El presidente del gobierno español saliente, el socialista Pedro Sánchez, se someterá el jueves a una votación en el Parlamento para formar un nuevo Ejecutivo, con un triunfo asegurado gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una polémica ley de amnistía.
El debate comenzará el miércoles a las 11:00 GMT (5:00, tiempo de Ciudad de México) .y la votación tendrá lugar el jueves, anunció el lunes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Tras semanas de duras negociaciones, el líder del Partido Socialista, en el poder desde junio de 2018, logró tejer los apoyos de numerosas formaciones políticas para garantizarse la mayoría absoluta necesaria para ser investido nuevamente como jefe del gobierno.
Con el respaldo de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, de partidos vascos y catalanes y de un pequeño partido canario y otro gallego, Sánchez, que quedó segundo en las elecciones legislativas del 23 de julio, contará con los síes de 179 de los 350 diputados del Congreso.
Sánchez obtuvo el jueves el crucial apoyo de los siete diputados de la formación separatista catalana de Carles Puigdemont, a cambio de la próxima tramitación en el Parlamento de una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017.
El acuerdo entre ambos partidos fue anunciado desde Bruselas, donde Puigdemont se instaló desde 2017 para evadir la justicia española.
El proyecto de ley de amnistía, que divide profundamente a la sociedad española, fue presentado este lunes en el parlamento por el Partido Socialista y tendrá que ser aprobado por el Parlamento en cuanto Sánchez sea investido.
Su objetivo es "cerrar heridas" y "resolver el conflicto político existente en Cataluña", explicó en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmando querer que el texto sea aprobado "a la mayor brevedad posible".
De acuerdo con una copia del proyecto de ley consultada por la AFP, la amnistía atañerá a delitos de orden penal, administrativo o contable cometidos en relación con una consulta simbólica organizada el 9 de noviembre de 2014 y con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
"Esa ley es impecable desde el punto de vista constitucional", insistió Bolaños. "A las personas que han tenido alguna preocupación les decimos que miren al futuro con optimismo, con tranquilidad", agregó.
Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión, considerada por una parte de la sociedad española como un ataque al Estado de derecho, subió la tensión en el país, con la derecha y la extrema derecha acusando al socialista, contrario en el pasado a la amnistía, de estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP), la principal formación opositora de derecha.
"No nos callaremos hasta que haya elecciones", afirmó durante la protesta en Madrid el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganador de las legislativas de julio pero quien no consiguió después los votos suficientes de otras formaciones para ser investido.
La extrema derecha de Vox, que va más lejos y denuncia un "golpe de Estado", indicó que pedirá al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente el debate de investidura, dentro de la ofensiva judicial que despliega la oposición contra la amnistía.
También los acuerdos sobre la financiación regional y el reparto de impuestos con el Estado han causado mucha polémica en España.
A pedido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido independentista que gobierna ahora la región, Sánchez aceptó anular 15.000 millones de euros (unos 16,000 millones de dólares) de la deuda contraída por Cataluña con el Estado tras la crisis financiera de 2008.
Pese a que los socialistas prometen que este acuerdo se extenderá también a todas las regiones que recurrieron a este fondo -creado por el Estado para auxiliar a las comunidades autónomas asfixiadas durante aquel complejo periodo-, el acuerdo levantó muchas suspicacias en muchas comunidades, tanto de izquierdas como de derechas.
El pacto firmado el jueves con Juntos por Cataluña, la segunda gran formación independentista, prevé de su lado favorecer el regreso de las empresas que sacaron sus sedes de esta dinámica región del noreste español, a raíz del intento fallido de secesión de hace seis años, como Caixabank o Naturgy.
Los socialistas aseguran además en el texto que pretenden apostar por "medidas que permitan la autonomía financiera" de Cataluña y que faciliten su acceso a los mercados financieros, en respuesta a Junts, que reclama de su lado "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan" en la región.
Actualmente, dos regiones —País Vasco y Navarra— gestionan ya todos los impuestos que se pagan allí, de los que envían un porcentaje al Estado central para las partidas que asume.
Su peso económico y presupuestario no es, sin embargo, comparable al de Cataluña, motor industrial del país que concentra el 20% del PIB español y el 16% de su población.
Una medida así provocaría "la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles" y crearía "Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda", denunció la asociación de inspectores de hacienda.
Además de la derecha, parte del poder judicial e incluso algunos dirigentes moderados del Partido Socialista de Sánchez, consideran que la amnistía va en contra de los principios de igualdad y unidad territorial y la separación de poderes.
Bruselas pidió la semana pasada "información detallada" sobre el alcance de la medida.
Hablando en un congreso de los socialistas europeos el sábado, Sánchez pidió a la oposición que "acepte el resultado de las urnas y la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto".
Más allá de la actual escalada de tensiones, la próxima legislatura promete, sin embargo, mucha agitación para el líder socialista que, antes de votar cada reforma, deberá negociar especialmente con algunos aliados para disipar sus reticencias.
Sobre todo las de Puigdemont, quien hasta ahora fue muy crítico con el gobierno de Sánchez.
Con información de AFP
