El máximo tribunal, sin embargo, dictaminó que los migrantes afectados por esta política deben tener la posibilidad de impugnar su expulsión. Aunque la Corte no anuló los vuelos de deportación ya realizados, dejó abierta la puerta para que casos individuales puedan volver a evaluarse en tribunales.
Uno de esos casos es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que residía legalmente en Estados Unidos desde 2019, tras obtener protección judicial contra su retorno a El Salvador por razones de seguridad. No obstante, fue deportado el mes pasado junto a más de 200 personas —la mayoría de nacionalidad venezolana— a una megacárcel en El Salvador, como parte de la ofensiva migratoria que Trump ha intensificado desde su regreso al poder.
La jueza de distrito Paula Xinis ordenó su repatriación antes de las 23:59 horas del lunes, luego de que el Departamento de Justicia reconociera que la expulsión fue un "error administrativo". La decisión fue confirmada por un tribunal federal de apelaciones, donde el juez Harvie Wilkinson advirtió sobre las consecuencias de permitir este tipo de prácticas.
“No cabe duda de que el gobierno metió la pata aquí”, escribió Wilkinson. Añadió que los hechos del caso revelan “el potencial de una preocupante laguna legal: a saber, que el gobierno podría llevar a individuos a prisiones extranjeras en violación de las órdenes judiciales y luego argumentar (...) que ya no son sus custodios, y que no hay nada que se pueda hacer”.
El juez subrayó que no se requiere “mucha imaginación para entender que este es un camino de perfecta anarquía, uno que los tribunales no pueden tolerar”.
Pese a esta postura, la administración Trump apeló ante la Corte Suprema, que emitió una suspensión temporal de la orden de repatriación, lo que mantiene a Ábrego García fuera del país mientras se resuelve el litigio.
El presidente de la Corte, John Roberts, solicitó a los abogados del migrante que presenten sus argumentos antes de las 17:00 horas del martes.
