Donald Trump declaró una guerra contra las universidades que hace casi un año se convirtieron en sede de protestas contra las operaciones militares de Israel contra la Franja de Gaza.
"Se detendrá toda la financiación federal para cualquier secundaria, escuela o universidad que permita protestas ilegales", escribió Trump a principios de mes en su plataforma Truth Social.
"Los agitadores serán encarcelados o enviados de vuelta de forma permanente al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados de forma permanente o, dependiendo del delito, arrestados. ¡sin máscaras!", añadió.
El 7 de marzo, el mandatario anunció un recorte por 400 millones de dólares en los fondos federales que se otorgan a la Universidad de Columbia, acusada de haber sido pasiva "ante el persistente acoso a los estudiantes judíos" durante protestas contra la guerra en Gaza.
El comunicado, emitido por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, señaló que los recortes fueron una "primera serie de acciones" y que se espera que sigan cancelaciones adicionales.
"Desde el 7 de octubre (de 2023), los estudiantes judíos enfrentan una violencia implacable, intimidación y acoso antisemita en sus campus, para luego ser ignorados por quienes se supone que deben protegerlos", dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon. "Las universidades deben cumplir todas las leyes federales contra la discriminación si van a recibir fondos federales", afirmó.
Sari Hanafi, profesor de la Universidad Americana de Beirut, asegura que la censura contra académicos que critican las acciones de Israel contra Palestina comenzó desde mucho antes de la llegada del republicano a la Casa Blanca, pero que se intensificó en los últimos meses.
De acuerdo con un conteo propio sobre incidentes de represión contra académicos, en las primeras semanas de la presidencia Trump ya ocurrieron 65 casos, un pico en comparación con los años previos de su análisis.
“Los incidentes de cancelación de charlas sobre el conflicto israelí palestino en campus estadounidenses se suelen justificar con que estas conversaciones pueden herir la sensibilidad de algunos estudiantes, sin mencionar quiénes pueden ser lastimados”, dijo Hanafi en una conferencia en el Colegio de México este martes.
“Parece que los estudiantes no deben siquiera escuchar a los palestinos y por eso es mejor cancelar las clases”, agregó.
Los campus estadounidenses, incluido el de Columbia, se vieron sacudidos el año pasado por protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que provocaron acusaciones de antisemitismo.
La prestigiosa universidad de la Ivy League estuvo en el centro de la tormenta el año pasado.
Las autoridades de Columbia fueron interrogadas en el Congreso y la rectora Nemat Shafik, muy cuestionada por parte del profesorado y de alumnos por permitir el ingreso de las fuerzas del orden al campus para desalojar las protestas, por lo que finalmente renunció.
Además de los recortes a la financiación, los temores en el mundo académico de que la libertad de investigación y de expresión se vea amenazada durante el gobierno Trump aumentan por la detención de estudiantes que estuvieron en las protestas del año pasado.
Mahmoud Khalil, cabeza visible del movimiento de protesta en Columbia, fue detenido el 9 de marzo por "los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", dijo el sindicato Student Workers of Columbia en un comunicado, luego de que el presidente estadounidense prometiera deportar a estudiantes propalestinos que se manifestaran.
Khalil tenía residencia permanente en el momento de su arresto, lo que llevó a miles de personas a firmar una petición para pedir su liberación.
La detención cumple con "las órdenes ejecutivas del presidente Trump que prohíben el antisemitismo, y están en coordinación con el Departamento de Estado”, dijo el DHS.
El presidente amenazó en un mensaje en su red Truth Social con aplicar las mismas medidas contra otros manifestantes del campus, a los que, sin pruebas, acusó de ser "agitadores a sueldo".
"Encontraremos, detendremos y deportaremos de nuestro país a estos simpatizantes del terrorismo... para que no vuelvan nunca más", escribió Trump.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la detención "sin precedentes, ilegal y antiestadounidense".
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que esta detención, no choca con el respeto a la libertad de expresión.
"Se trata de personas que, para empezar, no tienen derecho a estar en Estados Unidos", dijo Rubio a periodistas en un viaje hacia Arabia Saudita. "Se te puede negar (el visado) si nos dices cuando lo solicitas 'Hola, estoy tratando de ingresar en Estados Unidos como estudiante y soy un gran partidario de Hamás'", agregó.
Otra estudiante de Columbia, la surcoreana Yunseo Chung, está a salvo de una detención gracias a un fallo judicial que frena una orden de arresto en su contra. Al igual que Khalil, Chung tiene una residencia permanente en Estados Unidos.
En ambos casos, las autoridades alegan que los estudiantes socavaron con sus acciones la política exterior de Estados Unidos, una acusación que permite al secretario de Estado deportar a extranjeros.
Otro caso es el de Badar Khan Suri, investigador postdoctoral de la Universidad de Georgetown, en Washington, quien fue detenido por presuntos vínculos con Hamás. El abogado de Suri denunció la detención como un intento de silenciar al académico.
La Universidad de Georgetown indicó que el doctor Suri recibió debidamente su visa para "continuar su investigación doctoral sobre la consolidación de la paz en Irak y Afganistán”.
"No tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad ilegal y no hemos recibido información sobre el motivo de su detención", sostuvo.
Los críticos de estas medidas sostienen que la campaña de la administración de Trump tendrá un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, mientras que sus partidarios insisten en que busca restablecer el orden en las universidades y proteger a los estudiantes judíos.
En otra acción paralela, varios profesores universitarios demandaron a la administración Trump el martes, con el argumento de que su política contra estudiantes extranjeros es ilegal.
"La política impide o dificulta que los miembros ciudadanos estadounidenses de los demandantes escuchen a sus estudiantes y colegas no ciudadanos y se reúnan con ellos", dice la demanda.
La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y la Federación Estadounidense de Profesores pidieron a un juez de Nueva York que declare inconstitucional el recorte de 400 millones de dólares del presupuesto de Columbia por parte de Trump, y que restablezca la financiación.
Columbia anunció el viernes una serie de concesiones sobre la definición de antisemitismo, la vigilancia de las protestas y la supervisión de departamentos académicos específicos para recuperar la financiación retenida por la administración del republicano.
La institución presentó un documento titulado "Avanzando en nuestra labor para combatir la discriminación, el acoso y el antisemitismo en Columbia", y comunicó la creación de una nueva "Oficina de Equidad Institucional”.
El paquete de reformas incluye, además, una revisión a los departamentos de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, una exigencia que había hecho la administración Trump a través de una carta.
Una semana antes informó de varias medidas disciplinarias —incluyendo suspensiones, revocaciones temporales de títulos y expulsiones— contra estudiantes que durante una protesta tomaron un edificio del campus.
Todd Wolfson, de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios que se unió a la demanda de los académicos, advirtió que Trump "no se detendrá ahí”.
Con información de AFP
