Los bosques que perdimos: ¿cómo combatir la deforestación sin datos completos?

Pero el tráfico ilícito de madera es solo uno de los múltiples factores que degradan las selvas de América Latina.

Para identificar las actividades que amenazan los bosques de la región y conocer cómo miden los países la deforestación, la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y Mongabay Latam nos propusimos dar una mirada profunda a este problema en nueve países de Latinoamérica, nueve Estados que han perdido en 20 años más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios o intactos, según las cifras de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch.

Para hacerlo solicitamos información pública a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile sobre las extensiones y causas probables de pérdida boscosa. El objetivo: reconstruir el avance de la deforestación y las decisiones políticas que lo permitieron.

¿Qué trabas se detectaron en el camino? Vacíos de información, datos incompletos y falta de transparencia en la mayoría de los casos. Además, cada país mide la deforestación con distintas metodologías, no todos establecen causas o amenazas específicas de pérdida de bosque, o lo que es más complejo, pueden incluir o excluir distintos ecosistemas al momento de la medición.

¿Cómo se mide la deforestación en Latinoamérica?

El período de análisis elegido fue del 2001 al 2021 y fue de esos años que se solicitó información a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile. Sin embargo, debido a los vacíos de información, solo se pudo reconstruir la historia de la deforestación del 2002 al 2016 para todos estos países.

La información enviada por las instituciones muestra que algunas monitorean el avance de su deforestación de forma anual, otras cada cinco años y hay aquellas que registran datos hasta el 2016 o 2017. Las autoridades centran sus esfuerzos en identificar el número de hectáreas forestales que desaparecen de sus territorios, y aunque señalan que el motivo común es el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, no profundizan en los actores que están detrás de estas actividades económicas. A esto se suma que casi ninguno cuantifica la superficie que pierde cada año debido a esos factores.

De los nueve países analizados, los únicos que brindaron datos concretos respecto a las causas de la deforestación fueron México y Colombia. Perú, Chile y Guatemala mencionaron las razones probables de la desaparición de sus bosques, pero no pudieron indicar la cantidad de hectáreas arrasadas que le atribuyen anualmente a cada causa de deforestación. En tanto, diagnósticos y estudios, citados en las respuestas oficiales, permiten identificar las posibles causas de la deforestación en Bolivia, Ecuador y Argentina, pero solo de modo enunciativo.

En Perú, los datos oficiales entregados por el Ministerio del Ambiente (Minam) difieren entre sí. En uno de los documentos señalan que solo han identificado la superficie que cambió de uso entre 2010 y 2019 en el bioma amazónico, es decir, en el área cubierta de bosque tropical húmedo. Pero en un archivo adjunto detallan la deforestación que han podido registrar en todo el territorio nacional en las últimas dos décadas. Según estas cifras, en ese periodo el país perdió más de 2.7 millones de hectáreas, unos 27,745 km2, aproximadamente diez veces el tamaño de Lima, su capital.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), considera que el Estado no tiene interés de entender lo que está pasando con los bosques. “Existe inacción o desidia para recolectar estos datos, pero también hay un componente de no querer entrar en conflicto con la industria para seguir atrayendo inversión, nacional o extranjera, hacia las regiones”, sostiene.

En otros países, como es el caso de Ecuador, la información oficial sobre deforestación no se actualiza desde el 2019, según indica María Olga Borja, coordinadora en la Fundación Ecociencia en Ecuador para RAISG y MapBiomas. “Y cuando existe información oficial se da por períodos. Por ejemplo, tenemos un período de ocho años, luego de seis años y otro de dos años, lo que dificulta muchísimo el análisis”, precisa la especialista. Borja añade que este tipo de medición impide entender cuáles fueron los años pico y los lugares más afectados.

Sobre el mismo tema, Urrunaga de EIA añade que el monitoreo forestal es fundamental para prevenir la deforestación ilegal, plantear políticas públicas de conservación y evaluar su efectividad en el tiempo. En ese sentido, considera grave que los países asuman compromisos de cero deforestación o que expongan logros si persisten en mantener vacíos de información.

