El GIEI expone su legado en atención a víctimas y construcción de confianza
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado para investigar el caso Ayotzinapa, expusieron las principales contribuciones que, desde su visión, su participación dejará en México, luego de que el próximo 30 de abril concluya su encomienda.
Los especialistas destacaron que su gestión —que inició en febrero de 2015 cuando fueron designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir con las indagatorias en torno a la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero— aportará en temas como construcción de confianza de la ciudadana en las investigaciones y en acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
"Cuando los hechos se develan con pruebas que son contrastables, lo que se recupera es la confianza de la ciudadanía. Yo creo que ése es uno de los mayores aportes del Grupo", señaló la guatemalteca Claudia Paz y Paz, exfiscal y jueza experta en Derecho Penal.
Los miembors del GIEI destacaron su legado en un video publicado a unos días de que presenten su informe final sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 —este domingo—, luego de que el Gobierno de la República determinó no renovar para un tercer periodo el acuerdo con la CIDH que formaliza la participación del Grupo.
"Aumentar el nivel de compromiso en términos del acompañamiento a las víctimas en enfrentar esa situación, es una lección también para el país. Un país que se vuelve indolente frente a esa problemática, que deja en la cuneta de la historia a tanta gente, cuestiona la calidad de su democracia y del Estado de Derecho. No es solamente respecto a las víctimas. De eso, todo México tiene que aprender", indicó a su vez el español Carlos Martín Beristain, especialista médico y psicosocial con experiencia en Comisiones de la Verdad en casos de otros países.
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“Si no nos dejamos tocar por el dolor y el sufrimiento de la gente, no va a haber una movilización de la estructura institucional para hacer frente a un delito tan grave, tan brutal y que genera tantos impactos a mediano y largo plazo (como la desaparición forzada). Es una herida constantemente abierta”, agregó el perito español.
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El GIEI —conformado además por los colombianos Alejandro Valencia Villa y Ángela Buitrago, así como por el chileno Francisco Cox Vial— ha sostenido diferencias con la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de las averiguaciones oficiales de parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La más reciente se dio luego de que las autoridades mexicanas revelaron los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero de Cocula donde se mostró que hubo un incendio controlado en la zona.
Anteriormente, los especialistas habían indicado que no había elementos para suponer que los estudiantes hubieran sido incinerados ahí, como aseguraron los testimoniales de la PGR. Según la versión del gobierno federal —conocida comúnmente como la "verdad histórica"—, los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel de Guerreros Unidos, quienes habrían quemado a las víctimas y arrojados los restos a un río, pero diversos expertos dudan del destino final de los normalistas; sus familiares, incluso, exigen que continúe la búsqueda de sus seres queridos.
“Iguala es la punta del iceberg de la desaparición forzada en Guerrero y que el estado de Guerrero es también la punta del iceberg de la desaparición forzada en México”, dijo Valencia Villa.
