Una nueva escalada militar en el histórico conflicto por Cachemira tensó más las relaciones entre India y Pakistán. En la madrugada del 7 de mayo, el gobierno de Nueva Delhi lanzó ataques aéreos contra nueve presuntos campamentos yihadistas en la Cachemira administrada por Pakistán y el estado fronterizo de Punjab.
La ofensiva desató una respuesta inmediata: fuego cruzado de artillería a lo largo de la Línea de Control (LoC), la frontera de facto entre ambos países.
Los enfrentamientos ya dejaron al menos 38 muertos, según cifras oficiales: 26 del lado pakistaní —entre ellos dos menores de edad— y 12 del lado indio. A estos se suman decenas de personas heridas por los bombardeos y ataques de artillería en zonas civiles, principalmente en la ciudad india de Poonch y diversas localidades de la Cachemira pakistaní.
La operación fue justificada por el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, como una “respuesta precisa” al atentado del 22 de abril en Poonch, donde murieron 26 personas.
“Ejercimos nuestro derecho a responder a un ataque en nuestro territorio”, declaró Singh, citado por la agencia Press Trust of India. Agregó que los objetivos fueron “destruidos con gran precisión, asegurando que la población civil no se veía afectada”.
La región de Cachemira es motivo de conflicto entre India y Pakistán desde la partición del subcontinente en 1947. Tras la independencia, el principado de mayoría musulmana decidió unirse a India, lo que desató la primera guerra entre ambos países. Desde entonces, Cachemira se mantiene dividida: India controla los territorios de Jammu y Cachemira, mientras Pakistán administra Azad Kashmir y Gilgit-Baltistán.
El valor estratégico de Cachemira va más allá del reclamo territorial. En ella se encuentran glaciares que alimentan ríos fundamentales para ambos países, rutas clave de los Himalayas y zonas militarizadas de alta importancia geopolítica. La presencia de tres potencias nucleares —India, Pakistán y China— en la zona aumenta el riesgo de una confrontación mayor.
India sostiene que la región de Jammu y Cachemira es una parte integral de su territorio, y se basa en el Instrumento de Adhesión firmado por el maharajá Hari Singh en octubre de 1947 para argumentarlo. Este documento formalizó la unión del principado a la India tras la invasión de fuerzas tribales respaldadas por Pakistán.
Desde entonces, India administra la mayor parte de la región y rechaza cualquier intento de mediación internacional,pues considera el asunto como una cuestión interna.
En 2019, el gobierno del primer ministro Narendra Modi revocó el estatus especial de Jammu y Cachemira, lo que eliminó su autonomía constitucional y la dividió en dos territorios federales: Jammu y Cachemira, y Ladakh.
Nueva Delhi justificó esta medida como un paso necesario para integrar plenamente la región y combatir el terrorismo. La decisión fue criticada por diversos sectores internacionales y exacerbó las tensiones con Pakistán y China.
Pakistán, por su parte, nunca reconoció la legalidad de la adhesión de Cachemira a India. Islamabad argumenta que, dado que la mayoría de la población de la región es musulmana, debió llevarse a cabo un referéndum para determinar su futuro, tal como lo propuso inicialmente la ONU.
Pakistán administra las áreas de Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán, esta última en un estado de limbo administrativo, ya que no pudo ser plenamente integrada al país con la esperanza de que sus habitantes participen en un futuro referéndum de autodeterminación.
Además, Pakistán busca internacionalizar el conflicto, presentando a India como un Estado que oprime a la población musulmana de Cachemira. Esta estrategia tiene un éxito limitado, ya que muchos países priorizan sus relaciones económicas y estratégicas con la India.
El conflicto de Cachemira también involucra a China, especialmente en la región de Gilgit-Baltistán, que es clave para el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La presencia de trabajadores y proyectos chinos en esta área genera tensiones con la población local y aumenta la preocupación de India por la creciente influencia de China en una región que considera en disputa.
El detonante de esta nueva escalada fue el ataque del 22 de abril en la ciudad india de Poonch. Aunque ningún grupo tomó responsabilidad de la acción, Nueva Delhi responsabiliza al grupo yihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), con base en Pakistán y señalado por su presunta responsabilidad en los atentados de Bombay en 2008, que dejaron 166 muertos. La organización está clasificada como terrorista por la ONU.
Tras el atentado, los intercambios de disparos con armas ligeras en la frontera aumentaron, y los servicios de inteligencia indios comenzaron a preparar una ofensiva que finalmente se concretó con los bombardeos del 7 de mayo.
Habitantes de Poonch describieron el caos tras los ataques.
“Nos despertamos cuando escuchamos el ruido de los disparos”, relató Farooq, un residente herido, al diario Press Trust of India. “Vi que llovían proyectiles”, dijo desde el hospital, con la cabeza vendada.
De acuerdo con Azhar Majid, responsable municipal de la ciudad, ocho personas murieron y al menos 29 resultaron heridas por el fuego de artillería.
Organismos internacionales y potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas instan a ambos gobiernos a reducir las tensiones. “Distender la situación es urgente”, señalaron diplomáticos europeos en declaraciones recogidas por medios locales.
Aunque no es la primera vez que India y Pakistán se enfrentan militarmente en Cachemira, el contexto actual resulta especialmente sensible por el calendario político. India se encuentra en periodo electoral y el nacionalismo suele reforzarse con discursos duros en política exterior.
La región de Cachemira continúa así en el centro de una de las disputas más antiguas y peligrosas del mundo contemporáneo. Mientras las víctimas civiles aumentan, el riesgo de un conflicto de mayor escala entre dos potencias nucleares se mantiene latente.
Con información de AFP.