Los vacíos detrás de las números

Hay países que han empezado hace muy poco a medir cuánto bosque pierden cada año. Colombia y Argentina forman parte de este grupo. El primero comenzó a monitorear la superficie de sus bosques de forma anual recién desde 2013. Antes de ello, según la información entregada, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registraba la deforestación cada cinco años. Sin embargo, sumando todas las cifras que van desde 2001 al 2021, tantos las aglomeradas por períodos de cinco años como las anuales, Colombia perdió alrededor de 4.8 millones de hectáreas boscosas. Esto equivale a perder 2,288 km2 cada año, una extensión similar a seis veces la ciudad de Medellín.

El Ideam atribuye las causas de su deforestación a la expansión de tierras para la agroindustria y sistemas ganaderos extensivos (praderización), así como al incremento de áreas para la infraestructura, los cultivos ilícitos, la minería ilícita y la tala ilegal. Solo a través de alianzas con organizaciones civiles, Colombia ha podido medir la superficie forestal arrasada por la cadena productiva de palma, la extracción de oro aluvial y por la expansión de sembríos de coca, pero en periodos acotados. Por ejemplo, de acuerdo con la data enviada por la institución, en 2015 la deforestación causada directamente por cultivos de coca alcanzó el 31% (38.450 hectáreas) del total nacional.

Argentina tiene datos anuales y actualizados desde 2014. Antes, las cifras aparecen por períodos que oscilan entre dos y cinco años. Aquí tampoco se detalla la relación entre la extensión perdida y la causa de la deforestación. Sin embargo, sus informes estatales indican que, al 2021, los principales motivos de reemplazo de sus bosques nativos ocurrieron por el uso agropecuario (36%), incendios (33%) y posible uso silvopastoril (23%). El 8% restante es atribuido a la infraestructura o causas naturales (1%) y motivos sin definir (7%).

En Brasil, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) respondió por escrito que su Programa de Monitoreo de la Deforestación de la Amazonía y otros Biomas (PAMZ+) no evalúa “la causa, el efecto ni otras razones de la deforestación. Nuestra misión es cuantificar e informar sobre estos datos de forma sistemática”. Para poder acceder a esa información hay que visitar otro portal oficial de esta institución. En Terrabrasilis se muestran estadísticas de cambio de cobertura forestal por pérdida de bosques, degradación, minería, incendio y tala selectiva, tanto en la Amazonía Legal como en la ecorregión tropical Cerrado.

Dentro de la base de datos, hemos identificado otro grupo de países que no realizan un monitoreo anual de sus bosques. Chile y Guatemala son un buen ejemplo de ello. El primero, según los datos entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), solo tiene la cantidad de hectáreas de bosque perdida entre el 2001 a 2019, que supera las 235,000 hectáreas, es decir, unos 2,358 km2, una superficie superior a la provincia de Iquique.

La autoridad ambiental solo enumera entre sus problemáticas a los incendios forestales, el uso insostenible de recursos vegetacionales para la producción y ganadería, los efectos del cambio climático, la sobreexplotación del agua y otros, sin atribuirle una predominancia a ninguna. Una precisión importante, para el caso chileno, es que su cobertura arbórea incluye tanto bosques y plantaciones con vegetación nativa o exótica.

Guatemala, en cambio, lo que hace es identificar el promedio de incendios y hectáreas perdidas cada seis o cuatro años, según la información proporcionada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Además, sus datos se encuentran actualizados hasta el 2016, pues la información de los años siguientes se encuentra en elaboración.

Este país centroamericano, sin embargo, tiene una particularidad que lo diferencia de las otras naciones: sí reporta la situación de deforestación en sus áreas protegidas. Los datos muestran que en un período de diez años, entre 2007 y 2016, se perdieron 219,468 hectáreas en estas zonas. Las cifras evidencian un patrón, pues cuando se reduce la pérdida de hectáreas alrededor del área protegida, crece la deforestación en estas zonas con mayor valor ecosistémico.

Sarah Carter, investigadora del World Resource Institute y Global Forest Watch, señala que todos los reportes que producen los países son muy valiosos porque se necesita la mayor cantidad de información para atacar la deforestación y entender lo que está pasando. “Cada país tiene su propia independencia en la forma de hacer sus mediciones, pero también deben ser transparentes sobre lo que hacen y lo que reportan”, agrega. Para Carter, la evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA por sus siglas en inglés) que realiza la FAO es una buena iniciativa para empezar a armonizar la diversa data que existen en cada país.

