Cuando Moody's Ratings recortó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 el pasado 20 de mayo, los titulares se llenaron de las palabras de siempre: déficit, Pemex, gasto rígido, bajo crecimiento. Todos los conceptos correctos, pero inguno suficiente. Porque hay algo que la cobertura financiera rara vez se detiene a examinar, algo que el análisis de gobierno corporativo y la gestión de riesgos obligan a ver con mayor nitidez. Lo que Moody's está calificando no es solo la salud de las finanzas públicas. Está calificando la calidad de las instituciones que las gobiernan.
La fiebre fiscal que Moody’s acaba de confirmar
Lo que Moody's está calificando no es solo la salud de las finanzas públicas. Está calificando la calidad de las instituciones que las gobiernan.
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Permítame ir más allá de las cifras. En el mundo corporativo, cuando una organización incumple de manera reiterada sus propias políticas internas, su manual de riesgos, sus límites de crédito, sus compromisos de rendición de cuentas; los auditores y los inversionistas no reaccionan únicamente al incumplimiento puntual. Reaccionan a lo que ese incumplimiento revela sobre la cultura que gobierna la organización. Moody's ha documentado que desde 2023, México ha violado de forma sistemática tanto la regla de balance presupuestario como el ancla de deuda. Para alguien que lleva años asesorando en cumplimiento normativo, eso no es un dato contable más; es evidencia de que los mecanismos de control interno del Estado no están funcionando como deberían.
Una calificación soberana no mide solo el saldo en caja. Mide la confianza en que quienes administran esa caja respetarán las reglas que ellos mismos se impusieron. La diferencia entre una empresa que incumple sus políticas una vez ante circunstancias extraordinarias y una que las incumple de forma recurrente porque existen otras prioridades es precisamente la diferencia que las calificadoras intentan capturar. Y esa diferencia tiene un precio en los mercados.
Pemex como pasivo contingente sin gestión efectiva
Toda organización seria aprende a identificar y contener sus pasivos contingentes. Los más peligrosos no son los que explotan de golpe, sino los que drenan capital de forma sostenida y silenciosa. Pemex es, desde hace años, el pasivo contingente más grande y más visible de México. En 2025, el gobierno federal inyectó el equivalente a 1.9 puntos del PIB a la empresa, y presupuestó otros 0.7 puntos para este año. El resultado, según la propia calificadora, es que el indicador de intereses sobre ingresos del gobierno ya alcanza el 17%, uno de los más elevados entre los países que comparten calificación Baa. Más alla de ser un problea coyuntural, es una arquitectura de riesgo.
Lo que más me preocupa no es el número en sí. Es que esta situación ha sido conocida, documentada y advertida durante años, y sin embargo la respuesta institucional ha sido continuar con las inyecciones. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, eso configura lo que los especialistas llamamos un sesgo de statu quo elevado a política pública. Y ese sesgo tiene consecuencias que ahora estamos midiendo en escalones de calificación crediticia.
Seré justo. México conserva fortalezas genuinas que no pueden ni deben minimizarse. Las reservas internacionales superan los 257,000 millones de dólares. El Banco de México ha mantenido su autonomía y su credibilidad en materia de política monetaria. La estructura de la deuda pública, con cerca del 80% en moneda nacional y a tasa fija, reduce de manera significativa las vulnerabilidades externas. El acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, en el contexto del T-MEC, sigue siendo uno de los activos estratégicos más importantes que tiene el país. Pero la experiencia me ha enseñado que los activos no se defienden solos. Requieren instituciones que los protejan, reglas que se respeten y una cultura organizacional en la que el largo plazo no sea siempre la primera víctima de las urgencias políticas del presente.
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El verdadero reto de México en los próximos 18 meses no es convencer a Moody's de que el panorama ha mejorado. El reto es construir, o reconstruir, la credibilidad de que las reglas fiscales son obligatorias y no aspiracionales. Porque en el lenguaje de los mercados internacionales, esa diferencia no se mide en discursos. Se mide en calificaciones. Y hoy, esa calificación nos dice que estamos a un escalón del borde.
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Nota del editor: Pedro Javier Leyva Lizárraga es especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), Gobierno Corporativo y gestión de riesgos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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