Khalil fue arrestado el 8 de marzo en su apartamento en Nueva York por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado al Centro de Detención de LaSalle en Jena, Luisiana. Su detención se enmarca en una ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra las manifestaciones propalestinas en campus universitarios, al utilizar una ley de 1952 que permite la deportación de extranjeros que perjudiquen los intereses de la política exterior estadounidense.
Trump acusa a este movimiento estudiantil de antisemitismo, mientras que defensores de las libertades fundamentales consideran que su detención y la de otros estudiantes atentan contra la libertad de expresión.
La defensa de Khalil argumenta que su detención y posible deportación violan derechos constitucionales, especialmente la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda. No se le imputaron cargos criminales y sus abogados sostienen que está siendo perseguido por sus opiniones políticas.
El juez Jamee Comans, quien presidió la audiencia, indicó que el gobierno presentó “pruebas claras y convincentes” para la deportación de Khalil, y se basó en sus creencias y actividades que, según el gobierno, comprometen la política exterior estadounidense.
En una carta dirigida al tribunal, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, insistió en que el activismo de Khalil puede perjudicar la política exterior de Washington.
Sin embargo, se negó a argumentar formalmente que el estudiante palestino nacido en Argelia estuviera alineado con Hamás, como informaron funcionarios a la prensa.
La carta, sin fecha, se refería en cambio a la "participación y el papel" de Khalil en presuntas "protestas antisemitas y actividades disruptivas que fomentan un entorno hostil para los estudiantes judíos en Estados Unidos". No hacía referencia a ningún presunto delito.