¿Se debería avanzar hacia una metodología en común? Carter explica que si bien esto plantea muchos retos, se debe insistir para definir, por ejemplo, qué países necesitan más atención o quiénes lo están haciendo bien. “Sobre todo con metas mundiales como detener la deforestación para el 2030, necesitamos herramientas que nos den una mirada más global”, sostiene. “Aquí es donde los datos de observación terrestre disponibles en Global Forest Watch pueden ser útiles”, comenta.

Los bosques que perdimos: los gobiernos detrás de los picos de deforestación en Latinoamérica

“En la gestión de Bolsonaro se dio una verdadera licencia social a los deforestadores e invasores de tierras públicas, dejando claro que no actuaría para reprimir actividades ilícitas”, dice Juliana de Paula Batista, abogada de la organización brasileña Instituto Socioambiental (ISA). Este testimonio resume solo una parte de lo significó el desmantelamiento de las instituciones ambientales en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, considerado hoy un hito histórico cuando se habla de la pérdida de bosque en el país.

El gobierno de Bolsonaro es un caso representativo que muestra claramente la relación entre las decisiones políticas y el incremento de la deforestación, pero no es el único. Para profundizar en esta conexión, comparamos el avance de la pérdida boscosa en la región con las principales decisiones políticas que adoptaron los gobiernos en las últimas dos décadas.

Con este fin, se seleccionaron los tres países que contaban con cifras oficiales de deforestación completas para el período 2001 a 2021 (Brasil, México y Perú), dos que iniciaron su monitoreo anual a mitad del periodo (Colombia y Bolivia) y uno que se mantiene el desfase y opacidad en sus datos (Ecuador). Esto nos permitió asociar los momentos más críticos de la deforestación con los gobiernos de turno y entender qué factores fueron determinantes.

Hitos políticos y económicos detrás de la deforestación

Por ejemplo, el monitoreo de la plataforma TerraBrasilis, administrada por el gobierno brasileño, confirma que el incremento sostenido de su deforestación coincide con el periodo de Bolsonaro. En 2019, su primer año de gestión, la pérdida de cobertura forestal se elevó de 753,600 hectáreas a 1 millón 12,000 hectáreas. En 2021, al término de su gobierno, la cifra llegó a 1 millón 303,000; un 73% más de cuando empezó su mandato. Los beneficiados con estos cambios fueron los empresarios ganaderos y agrícolas.

Brasil no solo tiene como principal producto agrícola de exportación a la soya, un monocultivo usado como alimento de animales y que ocupa 12.4 millones de hectáreas de su territorio, sino que estadísticamente cuenta con más vacas que personas. Hasta el 2021, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) tenía registrado 224 millones de cabezas de ganado en todo el país.

La demanda mundial de carne ha empujado a América Latina a aumentar sus volúmenes de producción y, en consecuencia, a extender sus pastizales ganaderos sobre miles de hectáreas que antes eran bosques. Según datos de la FAO, citados por el Banco Mundial en el estudio “Panoramas alimentarios futuros 2020”, la región cubre alrededor del 25% del consumo mundial de carne de vacuno y el 26% de carne de ave.

Su principal comprador es China, que en solo 15 años multiplicó por 10 los recursos que destina para importar carne. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, entre los años 2000 y 2015, este país pasó de invertir 200 millones de dólares a cerca de 2,000 millones en productos cárnicos procedentes de los tres mayores exportadores de América del Sur: Argentina, Brasil y Uruguay.

En México, la ganadería también es importante para el sector económico y ocupa cerca del 55% del territorio nacional, lo que ha llevado al país a posicionarse en el puesto once entre los productores y comercializadores mundiales de carne. Según los reportes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la industria ganadera es la responsable del 74% del cambio de uso de tierras en México, y tiene entre sus zonas más afectadas a la Península de Yucatán y los estados de Chiapas, Michoacán y Jalisco.

La cifra récord en pérdida de bosques ocurrió en 2016, en la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se impulsó el sector agropecuario de exportación y se continuó con los incentivos económicos a la producción de palma, debido a su cotización y demanda en el mercado internacional. Según los datos de la Conafor, ese año 350,000 hectáreas fueron arrasadas por el cambio de uso de suelo a pastizales y el aumento de tierras para la agroindustria.

