El Parlamento local de Hong Kong votó el martes por unanimidad una nueva ley sobre la seguridad nacional que prevé cadena perpetua para delitos de traición e insurrección, y suscita preocupación en la comunidad internacional.
"Hoy es un día histórico para Hong Kong", declaró el dirigente del territorio, John Lee, precisando que la ley entrará en vigor el 23 de marzo.
Este texto viene a completar la ley sobre seguridad nacional impuesta por el gobierno comunista de Beijing en 2020, tras las multitudinarias manifestaciones prodemocracia en el territorio semiautónomo, que Reino Unido devolvió a China en 1997.
La nueva ley estipula cinco nuevas categorías de infracciones, además de las incluidas en el texto de 2020: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera.
El Consejo Legislativo (LegCo) de Hong Kong, en el que no hay representantes de la oposición, debatió el texto de forma acelerada y sus 89 miembros aprobaron la ley, llamada "artículo 23", de forma unánime.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó la adopción "acelerada" de la ley y dijo que suponía "un paso atrás en la protección de los derechos humanos".
Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea expresaron también su preocupación por una ley que restringe todavía más las libertades en Hong Kong y pidieron a los legisladores que se tomaran más tiempo para examinar su impacto.
"Estamos alarmados por el alcance" de estas medidas "imprecisas", reaccionó Vedant Patel, portavoz de la diplomacia estadounidense.
"Creemos que este tipo de acciones tienen el potencial de acelerar el cierre de la sociedad, otrora abierta, de Hong Kong", añadió.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, denunció por su parte que el texto "socava el cumplimiento por parte de Hong Kong de sus obligaciones internacionales vinculantes".
Según Lee, esta nueva legislación era necesaria para subsanar las lagunas de la ley de 2020.
Para el dirigente, votar esta ley era una "responsabilidad constitucional" de Hong Kong, como lo exige la "Basic Law", la Constitución que rige en la isla desde 1997.
La ley "permitirá a Hong Kong prevenir, prohibir y castigar eficazmente las actividades de espionaje, los complots y trampas de los servicios de inteligencia extranjeros, la infiltración y el sabotaje realizados por las fuerzas hostiles", declaró Lee.
La nueva legislación también servirá para "prevenir eficazmente la violencia [...] y las revoluciones de color", agregó, en alusión a las manifestaciones masivas prodemocracia que empezaron en 2019.
Lee, sancionado por Washington precisamente por su gestión en estas protestas cuando era jefe de la seguridad, calificó la nueva ley de "candado eficaz contra los ladrones", en un contexto en que las autoridades quieren luchar contra "las amenazas de las fuerzas exteriores y del terrorismo local".
Los delitos más graves, como la traición y la insurrección, pueden acarrear penas de cadena perpetua. El espionaje y los ciberataques pueden suponer hasta 20 años de cárcel.
La sedición, ya sea una palabra, un acto o una publicación que incite "al odio, el menosprecio o el rechazo" de las instituciones y autoridades chinas o hongkonesas, puede ser castigado con penas de siete años de cárcel, o diez si se comete "en colusión con una fuerza exterior".
Cuando Hong Kong fue devuelto a China, el territorio tenía garantizadas ciertas libertades políticas, así como una autonomía judicial y legislativa, durante 50 años, en el marco del acuerdo "Un país, dos sistemas".
Este acuerdo permitió reforzar el estatuto de centro financiero mundial de la ciudad, gracias a un sistema judicial fiable y a las libertades políticas diferentes de las del resto de China.
El nuevo texto pone fin a una parte importante de las garantías judiciales de Hong Kong, para asimilarse a la legislación de China continental.
Para el jurista Michael Davis, la nueva ley se apoya en la que Beijing impuso en 2020 y la lleva "a un nivel mucho más elevado, adoptando plenamente el sistema chino continental", dijo a la AFP. Se trata de una transición de "un orden constitucional liberal hacia un régimen de seguridad nacional represivo".
