El Departamento de Justicia dijo que los cambios están diseñados para "promover la eficiencia y la gobernanza eficaz", muestran los documentos.
El plan ha suscitado las críticas de los congresistas demócratas y de antiguos empleados del departamento, que afirman que podría perjudicar el trabajo crítico.
La oficina de prensa del Departamento de Justicia, cuyo personal está limitado debido a la paralización parcial del Gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios.
Los documentos no incluyen un plan, del que se informó por primera vez en marzo, para fusionar la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
La idea se enfrentó a una reacción bipartidista en el Congreso, así como a la resistencia de los empleados de la DEA y la ATF y a la oposición de las organizaciones de control y defensa de las armas.
El plan aprueba el cierre de los Grupos de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado, una oficina interinstitucional dirigida por fiscales creada en la década de 1980, durante la presidencia de Ronald Reagan, para hacer frente a los grandes cárteles de la droga.
También cierra el Servicio de Relaciones Comunitarias, una oficina que durante 60 años ha ayudado a mediar en la tensión racial y étnica en todo Estados Unidos, y una unidad que ayuda a garantizar que los estadounidenses tengan acceso a la asistencia jurídica conocida como Oficina de Acceso a la Justicia, según los documentos.