El impulso estatal al sector agropecuario también marcó el avance de la deforestación en Bolivia, puntualmente en el gobierno de Evo Morales (2006 - 2019). Desde el 2012, año en que sus autoridades ambientales empezaron a monitorear la pérdida anual de sus bosques, se evidencia una tendencia creciente que llegó a su pico histórico en 2016, con 295,770 hectáreas arrasadas.

Marlene Quintanilla, de la organización Fundación Amigos para la Naturaleza, explica que la política económica del gobierno de Evo Morales se diseñó para apoyar, primero, a la agroindustria, pero luego se vinculó a la ampliación de zonas para la ganadería, con el fin de exportar carne a China. De acuerdo con la experta, en los últimos 20 años, unos cuatro millones y medio de hectáreas forestales se perdieron por incendios generados no solo por el factor climático, sino también por causas humanas para extender los pastizales.

Política, deforestación y violencia

En Colombia, la expansión ganadera y el acaparamiento de tierras también son impulsores de la deforestación, pero su incremento estuvo marcado por el posconflicto, durante el último periodo del gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018). En 2017, un año después de que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cifras de deforestación se elevaron de 178,000 hectáreas a casi 220,000 hectáreas. Ese fue el pico más alto de pérdida boscosa que registró el país desde que las autoridades ambientales empezaron a monitorear el fenómeno de manera anual.

En Ecuador es difícil identificar un hito histórico de deforestación, pues no cuentan con un registro anual de pérdidas y causas. En las últimas dos décadas el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) y el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) midieron los cambios de uso de su cobertura forestal por períodos cada siete, seis y dos años. Sus datos están desactualizados, pero muestran que entre 2001 y 2017 Ecuador perdió 17,844 km2 de bosques, lo que equivale al 5.8% del territorio nacional.

Esta presión extractiva y económica sobre la Amazonía y los bosques de América Latina tiene consecuencias mortales para los defensores de la tierra. Según el informe de la organización Global Witness, en la última década un total de 1,733 activistas fueron asesinados en todo el mundo, pero el 68% (1,177) de estos crímenes documentados ocurrieron en América Latina. Los que lideran la lista de países más peligrosos para defender el medio ambiente son Brasil, México y Colombia. A ellos le siguen Honduras, Nicaragua y Perú, este último con 51 muertos.

El 1 de septiembre de 2014 cuatro defensores ambientales de Perú fueron torturados y asesinados en la selva que buscaban proteger. Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez eran líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya -Saweto, en la región Ucayali, y murieron luego de denunciar la presencia de taladores ilegales en sus territorios. Una invasión propiciada por la demanda internacional de madera que se elevó con el boom de las construcciones.

Estos crímenes ocurrieron en el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, tres meses antes de que se realice en la capital peruana la Cumbre Climática de las Naciones Unidas. En febrero de 2023, casi nueve años después, los responsables fueron condenados a 28 años de cárcel, pero la tala ilegal en sus bosques continúa.

Las bases de datos oficiales analizadas para este reportaje muestran una deforestación ascendente en Perú desde 2008, año en que la crisis financiera global produjo una mayor demanda de oro y elevó su precio en todos los países, lo que propició una mayor presión sobre zonas mineras, como la selva de Madre de Dios, sumado a otros impulsores de la deforestación.

“En Perú y otros países, de nada sirve que se mida la cantidad de superficie forestal que se pierde cada año si no se toman acciones. Si las imágenes satelitales y los monitoreos no sirven para prevenir y generar una reacción inmediata, no vamos a detener la deforestación”, subraya Julio César Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente de Perú.

Los picos de la deforestación en la región coinciden, pues, con periodos de permisividad o promoción de políticas a favor de una economía extractiva y global. La demanda ganadera y agroindustrial no solo presiona los bosques y la vida de los defensores ambientales, también la función del Estado que parece haber perdido su función fiscalizadora y reguladora.

*Conoce aquí la investigación completa: https://bosqueslatam.distintaslatitudes.net/

*El proyecto Los bosques de perdimos es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes .

Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo, Mariana Recamier, Diana Cid, Andrea Arias, Bruno Scelza, Bruno Vinicius, Carlos Kestler, Isidora Varela, José Sarmiento, Nicole Vargas y Xilena Pinedo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Elizabeth Salazar y Vanessa Romo. Visualización de datos y diseño: Richard Romero y David Adrian García. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

*Conoce aquí al equipo completo de la la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.