Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos se han mostrado divididos este miércoles sobre el acceso de los menores transgénero a los tratamientos médicos para cambiar de sexo.
En concreto examinaron una ley adoptada en 2023 por el estado de Tennessee (sur), gobernado por los republicanos, que prohíbe a los menores que no se identifican con su género de nacimiento acceder a los bloqueadores de la pubertad y a los tratamientos hormonales de transición.
Casi la mitad de los estados estadounidenses han promulgado leyes similares.
De los 1.6 millones de personas que se identifican como transexuales en Estados Unidos, más de 300,000 tienen entre 13 y 17 años, y más de un tercio viven en uno de estos estados, según un estudio del Instituto Williams, un grupo de reflexión de la Universidad de UCLA.
Los partidarios de la ley de Tennessee se congregaron ante el edificio del tribunal, en el centro de Washington, antes de los alegatos orales, con pancartas en las que se leía "Dejemos que los niños crezcan" o "La salud importa".
Varios menores y sus familias, una ginecóloga de Memphis y la administración del presidente demócrata saliente Joe Biden denuncian el carácter "discriminatorio" de la ley de Tennessee.
Afirman que viola una disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución sobre la igualdad porque priva a las personas transgénero del acceso a tratamientos autorizados para otros.
La asesora jurídica de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, reprochó que la ley no tome en consideración la ventaja de los tratamientos, como la disminución de los casos de depresión y de las ideas suicidas.
Chase Strangio, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, el primero abiertamente transgénero en argumentar ante el máximo tribunal, de mayoría conservadora, replicó que la ley de Tennessee ha "eliminado el único tratamiento que aliviaba años de sufrimiento" de los demandantes en el caso.
"Lo que han hecho es imponer una prohibición torpe, anulando el juicio muy cuidadoso de los padres que aman y cuidan a sus hijos y de los médicos que han recomendado el tratamiento", dijo Strangio.
"Me parece que esta es un área en la que estamos particularmente faltos de experiencia", replicó el presidente del tribunal, John Roberts, quien se preguntó si no sería conveniente dejarlo en manos de "los legisladores" de los distintos estados para evaluar sus beneficios y riesgos.
Su colega conservador Brett Kavanaugh también consideró "muy difícil" para los jueces tomar una decisión.
"Si se prohíben los tratamientos, algunos niños sufrirán porque no tendrán acceso a ellos, y si se autorizan otros sufrirán tomándolos y lamentándolo más tarde", resumió.
El tema genera polémica en el país, donde el presidente electo Donald Trump se ha comprometido a imponer una prohibición federal al acceso a estos tratamientos para menores transgénero y a restringirlo para adultos.
La legislación de Tennessee conocida como SB1 fue firmada en marzo de 2023 para proteger a los menores de procedimientos médicos "arriesgados y susceptibles de tener consecuencias a menudo irreversibles", declaró el representante del estado Matthew Rice.
Ante las objeciones planteadas por los tres jueces progresistas, negó que la ley discrimine en función del sexo.
"Si un chico pide bloqueadores de la pubertad para tratar una pubertad demasiado precoz, podrá obtenerlos, pero no utilizarlos para la transición de género", argumentó Matthew Rice, asegurando que los mismos criterios se aplican a una chica.
Los bloqueadores de la pubertad se han utilizado en adolescentes que contemplan la transición de género para retrasar la aparición de cambios físicos no deseados.
Sus defensores sostienen que el proceso puede salvar la vida de los niños que luchan con la disforia de género.
En abril la Corte Suprema permitió que una prohibición similar, en Idaho, entrara en vigor mientras continúa el proceso legal.
Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía, se exponen a hasta 10 años de prisión.
Los derechos de las personas trans, en particular si se debe permitir a las mujeres transgénero usar baños de mujeres y participar en deportes femeninos, forman parte de las "guerras culturales" entre republicanos y demócratas.
