Ingobernabilidad, motines y muerte: el rasgo en los penales de Nuevo León
Ingobernabilidad, motines y muerte, son el rasgo en los penales de Nuevo León en donde han asesinado a 74 internos durante los dos años de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Los Centros de Reinserción Social (Cereso) se convirtieron en escenarios de violencia, principalmente el penal de Topo Chico y el de Cadereyta, ambos con sobrepoblación penitenciaria, y en donde se registraron las 74 muertes.
El penal de Topo Chico opera desde hace casi 70 años y tiene una capacidad para 3,635 reos, aunque la población en el centro penitenciario es de 3,979. En el de Cadereyta , hay cerca de 2,000 reclusos, a pesar de que su capacidad es de 1,200.
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El tercer penal de Nuevo León es el de Apodaca, en donde no se han registrado muertes durante la actual administración estatal. En los tres Cereso hay delincuentes de alta y baja peligrosidad en los mismos espacios, lo que eleva la posibilidad de violencia según el vocero de Seguridad , Aldo Fasci.
Recuento letal
El caso más reciente se registró el pasado 10 de septiembre en el penal de Cadereyta, donde murieron 18 personas que estaban recluidas, dos de ellas por medio de uso de fuerza letal , lo que quiere decir que elementos de la corporación policiaca estatal Fuerza Civil accionaron sus armas en contra de ellos. Fasci explicó que el uso de fuerza letal está justificada en el artículo 17 del Código Penal local, y se ejerce a criterio de los uniformados.
La tarde de aquel martes, un grupo de 40 internos secuestró en el penal de Cadereyta a tres custodios. En el rescate, detalló el funcionario estatal, Fuerza Civil disparó contra los reclusos, provocando la muerte de dos de ellos. Los tres guardias fueron rescatados con vida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos y exigió al gobierno estatal identificar a los responsables y establecer las sanciones correspondientes.
“La CIDH reitera el deber del Estado Mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza. En ese sentido, cuando tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público”, indicó en un comunicado el organismo internacional.
El primer motín registrado durante esta administración estatal ocurrió entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero de 2016 en el penal de Topo Chico , en donde murieron 49 internos. El conflicto fue originado por dos grupos vinculados al narcotráfico que disputaban el control del centro penitenciario.
El penal de Topo Chico se convirtió en escenario de violencia por segunda ocasión el 2 de junio de 2015, cuando hubo tres reclusos muertos por una riña de grupos rivales. En el mismo reclusorio, el 13 de octubre otro interno falleció en un conflicto campal.
En el penal de Cadereyta, el primero hecho violento se registró el 28 de marzo, cuando murieron cuatro reclusos.
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Un modelo descompuesto
Aldo Fasci, portavoz del gobierno de El Bronco , arremetió contra el sistema penitenciario, al señalar que el estado requiere 2 millones de pesos para construir áreas para los reos de alta peligrosidad; es decir, aquellos que están acusados de delitos relacionados con el crimen organizado.
“Necesitamos nuevo penales, refundar todo el sistema penitenciario . No funciona, son mentiras que funciona el sistema penitenciario”, dijo.
Los penales de Topo Chico y Cadereyta tienen un común denominador: el autogobierno que ejerce el narcotráfico, según las condiciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió en la Recomendación General en mayo de este año.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que se iniciará una investigación para confirmar que el gobierno de Rodríguez Calderón atienda las recomendaciones hechas en torno a la problemática de los penales, y advirtió que de no ocurrir así habrá responsabilidades.
“Lamentamos que se actualicen estas conductas, sobre todo cuando hemos advertido desde hace mucho tiempo”, dijo.
“Vamos a ver qué hicieron a partir de lo que hemos recomendado y qué acciones tomaron, para evaluar si nuestros pronunciamientos han sido atendidos o han sido indiferentes a los mismos. Si hay omisiones, también puede haber responsabilidad, eso es lo que se va a investigar, por acción y omisión”, abundó el ombudsman.
