Un juez emite órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de Borge

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que tiene abiertas 17 carpetas de investigación en contra de diversos servidores públicos de la pasada administración estatal.
Gestión bajo la lupa El exgobernador Roberto Borge es investigado por la venta irregular de propiedades del estado y por despojos a particulares.

Un juez de control giró órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la administración del anterior gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien enfrenta acusaciones por despojos y la venta irregular de terrenos de propiedad estatal.

La Fiscalía General del estado, que no detalló el número de personas bajo la mira, ni tampoco sus nombres ni cargos, argumentando el sigilo que deben guardar las indagatorias, señaló que hasta ahora tiene abiertas 17 carpetas de investigación contra servidores públicos del pasado sexenio.

“Han sido 17 carpetas de investigación iniciadas de exfuncionarios en toda la geografía estatal y las otras siguen integrándose para posteriormente ser judicializadas, dependiendo de los delitos acreditados”, informó la dependencia en un comunicado.

Agregó que será la propia fiscalía, a través de la Policía Ministerial, la que se encargue de cumplimir las órdenes de arresto.

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Desde finales de 2016, el gobierno de Carlos Joaquín González, quien ganó el cargo con una alianza PAN-PRD, informó que interpuso

en contra de exfuncionarios de la administración de Borge, por irregularidades cometidas durante su gestión.

Entre las conductas detectadas están arrendamiento de maquinaria sin documentación de soporte, abuso de autoridad, usurpación de funciones y desvío de recursos, por las que se presume un daño al erario cercano a los 2,388 millones de pesos.

Algunos de los señalados son Fernando Escamilla, exsecretario de Infraestructura y Transporte; Ariel Federico Meses y Andrés Canún, quienes fueron subsecretarios de Infraestructura; Eliécer Villanueva, funcionario de la Secretaría de Finanzas y, Paulina García, secretaria de Desarrollo Urbano.

Borge, aún militante del PRI, también enfrenta denuncias penales por la presunta venta de terrenos propiedad del estado a precios por debajo de su valor comercial, de los cuales la Procuraduría General de la República (PGR) ya logró recuperar 25, aunque la administración estatal sostiene que

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