Trump también ha atacado a ciertas agencias gubernamentales cuyos estatutos garantizan normalmente su independencia. Es el caso de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), encargada de velar por la seguridad de los productos de consumo.
En mayo, Trump destituyó a tres de los cinco directores de la agencia, todos nombrados por presidentes demócratas.
La decisión fue impugnada ante los tribunales y un juez federal la suspendió unas semanas después.
La justicia parece ser ahora uno de los últimos baluartes contra el deseo de Trump de ampliar su autoridad. Pero la capacidad de los jueces federales para circunscribir el Poder Ejecutivo se vio seriamente mermada a finales de junio por una sentencia de la Corte Suprema, que les impedía dictar sentencias de alcance nacional en la mayoría de los casos.
"El Tribunal Supremo se ha convertido en un fuerte aliado del Poder Ejecutivo", afirma Schiller.
De los nueve jueces del máximo tribunal, seis son conservadores, y tres de ellos fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.
"Presidencia imperial"
En las últimas semanas, el republicano ha dirigido su ira contra otra institución: la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central).
La independencia de la Fed está siendo atacada casi a diario por el republicano, que no aprecia las decisiones de la institución y ha planteado incluso destituir a su presidente, Jerome Powell. Pero este despido es legalmente imposible en ausencia de una falta grave.
En la historia reciente, ningún presidente estadounidense ha acumulado tanto poder como Trump, señala Perry, porque todos los demás "han estado sujetos al control de su poder por el Congreso y la Corte Suprema, o por fracturas dentro de sus propios partidos políticos".
El concepto de "presidencia imperial", que durante mucho tiempo estuvo reservado a los círculos académicos, se hizo realidad gracias a Trump, afirma Schiller.
Para el consultor político Andrew Koneschusky, un freno a los poderes del presidente republicano podría llegar en última instancia en las urnas, con las elecciones generales de mitad de mandato de noviembre de 2026.
Pero el hecho de que los sondeos y la perspectiva de elecciones sean las principales salvaguardas del Ejecutivo "no es del todo tranquilizador", admite Koneschusky.
