Duarte se reserva el derecho de aceptar la extradición a México
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó este miércoles el derecho de aceptar la extradición a México hasta que llegue la solicitud formal de este proceso en su contra, por lo que el tribunal guatemalteco decidió que permaneza recluido.
Duarte indicó que esperará a que llegue la solicitud formal de extradición para que sea analizada por su defensa y después decidir al respecto.
“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer después”, indicó el exmandatario veracruzano y agregó que esperará a conocer los términos de la extradición.
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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal formalizó la detención de Javier Duarte y tendrá que permanecer en el reclusorio para varones de Matamoros.
El gobierno mexicano cuenta con 60 días para solicitar la extradición del político una vez que sea notificado oficialmente de la detención por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
En caso de que Duarte se niegue finalmente a ser extraditado a México, el proceso legal en Guatemala podría alargarse entre tres y cuatro meses, de acuerdo con los fiscales guatemaltecos.
Duarte también rechazó recibir apoyo consular, pues explicó que el gobierno mexicano conocía de su detención desde el pasado sábado, día en que fue detenido.
En la audiencia realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, al exmandatario veracruzano también se le informó sobre el proceso de extradición en su contra por parte del gobierno mexicano, así como de las acusaciones que se le imputan por haber ingresado de forma ilegal a Guatemala.
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El exmandatario veracruzano contrató a dos defensores privados guatemaltecos. Además, el exgobernador contó con la asesoría jurídica de Pablo Campuzano de la Mora, quien conoce mejor las acusaciones en contra del político veracruzano.
Campuzano de la Mora encabeza junto con Marco Antonio del Toro la defensa de la exlíder del Sidicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien también enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De acuerdo con el sistema penitenciario de Guatemala, no ha recibido visitas.
Duarte, de 43 años, tiene una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador tenía una orden de captura desde el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y una alerta roja de la Interpol desde el 14 de noviembre.
El exgobernador, quien supuestamente también habría recibido ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar testaferros para transferir recursos públicos.
Duarte es señalado de haber usado una red de funcionarios y presanombres para realizar importantes desvíos de recursos públicos. A la red se le atribuye la firma de contratos con empresas fantasma hasta la adquisición de propiedades dentro y fuera de México.
Entre 2012 y 2015 presuntamente desvió grandes cantidades de recursos públicos, que utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades mexicanas.
