Una semana después de que fiscales solicitaron la pena de muerte para Luigui Manguine, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, el mundo volvió a mirar de frente una práctica que parecía en retroceso, pero que hoy revela cifras inquietantes.
Este 8 de abril, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre “Condenas a muerte y ejecuciones 2024”, en el que documenta un aumento de 32% en las ejecuciones a nivel global, alcanzando su nivel más alto desde 2015.
Durante 2024, se tuvo conocimiento de al menos 1,518 ejecuciones en 15 países. Si bien se trata de la menor cantidad de Estados involucrados desde que Amnistía Internacional comenzó este seguimiento, la cifra global de ejecuciones no se había acercado tanto a los niveles más críticos de la década. Irán, Irak y Arabia Saudí concentran el 91% del total registrado.
Irán encabezó la lista con al menos 972 personas ejecutadas, de las cuales más de la mitad fueron condenadas por delitos relacionados con drogas. Amnistía señala que la cifra representa un aumento del 14% con respecto a 2023 y que 30 de las ejecuciones afectaron a mujeres. En Irak, se registraron al menos 63 ejecuciones, cuatro veces más que en el año anterior. Arabia Saudí duplicó su uso de la pena capital, al alcanzar al menos 345 ejecuciones, el número más alto del que se tenga registro en ese país. Muchas de ellas se vinculan con acusaciones de terrorismo y consumo o tráfico de drogas.
A pesar del secreto oficial, Amnistía cree que en países como China, Vietnam o Corea del Norte el número real de ejecuciones podría ser mucho mayor. Las cifras allí no se publican ni se fiscalizan de forma independiente.
Además de presentar estadísticas, el informe lanza una advertencia clara: varios gobiernos utilizan la pena de muerte como mecanismo de control político. En Irán, las autoridades la han aplicado contra personas involucradas en las protestas de “Mujer, Vida y Libertad” entre 2022 y 2023. Arabia Saudí ha recurrido a la pena capital contra miembros de la minoría chií, vinculados a protestas antigubernamentales de 2011. En la República Democrática del Congo, el gobierno anunció la reanudación de las ejecuciones como respuesta a la “traición” dentro del ejército, en medio del conflicto armado interno.
La aplicación de la pena de muerte también recae de forma desproporcionada sobre personas de origen pobre o pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, lo que subraya las profundas desigualdades estructurales en los sistemas judiciales de varios países.
Estados Unidos se distingue por ser, desde hace 16 años consecutivos, el único país del continente que aplica la pena de muerte.
En 2024 se registraron 25 ejecuciones en nueve estados, cifra que, aunque modesta en comparación con algunos países de Oriente Medio, reafirma una tradición que se mantiene a pesar de las numerosas críticas internacionales y los esfuerzos legislativos para limitar su aplicación.
El método tradicional de la inyección letal continúa siendo el más empleado. Sin embargo, en un giro controvertido, Alabama adoptó el uso de gas nitrógeno para llevar a cabo ejecuciones, lo que marcó la primera vez que se emplea este método en la historia del país.
A nivel federal, la administración Biden conmutó 37 de las 40 penas de muerte existentes, aunque no eliminó la pena capital de la legislación.
En paralelo, cinco hombres enfrentaban procesos con posibilidad de ejecución en comisiones militares en Guantánamo.
La pena de muerte sigue siendo legal en 27 estados del país, aunque 11 de ellos no la han aplicado en al menos una década. En 2024, el número total de personas condenadas a muerte en Estados Unidos era de 2,049, incluidas 45 mujeres.
En África, el contraste es evidente. Zimbabue adoptó medidas que eliminan la pena de muerte para delitos comunes, una decisión que representa un avance hacia un sistema judicial más humanitario y respetuoso de los derechos fundamentales. Paralelamente, Zambia ratificó el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compromiso que sella su intención de erradicar la pena capital y alinea sus políticas con las demandas internacionales de derechos humanos.
La situación en Asia también ha experimentado cambios relevantes. Malasia, en un movimiento considerado emblemático, abolió el carácter obligatorio de la pena de muerte para ciertos delitos. El país revisó más de mil sentencias, lo que permitió reducir de manera notable la población en riesgo de ejecución.
Este cambio legislativo no solo representa un avance interno, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio en la región para sustituir la pena capital por medidas alternativas que garanticen procesos judiciales más equitativos.
El ámbito internacional alcanzó un hito importante en diciembre de 2024. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas votaron a favor de una moratoria global sobre la pena de muerte. Este respaldo, sin precedentes en términos de consenso, indica una clara inclinación de la comunidad internacional hacia la abolición definitiva del castigo capital.
México ocupa un lugar distinguido en el debate internacional al haber adoptado hace ya décadas una postura abolicionista en materia de pena de muerte. El país eliminó esta práctica para delitos comunes en 2005 y, de hecho, la última ejecución se efectuó en 1976, lo que refleja un compromiso prolongado con los estándares internacionales de derechos humanos.
La legislación mexicana se rige por el principio de protección a la vida y la dignidad humana; además, México ratificó instrumentos internacionales que claman la eliminación progresiva de la pena capital y participa activamente en foros multilaterales donde se discute la erradicación de esta medida extrema.
