Una jueza federal de Massachusetts bloqueó de manera temporal la decisión de la administración de Donald Trump que revocaba la certificación que permite a la Universidad de Harvard recibir estudiantes extranjeros. Esta medida fue suspendida tras una demanda presentada por la institución, que denunció una represalia política por negarse a someterse al control ideológico del gobierno.
El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la certificación SEVIS (Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio), indispensable para que las universidades estadounidenses puedan aceptar estudiantes con visados de no inmigrante F o J. El viernes, la jueza Allison Burroughs prohibió “a la administración Trump implementar (...) la revocación de la certificación SEVIS”, según documentos judiciales citados por AFP.
La medida gubernamental queda suspendida al menos hasta el 29 de mayo, cuando se celebrará una audiencia judicial preliminar. De acuerdo con Harvard, más de una cuarta parte de su alumnado proviene del extranjero. Para muchos, esta decisión ponía en riesgo tanto su futuro como los recursos internacionales que la universidad atrae cada año.
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, calificó la acción como una “acción ilegal e injustificada” por parte del gobierno estadounidense. “Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como advertencia para innumerables personas de universidades de todo el país que vienen a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños”, declaró el viernes.
En la demanda presentada ante el tribunal federal, Harvard aseguró que esta es “la última represalia del gobierno en clara respuesta al ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes”.
También argumentó que el veto violaba derechos fundamentales y solicitó detener “la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno”.
Desde el inicio de su segunda administración, Trump señaló a Harvard como un símbolo de la ideología liberal progresista que rechaza. La universidad recibió críticas por parte del presidente por su negativa a permitir supervisión federal en procesos de admisión y contratación, pero se mostró firme frente a las acusaciones del republicano.
Durante el anuncio oficial, Kristi Noem acusó a la institución de fomentar la violencia, el antisemitismo y de mantener coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus. Los estudiantes chinos representan más del 20 % del total de la matrícula internacional en Harvard, según cifras oficiales de la universidad.
El gobierno chino criticó con dureza la decisión. “La parte china se ha opuesto sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien advirtió que la medida “solo dañará la imagen y la posición internacional de Estados Unidos”.
Karl Molden, un estudiante austríaco de literatura clásica en Harvard, relató a AFP que solicitó su traslado a la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, por miedo a las decisiones del gobierno estadounidense. “Da miedo y es triste”, afirmó. Molden describió su admisión en Harvard como el “mayor privilegio” de su vida.
El impacto de la medida no solo sería académico y emocional. Harvard podría perder una parte importante de sus ingresos. Las matrículas anuales para estudiantes internacionales ascienden a decenas de miles de dólares, y la exclusión de este grupo comprometería también sus redes globales de influencia y cooperación.
Además, líderes de la sección de Harvard de la Asociación de Profesores Universitarios calificaron la decisión del gobierno como “la última de una serie de medidas abiertamente autoritarias y de represalias contra la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos”.
En paralelo, la Casa Blanca anunció que mantiene congelados 2,200 millones de dólares en subvenciones federales dirigidas a Harvard, así como 60 millones de dólares en contratos oficiales. También deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de la universidad, en una serie de acciones que Harvard describe como parte de una campaña de presión y censura ideológica.
La ofensiva del gobierno de Trump contra las universidades no se limita a Harvard. En marzo, agentes federales detuvieron a Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts y becaria Fulbright, por su participación en actividades propalestinas. La detención ocurrió tras la publicación de un artículo de opinión en el periódico estudiantil donde criticaba la postura de la universidad frente al conflicto en Gaza.
El arresto de Ozturk, realizado por agentes encubiertos, fue captado en video y generó una ola de protestas en el campus y en redes sociales. La estudiante fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado fuera de Massachusetts sin previo aviso.
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), se sumaron a su defensa legal, argumentaron que su detención violaba sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso. La jueza federal Denise Casper ordenó la prohibición temporal de su deportación para dar tiempo a resolver si su tribunal conserva la jurisdicción sobre el caso.
El caso de Ozturk fue interpretado por muchos como un intento del gobierno de Trump de silenciar las voces críticas dentro de las instituciones académicas, especialmente aquellas que expresan solidaridad con Palestina.
Con información de AFP.
