#LosPiratasDeBorge desembarcan en el Congreso de Quintana Roo
La administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue llamada a rendir cuentas ante el Congreso estatal en torno a los despojos a particulares y desalojos irregulares de predios en zonas turísticas a partir de juicios laborales amañados, revelado en la investigación "Los Piratas de Borge" , elaborada por Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
El encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión estatal, Pedro Pablo Torres Tejero, respondió a diputados locales que lo cuestionaron este miércoles al respecto, durante su comparecencia por el 5° Informe de Gobierno, que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal por el actuar de los funcionarios públicos de las juntas de conciliación y arbitraje, señalados por particulares afectados por dicha trama.
“No existe hasta el momento, ninguna queja, demanda o como le pudieran llamar en contra de alguno de los servidores públicos presentada ante la Secretaría del Trabajo”, dijo.
Torres Tejero, a pregunta expresa de los legisladores, señaló que estarán pendientes de si se comprueba y se presenta una denuncia formal relacionada con la investigación #LosPiratasDeBorge, publicada en julio pasado.
EDITORIAL: El despojo en Quintana Roo debe ir a juicio
Durante la reunión, el diputado panista Fernando Zelaya cuestionó sobre el número de juicios labores que terminaron en laudos, los bienes que fueron embargados para garantizar la indeminización de trabajadores, los procesos actuales y si había denuncias contra funcionarios públicos que realizaron y terminaron en acciones jurídicas que —según se documentó— sirvieran para despojar de bienes a las víctimas.
Al respecto, Torres Tejero reiteró que no tienen ninguna denuncia ante la Secretaría en relación a los hechos que llamaron la atención a nivel internacional e incluso provocaron el pronunciamiento de las embajadas de Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos.
En julio pasado, Expansión en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción reveló que empresarios y particulares en Quintana Roo habían sido despojados de bienes a través de una maquinaria institucional operada por una red que involucra a funcionarios públicos de la administración del gobernador Borge.
Los denunciantes afirmaron que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o a través de compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública mediante juicios civiles exprés.
nullLa semana pasada, Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron una actualización en la que se reveló que la transnacional Nestlé y el empresario Alejandro Ramírez habían sido afectados por esta red.
En la comparecencia, Trejo Tejero aseguró que la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje son instancias que toman sus propias determinaciones, en las que no tiene injerencia la Secretaría de Trabajo. La citada legislación muestra que dichas instancias están subordinadas al Ejecutivo estatal, puesto que “el nombramiento y remoción del presidente del Tribunal, de la Junta Local y de los presidentes de las juntas especiales corresponde libremente al gobernador del estado”.
Al respecto, el diputado Zelaya solicitó que, apenas se tenga una denuncia formal, se tomen acciones por las supuestas irregularidades.
El también panista Eduardo Martínez Arcila cuestionó al encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo estatal sobre si pudo haber advertido lo que estaba pasando en las Juntas de Conciliación y en torno al caso del presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila, quien está señalado como implicado en los despojos.
Trejo Tejero informó que el funcionario presentó su renuncia el pasado 1 de septiembre, por lo que ya dejó de prestar servicios.
