Teóricamente la Corte Suprema de Estados Unidos debería estar por encima de la política, pero ha concluido su sesión anual con un fallo de impacto enorme en las elecciones presidenciales de 2024.
Dos años después de revocar el derecho constitucional al aborto, los conservadores del tribunal superior utilizaron su mayoría de 6 contra 3 para inclinar las leyes más hacia la derecha.
Durante su mandato (2017-2021), Trump marcó el rumbo de la Suprema Corte con el nombramiento de tres de los nueve jueces que componen el tribunal.
Dos de los nombramientos hechos por Trump estuvieron envueltos en la polémica. El primero fue el de Brett Kavanaugh, cuyo debate de nombramiento en el Senado estuvo empañado por una acusación a abuso sexual presuntamente cometido durante sus años de juventud.
El segundo nombramiento polémico del republicano fue el de la juez conservadora Amy Coney Barrett, a solo una semana de las elecciones presidenciales que perdió a finales de 2020. Esta designación llegó tras la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg.
Las últimas decisiones del máximo tribunal estadounidense incluyen fallos que desmantelan el poder de las agencias federales, debilitaban las protecciones ambientales y anulan la prohibición de un dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos convirtiéndolos de hecho en ametralladoras.
Aunque también permitió los abortos de emergencia en Idaho, anúlelas restricciones al uso de la mifeprestona, una píldora usada en la mayoría de las interrupciones de embarazo en Estados Unidos y aprobó que se prohiba a los alisadores domésticos comprar y poseer un arma de fuego.
Sin embargo, las decisiones más polémicas tiene mucho que ver con un solo hombre: el expresidente Donald Trump.
En marzo, los jueces desestimaron por unanimidad un fallo de un tribunal estatal de Colorado que habría excluido a Trump de las papeletas electorales por participar en una insurrección: el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios.
En otra decisión relacionada con este hecho, la Corte limitó el campo de ley de una ley usada contra los partidarios del expresidente que irrumpieron en la sede del poder legislativo estadounidense, con lo que anuló un cargo en contra de uno de ellos.
Esta decisión podría tener consecuencias indirectas en el juicio federal contra Donald Trump por supuestamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden, ya que este cargo es uno de los que pesan sobre él.
Pero la decisión más controversial fue un dictamen anunciado la semana pasada: los seis magistrados conservadores, en contra de la opinión de los progresistas, concluyeron que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal.
La decisión se hizo pública cuando faltan cuatro meses para las elecciones y garantizó que el juicio de Trump por cargos de conspiración para anular los resultados de los comicios de 2020 no se celebre antes de la votación, si es que se celebra algún día. La magistrada progresista Sonia Sotomayor está profundamente en desacuerdo porque estima que convierte al presidente en "un rey por encima de la ley".
La decisión ha tenido ya algunas consecuencias. La primera es que el juicio contra Trump por su responsabilidad en el asalto al capitolio se retraso, por lo menos, hasta que un tribunal de Washington considere si la actividad criminal de la que se acusa al expresidente puede considerarse oficial o no oficial.
Además, el juez de la Corte de Manhattan, Juan Marchan, aceptó retrasar la lectura de la sentencia a Trump por ser encontrado culpable de 34 cargos de falsificación por pagar el silencio de una actriz de cine para adultos con la que el presidente habría tenido una aventura. La lectura de la sentencia estaba prevista para el 11 de julio, pero el recurso logró que esto pase hasta el 18 de septiembre.
Richard Hasen, profesor de derecho en UCLA, considera que los jueces ignoraron la amenaza actual que representan Trump y sus esfuerzos de subversión electoral.
"No solo (Trump) no ha enfrentado todavía ninguna consecuencia legal por estas acciones, sino que es el favorito para volver a ser presidente, ahora armado con una nueva opinión de la Corte Suprema que le otorga poderes enormemente ampliados que sin duda usaría si vuelve a ocupar el cargo", afirmó Hasen en un análisis publicado en Slate.
Durante su presidencia (2017-2021), el presidente nombró a tres de los nuevos jueces de la Corte Suprema con que definió, quizás por décadas, una mayoría conservadora en el principal tribunal estadounidense.
Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois en Chicago, dijo a la agencia AFP que los conservadores en la corte se han sentido envalentonados por su mayoría "para impulsar cambios constitucionales y estatutarios que han estado durante mucho tiempo en su lista de deseos".
"Pero esta sentencia es realmente impresionante", comenta Schwinn sobre la opinión de inmunidad. "El hecho de que se haya pronunciado en líneas puramente partidistas simplemente subraya (...) que este es un tribunal muy político".
Asha Rangappa, exagente del FBI y analista legal, afirma que la Corte Suprema "ya tenía un importante problema de percepción" pero con sus últimos fallos "es difícil no concluir que está incurriendo en un razonamiento legal basado en resultados".
Estas últimas decisiones de la corte han reforzado mutuamente las dudas entre una gran parte del país sobre si el tribunal más alto de la nación puede ser un intérprete neutral de la ley.
"Tienen un posible problema de legitimidad", dijo Charles Geyh, profesor de derecho de la Universidad de Indiana y experto en ética judicial a The Washington Post. "La noción tradicional de que aceptaremos los resultados de la corte, estemos de acuerdo con él o no... depende cada vez más del caso. Muchas de las cuestiones éticas a las que se enfrenta el tribunal alimentan la percepción de que es una organización más política que legal”.
Cerca de 4 de cada 10 personas dicen tener apenas confianza en la Corte Sprumera, mientras de 7 de cada 10 creen que las decisiones de los jueces están motivadas por la ideología, no por la justicia y la imparcialidad, de acuerdo con una encuesta de Associated Press y NORC publicada a finales de junio
Jonathan Turley, un jurista conservador de la Universidad George Washington, discrepa.
"La Corte Suprema fue diseñada para ser impopular, para adoptar posturas que son políticamente impopulares pero constitucionalmente correctas", dijo Turley. "Los académicos han estado en desacuerdo durante mucho tiempo sobre dónde trazar el límite de la inmunidad presidencial", afirmó en el New York Post. "El tribunal adoptó un enfoque intermedio que rechazó los argumentos extremos de ambas partes”.
Su sesión anual, de octubre a finales de junio, también estuvo salpicada de escándalos cuando se acusó a dos jueces conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, de haber violado el código ético y se les pidió que se abstuvieran de examinar los casos relacionados con las elecciones.
El diario The New York Times publicó el 16 de mayo que Samuel Alito, uno de los jueces conservadores, había izado fuera de su casa una bandera estadounidense boca abajo, un símbolo usado por los partidarios de Trump que asegura que la elección de 2020 le fue robada al republicano.
Varios congresistas demócratas pidieron la dimisión de Alito después de estos reportes.
Thomas, el juez con más años de servicio en la corte, tampoco quiso dimitir después de que se acusara a su esposa de participar en la campaña para mantener a Trump en el poder tras perder las elecciones de 2020.
Este juez también señalado por no reportar que tomó tres viajes pagados por el millonario conservador Harlan Crow, de acuerdo con documentos publicados por el Comité Judicial del Senado estadounidense.
Con información de AFP
