Horas antes de que venza el plazo judicial para la repatriación de Kilmar Armando Ábrego García, un migrante salvadoreño expulsado por error a una prisión de alta seguridad en El Salvador, el presidente Donald Trump sugirió que el hombre pertenece a la pandilla MS-13, pese a que una jueza federal de Maryland determinó que su detención fue ilegal.
Lo deportan por error y Trump insiste en que es de la MS-13
Trump afirma sin evidencia que migrante deportado por error es miembro de la MS-13, ignorando una orden judicial que exige su repatriación tras una detención ilegal.
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"Alguien dijo que es miembro de la MS-13 y no del Tren de Aragua", afirmó Trump la noche del domingo a bordo del Air Force One, en referencia a dos de las organizaciones criminales más temidas del continente.
"La MS-13 es una organización muy mala, quizás tan mala" como la venezolana Tren de Aragua, añadió el mandatario, sin mencionar el nombre del migrante al que se refería.
La declaración se produce a menos de 24 horas de que expire el plazo fijado por la jueza federal Paula Xinis para que el gobierno estadounidense regrese a Ábrego García al país.
En una resolución de 22 páginas emitida el viernes, la magistrada ordenó su repatriación al considerar que fue detenido y expulsado "sin base legal", y que el salvadoreño tiene derecho a un "debido proceso de conformidad con la Constitución y los estatutos de inmigración que rigen" en Estados Unidos.
Kilmar Ábrego, que vivía legalmente en Estados Unidos y está casado con una ciudadana estadounidense, fue arrestado el 12 de marzo y deportado tres días después junto con cientos de presuntos pandilleros. El Departamento de Justicia reconoció el viernes que su deportación se debió a un "error administrativo".
No es la primera vez que Ábrego García enfrenta acusaciones de vínculos con pandillas. En 2019, durante el primer mandato de Trump, fue señalado como presunto integrante de la MS-13, pero nunca fue condenado por delito alguno.
Un juez determinó entonces que no podía ser deportado, ya que su vida corría peligro en El Salvador.
Según el fallo reciente, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) "se basó principalmente en una única acusación no fundamentada de que Abrego García era miembro de la MS-13", una afirmación que la jueza calificó de “vaga y no corroborada”.
En una nota al pie del documento judicial, la jueza Xinis detalla que la supuesta prueba contra el migrante "se basa únicamente en su gorra de los Chicago Bulls, una sudadera con capucha, y una acusación vaga y no corroborada de un informante de que pertenecía" a la rama neoyorquina de la MS-13, "lugar donde nunca vivió".
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A pesar de estos antecedentes judiciales, la administración Trump pidió suspender la orden de repatriación mientras se resuelve su apelación, pero la jueza lo negó, y señaló que "los abogados de la administración Trump reconocen que no tenían autoridad legal para arrestarlo, ninguna justificación para detenerlo, ningún motivo para enviarlo a El Salvador, y mucho menos para enviarlo a una de las cárceles más peligrosas" de América Latina.
La prisión donde fue recluido Ábrego forma parte del sistema de máxima seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su “guerra contra las pandillas”. Organismos de derechos humanos denuncian que estas cárceles albergan a miles de personas bajo condiciones extremas, muchas veces sin haber sido condenadas, y que el uso de tatuajes o denuncias anónimas como pruebas ha derivado en detenciones arbitrarias.
A mediados de febrero, Donald Trump designó oficialmente a ocho grupos criminales de América Latina como organizaciones "terroristas" globales, entre ellos varios cárteles mexicanos, además de la MS-13 y la Tren de Aragua. Desde entonces, su gobierno defiende la deportación acelerada de migrantes sospechosos de pertenecer a estas redes, basándose en la Ley de enemigos extranjeros de 1798, una norma histórica que, según ONG's y líderes de la oposición demócrata, está siendo usada de forma “discriminatoria” para justificar expulsiones masivas.
Varias organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas agravan la criminalización de comunidades migrantes centroamericanas, en especial salvadoreñas, quienes huyen precisamente de la violencia de las pandillas que el gobierno estadounidense dice combatir.
Documentos judiciales y testimonios revelan que, en casos como el de Ábrego, los procedimientos se han aplicado sin evidencias sólidas y bajo presiones políticas.
Por ahora, el destino de Kilmar Armando Ábrego García sigue en suspenso. Si el gobierno de Trump no cumple la orden de repatriación antes del lunes por la noche, podría enfrentar nuevas acciones judiciales por desacato.
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