Sobrecostos y obras inconclusas 'ensucian' la ampliación del hangar presidencial
La modernización y ampliación del hangar presidencial estuvo marcada en 2015 por pagos con sobreprecio, obras inconclusas y erogaciones indebidas, de acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública de ese año realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El proyecto fue encargado a Concretos y Obra Civil del Pacífico, una filial de Grupo Higa —consorcio implicado en 2014 en un posible conflicto de interés derivado de su relación con la familia del presidente Enrique Peña Nieto—, que entregó los trabajos el 22 de diciembre de ese año, con un precio final de 977 millones de pesos (mdp), 23% más del monto originalmente previsto: 794 mdp.
Dentro este marco, el informe del órgano fiscalizador advierte que, para empezar, la asignación del contrato se efectuó sin considerar las mejores opciones para el erario.
“La adjudicación de la empresa se basó en un procedimiento interno realizado por funcionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se proporcionó la evidencia de mercado que acreditara que la opción propuesta fue la mejor opción (…) con lo que se incumplió con el objeto del contrato y generó un sobrecosto en la ejecución de los trabajos”, señala el documento.
Como consecuencia, la Auditoría indica que hubo pagos con sobreprecio por 141 mdp. De ellos, 118.5 mdp correspondieron a labores comprendidas en el contrato de obra y 22.7 mdp a la supervisión de la misma.
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Los posibles daños al erario
En su revisión, además, la ASF encontró irregularidades que implican un posible daño patrimonial por 139 mdp, derivado de acciones llevadas a cabo durante el desarrollo de los trabajos.
Por ejemplo, se detectaron pagos indebidos a personal de supervisión contratado para una fase que finalmente fue cancelada.
Otro caso lo representa la erogación de 28.3 mdp en transporte de materiales. Según la ASF, la empresa contratista cobró el acarrero de un metro cúbico de material por camión, cuando cada vehículo tenía capacidad para siete metros cúbicos.
“El AICM no verificó que los precios unitarios de los conceptos mencionados estuvieran integrados correctamente, ya que no se tomaron en cuenta los costos vigentes de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos”, dice el informe del órgano fiscalizador.
Además, se detectaron anomalías por 22.4 mdp, derivadas de que el encargado de la obra no verificó el rendimiento de los trabajos y de que hubo duplicidad en los precios de materiales. Otra falla, por 20.1 mdp, se debió a que en el proyecto la compañía contempló cantidades y calidades de acero distintas a las que finalmente fueron usadas.
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Obras inconclusas
Sumado a lo anterior, la Auditoría detectó que, de las tres fases pactadas en el contrato, la última fue cancelada en su totalidad, lo que ocasionó que algunos trabajos quedaran inconclusos y que se tuviera que recurrir a alguien más para terminarlos.
“Se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para terminar los trabajos que quedaron pendientes, a pesar de que éstos no se habían entregado a la dependencia y seguían bajo resguardo de la contratista”, dice el informe.
Dicho acuerdo, por 74 mdp, fue firmado por la Sedena, la Oficina de la Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En sus informe general, la Auditoría Superior detalla que, considerando tanto las instituciones federales como los gobiernos estatales, en 2015 hubo subejercicios o posibles daños al erario por 165,000 mdp.
