La crisis en Guatemala se agrava con una solicitud de anular las elecciones

El presidente electo también apuntó que aunque algunos quieran invalidar el voto de los guatemaltecos, "los resultados son definitivos e inalterables”.

"Es un golpe al corazón de nuestra democracia", subrayó, y llamó a los guatemaltecos a "defender enérgicamente" los comicios y la "posibilidad de construir un país distinto”.

Arévalo sostiene que el Ministerio Público busca evitar que asuma el poder el 14 de enero, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.

Intento de golpe de Estado: OEA

El viernes, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó como un "golpe de Estado" el intento de los fiscales del MP.

"La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala", dijo la OEA en un comunicado.

"El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo", agregó.

Estados Unidos y la Unión Europea también condenaron las acciones de la fiscalía.

Es "otro intento flagrante e inaceptable de desafiar la voluntad de los guatemaltecos y negar la elección del presidente electo", dijo en X (antes Twitter) el secretario adjunto de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, quien prometió "una fuerte respuesta" de Washington.

"El intento de anular las elecciones (...) constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo", afirmó la secretaría general de la OEA.

La Unión Europea condena "de manera inequívoca los intentos" de anular los resultados de las elecciones “basándose en falsas acusaciones de fraude", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Por su parte, el gobierno de Guatemala rechazó "enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional" al señalar acciones que podrían "suponer una alteración del orden constitucional”.

"No hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", aseguró en un comunicado.

¿Qué dice la investigación de las elecciones?

El viernes en la mañana, dos fiscales del MP declararon que intentarían anular los resultados de la primera vuelta de junio, donde resultaron ganadores Sandra Torres, la exprimera dama, y Arévalo.

Arévalo ganó el balotaje de agosto. Desde entonces, el MP ha llevado a cabo allanamientos a oficinas del partido de Arévalo, Semilla, y del TSE en su esfuerzo por investigar los comicios. También ha solicitado el levantamiento de la inmunidad para diputados cercanos al presidente electo.

Los fiscales alegan irregularidades en el registro de votantes antes de las elecciones y entre las actas físicas y los resultados ingresados al sistema digital. La comunidad internacional ha criticado abrumadoramente la investigación, calificándola como un intento para impedir que Arévalo asuma el cargo en enero.

En esta nueva ofensiva, la fiscal Leonor Morales denunció anomalías en "las actas finales de cierre de escrutinio" porque no fueron aprobadas por el "pleno" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por lo que "son nulas" para consignar los resultados de las elecciones.

En rueda de prensa, Morales señaló que la investigación se hizo por la denuncia de "un ciudadano", pero no lo identificó ni mencionó responsables.

El jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que el TSE debe analizar los resultados de la investigación y tomar "la decisión al respecto”.

Pero de inmediato, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, defendió la elección de Arévalo, un socialdemócrata de 65 años que ganó en segunda ronda presidencial en agosto pasado, tras los comicios generales de junio.

"Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (...)", los funcionarios electos "deben tomar posesión" en enero, "de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional", afirmó.

La magistrada aseguró que la fiscalía no tiene "facultad" para hacer que el TSE anule unas elecciones, "salvo una sentencia" de la Corte de Constitucionalidad (máximo ente judicial)”.

Arévalo y sus seguidores acusan a la fiscal general Consuelo Porras de ser la artífice del "golpe de Estado" y han pedido su renuncia en manifestaciones en las calles. "Los golpistas intentan destruir el régimen democrático", insistió este viernes.

Recientemente, cuatro de los cinco magistrados del TSE huyeron del país después de haber sido despojados de su inmunidad en relación con el caso.

Las medidas contra Arévalo, su partido y el TSE han generado protestas en varias partes de Guatemala y una crisis política que se ha agudizado en los últimos meses.

"La fiscalía de Consuelo Porras dice que el país ha sido 'víctima de una estructura criminal'. Estoy de acuerdo, pero una estructura con ella a la cabeza para cambiar resultados electorales y negar la decisión que ya tomó el pueblo guatemalteco. ¡Ya basta!", escribió en X (antes Twitter) Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch.

Con información de AFP y Reuters