Donald Trump criticó la semana pasada lo que considera una Europa "decadente", gobernada por algunos líderes "estúpidos" y con una política migratoria demasiado "políticamente correcta”.
Sobre los inmigrantes en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países”.
Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen”.
Sin embargo, los países europeos han endurecido su política migratoria en los últimos meses, en parte, debido a un auge de gobiernos conservadores en el continente. Estos son algunos de los principales cambios.
Globalmente, el número de extranjeros en Europa sigue aumentando, aunque los flujos migratorios se han ralentizado.
Según datos de Eurostat, al 1 de enero de 2024 residían en el continente cerca de 29 millones de ciudadanos de terceros países, lo que equivale al 6.4% de la población. En 2021, la cifra era de 23,8 millones.
Alemania, España, Francia e Italia concentran cerca del 70% de los extranjeros que residen en la Unión Europea.
Hoy en día, los permisos de residencia por motivos laborales son la principal vía de entrada a la Unión Europea. En 2024 se expidieron 1.1 millones de títulos de este tipo, lo que representa el 32% del total, frente a los 589.000 registrados en 2015 (29.6%).
En algunos sectores, los extranjeros están "sobrerrepresentados" respecto a su peso en la población europea, especialmente en la salud y la construcción, indica el investigador.
Los médicos extranjeros representan el 22% del total en Alemania, el 18% en Francia y hasta el 41% en el Reino Unido, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A finales de 2024, Eurostat contabilizó un millón de solicitantes de asilo en Europa, una cifra que supone una caída del 11% respecto a 2023. De ellos, menos de la mitad (438,000) obtuvieron el estatus de refugiado que les otorga el derecho a quedarse.
El número de solicitantes de asilo no ha vuelto a alcanzar el nivel registrado durante la crisis migratoria de 2015, cuando cientos de miles de refugiados sirios que huían de la guerra llegaron a Europa. Entonces se contabilizaron 1.3 millones de solicitudes.
En el ámbito de la inmigración clandestina, en 2024 se reportaron cerca de 200,000 llegadas irregulares a las costas europeas, cinco veces menor que en 2015, según datos de Naciones Unidas.
La caída se explica, en parte, por los acuerdos con Turquía, Libia y Túnez para controlar las salidas. Unos pactos fuertemente criticados, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos.
Esta disminución de casi 20%, sin embargo, no ha reducido la presión sobre los gobiernos para actuar sobre un asunto políticamente explosivo. Todo lo contrario.
Los miembros de la Unión Europea aprobaron el 8 de diciembre de este año un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de "centros de retorno" fuera del bloque, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.
Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.
Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo, que incluyen penas de cárcel.
A esto se suma la posibilidad de enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere “seguros”.
De acuerdo con las normas de asilo, un país de la UE podrá rechazar una solicitud de asilo si la persona podría haber recibido protección en un país que la UE considere seguro.
Las propuestas han desatado la indignación de la izquierda y de las organizaciones que defienden a los exiliados, quienes denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.
"En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica", advirtió Silvia Carta, de PICUM, una ONG que trabaja en la defensa de los migrantes en situación irregular.
A pesar de las fuertes críticas de más de 200 organizaciones, es probable que los elementos clave de las propuestas de la Comisión Europea se conviertan en ley.
Los países de la UE también acordaron su "fondo de solidaridad" para 2026, en el que podrán decidir si ayudan a los países mediterráneos con 21,000 reubicaciones, 420 millones de euros en fondos u otras medidas.
Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE en materia de migración y asilo de Amnistía Internacional, afirmó el lunes que las posturas acordadas reflejan el enfoque "deshumanizador" de Estados Unidos y calificó de "cruel" el plan de centros de retorno.
"La posición de los ministros de la UE sobre el Reglamento de Retorno revela la insistencia obstinada y equivocada de la UE en aumentar las deportaciones, las redadas, la vigilancia y la detención a cualquier precio", dijo Sundberg en un comunicado.
"Estas medidas punitivas suponen un recorte sin precedentes de los derechos basados en el estatus migratorio y dejarán a más personas en situaciones precarias y en un limbo legal”.
Si el bloque aprobó medidas más duras contra la inmigración, los Estados miembros no se han quedado atrás en sus políticas nacionales.
En Alemania, el país que acoge al mayor número de extranjeros dentro de la Unión Europea, desde que llegó al poder en mayo, el conservador Friedrich Merz aplica una política de asilo más restrictiva.
En lo que va de año, el número de solicitudes de asilo en Alemania se redujo a más de la mitad en comparación con 2024.
Italia ya firmó un controvertido acuerdo con Albania para externalizar el procesamiento de los solicitantes de asilo interceptados en el mar. La iniciativa, sin embargo, permanece bloqueada por múltiples recursos judiciales.
Desde su llegada al poder en 2022, la primera ministra Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia), ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una de sus prioridades.
Al mismo tiempo, el gobierno italiano aumentó la concesión de visados de trabajo: 450,000 entre 2023 y 2025, frente a los 75,700 de 2022. La medida busca paliar la escasez de mano de obra en un país envejecido y golpeado por la caída de la natalidad.
Este doble rasero también se observa en Hungría, donde en 2024 solo se contabilizaron 29 solicitantes de asilo (excluyendo a los procedentes de Ucrania).
Paralelamente, el número de extranjeros ha aumentado en la última década bajo el gobierno del nacionalista Viktor Orban, a través de su política de trabajadores "invitados". La cifra pasó de cerca de 146,000 a más de 255,000 previstos para 2025.
Fuera de la UE, en el Reino Unido, la inmigración neta cayó un 69% en un año en 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas.
Los datos confirman una tendencia a la baja desde el pico alcanzado en 2023, como consecuencia de las políticas del anterior gobierno conservador. Las travesías irregulares por el canal de la Mancha, sin embargo, continúan.
