El gobierno de República Dominicana anunció este miércoles un plan para deportar a 10,000 haitianos indocumentados por semana en un intento por controlar la migración irregular desde su país vecino, asolado por la violencia de pandillas y la pobreza.
De cumplirse el objetivo planteado por la administración del presidente Luis Abinader, las deportaciones desde Dominicana hacia Haití darían un enorme salto.
Unos 250,000 haitianos fueron expulsados a lo largo de 2023, según cifras oficiales. Si en efecto se llega a la meta de 10,000 deportaciones semanales, la cifra anualizada sobrepasaría las 500,000.
"El gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional", dijo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa.
El anuncio de este plan de "aplicación inmediata", que se produjo tras una reunión de Abinader con su Consejo de Seguridad y Defensa, responde a la "lentitud" con la que según el gobierno avanzan las acciones internacionales para controlar la crisis en el empobrecido Haití, país con el que Dominicana comparte la isla La Española.
Cerca de 500,000 inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, un país de 10.5 millones de habitantes, aunque grupos nacionalistas afirman que son más.
"Nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas: o ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití o nosotros actuaremos con la responsabilidad debida en la República Dominicana", comentó Abinader.
Una misión multinacional dirigida por Kenia fue desplegada hace pocos meses en Haití para ayudar a la policía local a retomar el control sobre las pandillas que han sembrado el caos en ese país en medio de una crisis política y humanitaria.
Más de 3,600 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de las pandillas, según la ONU. Además, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que unos 5.4 millones de personas "luchan cada día para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias, lo que representa una de las más graves crisis de inseguridad alimentaria en el mundo".
Desde su llegada al poder en 2020, Abinader endureció la política migratoria dominicana: multiplicó las redadas de migrantes y las deportaciones, redobló la presencia de la fuerza armada en la frontera y levantó un muro de 164 km entre los dos países que prometió extender cuando fue reelecto en mayo para un segundo mandato de cuatro años.
Unos 120,000 haitianos sin documentación también fueron expulsados en 2022.
"Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad", añadió Figueroa, que anunció además el refuerzo de la tecnología de vigilancia en la zona fronteriza: más drones y cámaras.
"Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas, con la colaboración de organismos internacionales y de seguridad", dijo el portavoz.
La medida coincide con presiones de grupos conservadores, que han pedido extremar medidas para frenar la migración haitiana.
El viernes, cientos de manifestantes convocados por la Antigua Orden Dominicana, un movimiento ultranacionalista que históricamente ha expresado rechazo a los haitianos, se congregaron en las calles de Santo Domingo para pedir al gobierno "tomar acciones".
Este grupo, que llamó a nuevas manifestaciones, considera insuficientes las medidas tomadas por Abinader en materia migratoria.
Las comunidades haitianas en la República Dominicana han denunciado crecientes episodios de discriminación y racismo, con acusaciones de obstáculos burocráticos que dificultan la renovación de visados y permisos de residencia, los cuales también son muy costosos.
Activistas como William Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados de República Dominicana, han calificado estas acciones como "persecución racial", señalando la frecuencia de redadas policiales dirigidas a personas de ascendencia haitiana.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, los haitianos representan aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en sectores clave como la ganadería, la agricultura y la construcción. A pesar de su contribución económica, la comunidad haitiana enfrenta un clima de hostilidad que se extiende más allá de la burocracia, llegando a la falta de acceso a servicios básicos y la marginación en la sociedad dominicana.
