El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina indica que el el Decreto del 10 de junio de 1829, por el que se creó la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas, establecía que España tenía la posesión material y ejercía su soberanía plena sobre las Islas Malvinas al momento del inicio de la guerra de Independencia el 25 de mayo de 1810.
De acuerdo con el documento, la posesión española sobre las islas se basaba en el derecho de primer ocupante, el consentimiento de las principales potencias marítimas europeas y la proximidad de las islas al continente.
Finalmente, el documento señalaba que la República heredó todos los derechos sobre los territorios de la antigua metrópoli y continuó ejerciendo actos de dominio sobre ellos.
Sin embargo, Reino Unido ocupa y administra las islas, llamadas en inglés Falkland, desde 1833.
La Asamblea General de la ONU reconoce desde 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina sobre las islas Malvinas (Falklands, para Reino Unido), Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y cada año el Comité de Descolonización de la ONU llama a encontrar una "solución pacífica de la controversia”.
En 2013, un 97% de los isleños eligió en un referéndum seguir en la órbita británica, y la reina ratificó las islas como territorio de ultramar.
"Mi gobierno garantizará la seguridad, buena gobernanza y desarrollo de los territorios de ultramar, incluida la protección del derecho de los habitantes de las Falklands y de los gibraltareños (por el Peñón que reclama España) a determinar sus futuros políticos", dijo entonces la reina Isabel II al Parlamento.
Argentina rechazó el referéndum y su resultados "Se trata de un ejercicio propagandístico que no alterará en nada la situación existente. Las Islas Malvinas continuarán siendo consideradas por las Naciones Unidas como un territorio sujeto a descolonización", indica un comunicado de la cancillería.
El gobierno argentino desde entonces reitera constantemente ante los organismos internacionales, regionales y la comunidad en general, el llamado al Reino Unido a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.