El gobierno ruso reaccionó de inmediato, y señaló que además de las batallas judiciales que podrían arrastrarse durante años, el gesto tendrá un efecto demoledor sobre la reputación de los países de la UE.
"Los europeos deben ser muy conscientes del daño que tales decisiones podrían causar a su economía, a su imagen, a su reputación como garantes fiables de la inviolabilidad de la propiedad", apuntó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El vocero añadió que "las personas, [y] los Estados, que participen en la toma de tales decisiones, naturalmente serán objeto de persecución durante décadas".
Para la portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova, "estas acciones constituyen una violación flagrante y sin precedentes de las normas internacionales fundamentales".
Los funcionarios europeos, en tanto, confían en que el plan es seguro desde el punto de vista jurídico, porque se limita a los beneficios que generan los fondos rusos congelados, y no toca los fondos en sí.
De acuerdo con fuentes europeas, el uso de los beneficios permitiría disponer de entre 2,500 y 3,000 millones de euros (entre 2,700 y 3,200 millones de dólares) al año, en beneficio de Ucrania.
Los peritos de la UE estiman que, a raíz de las sanciones aplicadas a Rusia por la invasión a Ucrania, hay congelados en bancos europeos unos 210,000 millones de euros (casi 230,000 millones de dólares).
La propuesta de la UE es destinar el 90% de los beneficios generados por esos activos al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que financia la compra de armas a Ucrania.
El 10% restante iría a un fondo de la UE para "fortalecer las capacidades de la industria de defensa de Ucrania".
Las alternativas para utilizar los fondos rusos congelados se arrastra desde hace más de un año, y en esa controversia varios países del bloque expresaron preocupación sobre el precedente que podría crear en mercados financieros y las repercusiones legales que generaría.