzaron tiros”, cuenta su amiga.
“Pero en la segunda sí no nos salvamos. Salieron al otro lado del río cuando nosotros lo estábamos cruzando, ¿hacia dónde íbamos a correr?”, recuerda. Apenas les quedaron algunas prendas que se turnan y un celular que los criminales no vieron.
Actualmente, sale un bus gratuito cada 10 días para transportar a las personas que llevan más de 10 días varadas en las ETRM y cada tanto se abre un cupo gratuito para personas con especiales condiciones de vulnerabilidad, aunque aún no son muy claros los criterios.
A José Rafael Cumare una caída en la selva le generó una fractura en el talón. “Como una hora después de pasar a Panamá, me lancé a una cascada y debajo del agua había una piedra y me golpeé y me fracturé”, relata acostado en un camarote mientras se chequea la inflamación de la pierna.
Gateó, se arrastró, trepó y construyó unas muletas con un par de ramas para continuar la ruta que le costó 13 días más. Esas dificultades se agravan con la temporada de lluvias que recién empezó. En las dos últimas semanas de mayo, según el Servicio Nacional de Migración, al menos 10 personas murieron en la ruta.
Médicos Sin Fronteras reitera su llamado para que las autoridades de Colombia y Panamá garanticen rutas seguras y dignas para los migrantes. Migrar no es un delito. Además, reitera que se debe ampliar y mejorar la cobertura de necesidades básicas en las comunidades de acogida y en las ETRM, garantizando la seguridad, los espacios dignos para el pernocte, el acceso a agua potable y alimentación, las condiciones apropiadas de higiene y saneamiento; y el acceso a la justicia.
