Las cárceles construidas con capital privado, un modelo en entredicho

Nota del editor: Este reportaje se publicó en la edición 1216 de la revista 'Expansión', correspondiente al 1 de agosto.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) - Ante los gobernadores del país, quienes demandaban sacar de los penales locales a los reos procesados por delitos federales, el presidente Felipe Calderón reconoció el déficit de cárceles del gobierno de la República.

“Yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor y la Federación (debe estar) mucho más comprometida en ese empeño”, dijo el 12 de agosto de 2010 en una reunión de seguridad celebrada en el Campo Militar Marte.

El panorama era negro: de los 44,991 presos por delitos federales en ese momento, casi 82% se encontraba en prisiones a cargo de los estados. Desde el primer año en que Calderón asumió el poder y lanzó la ofensiva contra el crimen organizado, estos reos pasaron de casi 19,000 en 2006 a más de 29,000 el siguiente año.

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Este incremento de reos metió presión al sistema penitenciario y a la administración federal, con la exigencia de los gobernadores para sacar de ahí a los criminales de alta peligrosidad que cotidianamente detenía y presentaba ante los medios.

El gobierno calderonista tenía un sentido de urgencia, y cuatro meses después dio en el clavo. Ante la falta de recursos públicos, se recurriría al financiamiento privado bajo el esquema de Contratos de Prestación de Servicios (CPS).

Encontrada la fórmula, la administración panista decidió no escatimar y mandó a construir ocho penales —con un costo de 4,000 millones de pesos— para asumir la custodia de todos los reclusos federales.

A pocos meses del término de su administración, Calderón inauguró el primero, el 2 de octubre de 2012, en Hermosillo, Sonora; el segundo, una semana después, en Ocampo, Guanajuato. Los cinco restantes se abrieron ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y uno más aún está pendiente, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Hoy, el gobierno federal tiene bajo su responsabilidad a 24,462 presos en 18 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), y 11,529 de ellos están dentro de cárceles construidas con capital privado.

De prestado

Media docena de empresas ganó las licitaciones para levantar la infraestructura carcelaria a lo largo de la geografía nacional, entre éstas, ICA, Homex y Tradeco.

Los contratos, otorgados a 20 años, implican un pago por el diseño, la construcción y el equipamiento de las instalaciones, así como algunos servicios tecnológicos. La seguridad está a cargo del gobierno federal.

Cuando se anunció este esquema de prisiones, el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario, José Patricio Patiño, señaló que el costo diario estimado por cada interno bajaría de 690 pesos “hasta 230 pesos”. Hoy no es posible comprobar si esto se logró, pues los montos, las cláusulas y los demás detalles de los contratos se mantienen en reserva por “motivos de seguridad”.

Este modelo penitenciario —similar al arrendamiento financiero, mediante el cual se transfiere un bien al término del contrato y por el que el gobierno paga una cuota fija por el penal— es otra de las facetas de la política de seguridad que prevalecen en este sexenio, y que expertos critican por considerar que incumple con el objetivo de aliviar la problemática de los crecientes índices de violencia y brindar justicia.

El antecedente de este esquema a nivel internacional es el modelo de prisiones 100% privadas, mismo que ha caído en desuso en países como Estados Unidos y Reino Unido, tras más de tres décadas de operarlo, y ante críticas de organizaciones de derechos humanos que apuntan a que estas cárceles tienden a ser menos seguras y a propiciar abusos.

Tras las rejas

Estos penales cuentan con muy buenas instalaciones para talleres, centros de estudio, unidades médicas e, incluso, para la convivencia de los hijos de las reclusas. Tan buenas que podrían ser del primer mundo; el gran problema es que están desaprovechadas por los presos.

Un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que, pese a la calidad de las instalaciones, no hay personal para atenderlas a favor de la reinserción social de los presos.

Ruth Villanueva es visitadora de la CNDH y está dedicada a evaluar y atender las problemáticas que surgen en los penales. Tras visitar estas cárceles con participación privada, encontró que uno de los problemas recurrentes es que los internos son mantenidos en sus celdas la mayor parte del día, con lo que se restringen las actividades educativas, de capacitación laboral y de esparcimiento, así como el derecho a atenderse problemas de salud.

“Tenemos los mejores hospitales en los centros federales, no hay objeción, pero no hay médicos ni medicinas; el centro escolar está muy bien, pero no hay maestros ni un solo alumno; están los talleres perfectos, pero no hay trabajo. Las instalaciones lucen no sólo vacías, sino prácticamente nuevas”, comenta Villanueva.

Los resultados del diagnóstico de calidad penitenciaria que realiza la CNDH arrojan que los penales en esquema CPS obtuvieron una calificación promedio de 6.93, que es incluso menor a la que tienen las cárceles que son operadas por el gobierno federal, que obtuvieron 7.34.

