La condena de Xu refuerza esa señal.
El caso Evergrande muestra que el gobierno chino no está dispuesto a garantizar que los grandes desarrolladores queden protegidos frente a sus excesos financieros, incluso cuando se trata de compañías que llegaron a tener una enorme relevancia económica.
Al mismo tiempo, Pekín enfrenta el reto de evitar que la crisis inmobiliaria se convierta en un lastre permanente para el crecimiento.
El problema para China todavía no termina
El juicio contra Xu Jiayin puede cerrar el capítulo judicial de Evergrande, pero no resuelve los problemas que provocaron el colapso del grupo.
China estableció para este año una meta de crecimiento económico de entre 4.5% y 5% del PIB, uno de sus objetivos más bajos en décadas.
Sin embargo, el desempeño reciente muestra las dificultades para alcanzarla. El crecimiento del segundo trimestre quedó por debajo de ese rango, mientras que las ventas minoristas disminuyeron en julio y la inversión inmobiliaria acumuló hasta julio una caída de una quinta parte.
Por eso, la caída de Evergrande funciona como algo más que la historia de una empresa que acumuló demasiada deuda.
Es el reflejo de un cambio en el modelo económico chino: el sector que durante décadas impulsó la expansión del país ahora representa uno de los principales riesgos para su crecimiento.
La cadena perpetua de Xu Jiayin cierra el expediente de uno de los mayores colapsos empresariales de China. Pero la crisis inmobiliaria que convirtió a Evergrande en su símbolo todavía no tiene una sentencia definitiva.
