La Auditoría pide aclarar 25,894 mdp de la Cuenta Pública de 2016
Tras su primera revisión a la Cuenta Públiuca de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los entes que recibieron recursos federales el año pasado deben aclarar un total de 25,894 millones de pesos (mdp).
De ese monto, 19,504 mdp corresponden a posibles irregularidades —como pagos no autorizados de nómina o servicios— y 6,390 mdp a subejercicios, de acuerdo con el informe que el titular del órgano fiscalizador, Juan Manuel Portal, entregó este viernes a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.
Acerca del monto observado, 18,148 mdp se derivan de anomalías detectadas en el Ramo 33, que comprende fondos federales destinados a estados y municipios, por ejemplo, los de seguridad, infraestructura y salud.
Los hallazgos de la ASF parten de observaciones derivadas de 502 auditorías al desempeño y al gasto de recursos federales correspondientes al primer semestre de 2016. De ellas, 430 fueron auditorías de cumplimiento financiero, y las 72 restantes, auditorías de desempeño.
"Como resultado de estas revisiones se emitieron 2,424 acciones que se clasifican de la siguiente manera: 1,116 recomendaciones, 583 pliegos de observaciones, 555 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal", dijo Portal.
El auditor aclaró que el órgano fiscalizador presentará denuncias cuando tenga los elementos suficientes para acudir ante la Procuraduría General de la República (PGR), con la que aseguró se ha buscado más coordinación para aplicar sanciones.
Durante su mensaje ante los diputados, Portal destacó que, de 2001 a 2015, la ASF ha logrado la recuperación de 112,440 mdp. Para este último corte de 2016, las recuperaciones suman 1,642 mdp.
En total, las auditorías realizadas en esta primera entrega representan 27% del total programado para este año, que es de 1,836. Entre las obras y acciones que se auditaron están la construcción de la nueva sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México y la del Centro de Justicia Penal en Quointana Roo, así como el programa de Fomento de la Cultura Ciudadana en la Prevención del Delito y la Plataforma Nacional de Transparencia.
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La nueva dinámica
A partir de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF realizará tres entregas de informes: en junio, octubre y en febrero del año siguiente a la revisión.
Hasta antes de estas modificaciones, los informes derivados de las auditorías a los entes públicos eran dados a conocer 14 meses después del cierre del año fiscal, lo que provocaba cuestionamientos por el retraso en la emisión de observaciones y recomendaciones respecto al ejercicio del gasto.
Con los nuevos mecanismos, se espera que la labor de fiscalización tenga una mayor utilidad y permita acelerar los tiempos para solventar posibles irregularidades, así como del emprendimiento de acciones como procedimientos resarcitorios.
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Diputados exigen actuar contra infractores
Durante la presentación del informe, legisladores de oposición exigieron mayor rapidez y contundencia contra quienes hagan un mal ejercicio de los recursos públicos.
"Si no hay quien sea castigado, que sea observado, realmente será un buen trámite, pero (habrá) poca rendición de cuentas en la realidad", dijo la diputada Claudia Corichi, de Movimiento Ciudadano, quien llamó a revisar las finanzas de universidades públicas y gobiernos estatales.
Asimismo, Corichi consideró que la PGR es lenta en actuar para investigar las denuncias en esta materia, al tiempo que consideró a la impunidad como el problema más preocupante en el país.
"Hablo en concreto del gasto federal en contratación o por lo menos presuntamente de programas de espionaje (...) hablo del dinero que Pemex ha desperdiciado en supuestos mantenimientos a dudosas licitaciones que presentan constantes irregularidades desde 2015 y que como vimos hace poco derivaron en una grave explosión en Salina Cruz, Oaxaca. Hablo de nueva cuenta de la impunidad en que exgobernadores como el otro Duarte y Miguel Alonso de Zacatecas se mueven y además incluso al amparo del gobierno federal desempeñan sin que haya consecuencia de sus actos. ", señaló la diputada.
Luis Maldonado, legislador por el PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dijo al final de la sesión que el gran desafío de la nueva legislación en materia de combate a la corrupción es acabar con la impunidad.
"Los nuevos procedimientos deben dentro del marco legal darse prisa para que efectivamente pasemos de señalados a sancionados, creo que ese es el objetivo del nuevo sistema", apuntó.