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El dictamen coincide con la opinión de los expertos: el esquema de privatizar parte del sistema no es una alternativa que evite los problemas que aquejan a las prisiones públicas, pues replica deficiencias que impiden el cumplimiento de los objetivos de la reinserción social.

“Sí se ve una diferencia en comparación con los penales manejados por el Estado. Tienen instalaciones muy bien cuidadas (...) Es como un hotel, en el sentido de que funciona de manera muy puntual en todo lo inherente al mantenimiento o las comidas”, comenta Fernanda Dorantes, cofundadora y directora jurídica de Reinserta, organización que ha realizado trabajos en la cárcel femenil de Morelos.

Otra estampa de estas deficiencias en el área del trabajo la ofrece la organización Documenta, dedicada a la investigación en las áreas de justicia y derechos humanos: el taller de costura, el único dentro del penal femenil de Morelos, ni siquiera ha sido entregado formalmente por la empresa que lo construyó.

“La maquinaria y equipos se encuentran empaquetados. Las mujeres, desde la apertura de este centro —hace poco más de un año—, no tienen acceso a capacitaciones laborales”, menciona Maïssa Hubert, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta.

Jaula de oro

Miguel Sarre, experto en derecho penal y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), lo dice claro.

“Tener una prisión grandotota en vez de tener varias medianitas es más barato, pero también más difícil de manejar. Como los centros están tan grandes y necesitan mucho personal para manejarlos, lo que hacen es encerrar a los presos todo el tiempo porque no los pueden estar moviendo. Entonces, es una especie de jaula de oro, muy costosa, que no les sirve a los internos”, resalta.

Los penales grandes, señala, también van en contra de las Reglas Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), que indican que un número elevado de reos puede constituir un obstáculo para su tratamiento individualizado, y sugiere que no sobrepase los 500 internos, cinco veces más de lo que hay actualmente en estas prisiones.

Celdas nuevas, caos viejo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó el año pasado una revisión administrativa en la que concluyó que el sistema penitenciario federal —incluidos los penales construidos con capital privado— carece de un programa integral de reinserción social, y sólo se limita a dar albergue, custodia e implementar actividades de manera aislada y desarticulada.

El examen determinó que el esquema de cárceles está enfocado a mantener la seguridad dentro de los Ceferesos, y no a contribuir a mejorar la seguridad pública.

Los resultados de esta política se encuentran en dos indicadores: autogobierno y reincidencia. En el primer caso, la CNDH determinó que en estos centros de reclusión el control y las funciones de gobierno las cumplen los servidores públicos. Aunque en reincidencia hay malas noticias: en 2016, el 52.3% de los presos volvió a delinquir y este porcentaje viene en crecimiento desde 2014.

En general, la problemática de estos penales ‘semiprivados’ ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno ha reconocido deficiencias en la atención médica a internos, pero ha defendido el esquema.

“El desempeño de las empresas prestadoras de servicio es evaluado conforme a estándares que determinan la efectiva prestación del servicio, siendo un nivel de eficiencia promedio al 98%”, dijo en abril de 2016 el entonces encargado del sistema penitenciario a nivel federal, Eduardo Guerrero, durante la audiencia en Washington, DC, solicitada para analizar esta situación.

Expansión contactó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para obtener comentarios sobre este modelo penitenciario, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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La luz al final del túnel

Ante este panorama, expertos como Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señalan que una opción es que las autoridades vuelvan a tomar el control de la administración de estas cárceles y adoptar un plan de acción hacia el diseño de un sistema penitenciario con una verdadera visión de política pública.

“El gobierno tendría que pagar los costos para la rescisión de estos contratos (de servicios), porque lo que está sucediendo es que los únicos beneficiarios son las empresas privadas”, asegura el experto en política criminal.

Para Maïssa Hubert, de Documenta, dicha opción es buena pero sería una solución a largo plazo, por lo que considera que lo que se debe hacer es exigir que la administración federal transparente los contratos con las empresas para que cumplan lo firmado. Expansión pidió entrevistas con las empresas, pero no hubo respuesta.

“Hay que presionar a las empresas para que cumplan sus obligaciones y hagan su trabajo, porque no fueron contratadas para construir paredes, chapas y puertas metálicas, tienen que atender a gente”, afirma Hubert.

Pero Edna Jaime, experta en materia de justicia y directora de México Evalúa, considera que el sistema penitenciario no forma parte de la agenda pública, y alerta que el país no conseguirá seguridad en las calles si no la tiene en las cárceles.

“Mientras no sea una prioridad en la política pública, las cosas van a seguir marchando mal, con consecuencias para todos, porque la violencia que ocurre en el interior de un penal (…) se acaba regresando”, señala.

A decir de los expertos, esta problemática no estará en las propuestas estelares de los próximos candidatos a la presidencia por una simple razón: los presos no votan.