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Petro deja menos pobreza, pero una Colombia más endeudada

El presidente saliente reduce desempleo y pobreza multidimensional, pero entrega finanzas públicas deterioradas y bajo crecimiento.
El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante la Marcha por la Soberanía y la Democracia contra las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump a Petro en la Plaza Bolívar en Bogotá el 7 de enero de 2026. Donald Trump mantuvo su primera llamada telefónica con su homólogo colombiano Gustavo Petro el 7 de enero, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, días después de que el presidente de los Estados Unidos lo amenazara con acción militar.
Petro deja una Colombia más endeudada, donde la informalidad laboral aún es alta. (FOTO: LUIS ACOSTA/AFP)

Colombia, la cuarta economía más importante de Latinoamérica, celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo. Los colombianos decidirán si ratifican a la izquierda, en el gobierno por primera vez, o giran hacia la derecha.

Sin posibilidad de reelección, el presidente Gustavo Petro termina su mandato con un legado mixto en términos económicos. En el lado positivo, dejará al país con una menor tasa de desempleo y salarios más altos.

“También se ha observado cierta mejora en materia de pobreza. Y no solamente la pobreza monetaria, sino también la pobreza multidimensional”, es decir, aquella que toma en cuenta el acceso a infraestructuras básicas, dice Remi Jean Emile Stellian, profesor asociado del Departamento de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), en entrevista con Expansión.

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De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza multidimensional se ubica en 9.9% en 2025, la primera vez que el indicador rompe el piso del 10%.

La cifra representa una reducción de 1.6 puntos porcentuales frente al 11.5% registrado en 2024, con lo que 793,000 personas salieron de esa condición durante este periodo. Es el quinto año consecutivo de caída desde 2020, cuando el indicador llegó a 18.1%.

Sin embargo, en el lado negativo, Petro deja una Colombia más endeudada, donde la informalidad laboral aún es alta y con una inflación superior al 6%.

Más deuda, sin inversión pública

Petro recibió una economía débil tras la pandemia, recaudó menos impuestos de lo esperado y llevó al límite las arcas del Estado para financiar políticas sociales cuando el Congreso puso freno a algunas de sus reformas.

El gobierno de Petro termina con un déficit fiscal de casi el 7% del PIB y una deuda pública que supera el 64% del PIB.

Este deterioro en las finanzas públicas “podría terminar perjudicando la implementación de nuevos proyectos en el próximo gobierno, proyectos que apuntarían a mejorar el bienestar general, de la población en materia de educación, o en materia de salud”, dice Stellian.

El problema de la deuda pública, explica el economista, es que fue destinada principalmente a la financiación de gasto corriente, en lugar de inversión en infraestructura.

“No son gastos que apuntan a tener un impacto de largo plazo en la educación, en la productividad, en la disponibilidad de equipos y demás elementos de capital fijo que son fundamentales para las dinámicas macroeconómicas”, dice el académico de la PUJ.

La “trampa de subdesarrollo”

El gasto enfocado en el funcionamiento de las administraciones públicas no se tradujo en un crecimiento económico significativo. Durante el gobierno Petro, el crecimiento anual del PIB no ha superado el 2%, una cifra débil para el potencial del país sudamericano.

PIB Colombia 2023 2025

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Para el especialista, Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, se encuentra atrapada en la trampa del subdesarrollo o la trampa del estancamiento económico, un fenómeno que que puede afectar a un país cuando perpetúa un bajo desempeño económico acompañado por el debilitamiento de la inversión fija, baja productividad, altas tasas de informalidad y hasta el debilitamiento de sus instituciones.

Stellian señaló que el gobierno de Petro cometió un error al centrar su política en la búsqueda de reformas, como la reforma laboral o la reforma al sistema de salud en lugar de enfocar sus esfuerzos en inversiones en infraestructura o educación.

El economista explicó que la situación de las finanzas públicas deterioradas limita el margen de maniobra para implementar proyectos ambiciosos con efectos a largo plazo.

El especialista de la Javeriana cuestiona las cifras de desempleo del gobierno de Petro, pues aunque son bajas, gracias a la contratación de más personas en el sector público, ocultan otra realidad: muchos de esos empleos son contratos temporales, que no garantizan un trabajo estable.

“Hay que mencionar esa plaga que tiene que ver con la informalidad, más de la mitad de los trabajadores colombianos no tienen un trabajo formal, no pueden por lo tanto, acceder tampoco plenamente al sistema de protección social”, dice el economista.

¿Qué proponen los candidatos presidenciales en la materia?

Ante el complicado panorama económico, los tres principales candidatos a la presidencia —Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda— proponen tres visiones distintas de cómo abordar estos desafíos.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el movimiento político detrás de Petro, propone una transición desde el asistencialismo de subsidios temporales hacia una redistribución estructural de la riqueza y una “igualdad sustantiva”.

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Su modelo se fundamenta en la revolución agraria para convertir a Colombia en una despensa agroalimentaria mundial, potenciando la economía campesina y popular.

Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, tiene como objetivo central transformar a Colombia en una de las 25 naciones más prósperas del mundo, elevando el crecimiento anual al 7%.

Su visión plantea una transición de la “administración de la escasez” hacia la “abundancia” mediante un ajuste fiscal drástico, una reducción sustancial del tamaño del Estado y una agresiva desregulación del sector privado.

Por último, Paloma Valencia, candidata del derechista Centro Democrático, fundamenta su modelo económico en la recuperación de la confianza inversionista y la disciplina fiscal como motores para alcanzar un crecimiento del 5% anual del PIB.

Su propuesta busca transformar a Colombia en un “país de propietarios” mediante la formalización progresiva, el fortalecimiento del sector exportador y la reactivación de la infraestructura y el sector minero-energético.

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