2017, el año más violento del gobierno de EPN, dice Amnistía Internacional

La violencia y la impunidad son los principales fenómenos sociales que impiden que en México haya un ejercicio pleno de los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2017.

Durante 2017 se cometieron 42,583 homicidios dolosos y culposos , la cifra más alta en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto , destacó la organización en su reporte.

Sin embargo, AI apuntó que la cifra puede ser más alta porque no todos los casos son denunciados.

“La violencia se puede sostener en un Estado que no sanciona, que no llama a cuentas, que no hace visible que hay cosas que son prohibidas y que hay consecuencias. No son dos elementos excluyentes, son coadyuvantes. La impunidad y la violencia son dos caras de la misma moneda”, declaró a Expansión la directora ejecutiva de la organización en México, Tania Reneaum, a propósito del reporte publicado este jueves.

Este esquema de violencia e impunidad no se ha movido en México desde hace 35 años por lo menos, aseguró la especialista.

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“La impunidad da dos mensajes importantes a cualquier ciudadano. El primer mensaje es la debilidad del Estado para protegerlo, pero el segundo es que en este país puede hacerse cualquier cosa prácticamente sin consecuencia”, sostuvo.

Gran parte de que en México muy pocos delitos sean juzgados tiene que ver con que los funcionarios toman las investigaciones judiciales como un mero trámite burocrático, y no como un deber jurídico, por lo cual muchas veces la investigación recae en las víctimas indirectas de delitos, especialmente desaparición forzada y homicidio.

Agregó que los responsables de desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales también continúan bajo impunidad.

De acuerdo con el registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce el paradero de 34,656 personas.

El informe de AI señaló que las detenciones arbitrarias son generalizadas, y que éstas derivaban en otras violaciones de los derechos humanos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No obstante, no hay cifras oficiales, ya que estos delitos son difícilmente denunciables.

De acuerdo con la especialista, es necesario que el gobierno federal rompa "el pacto de impunidad" para que acciones como la Ley General contra la Tortura y la Ley General Contra la Desapariciones Forzadas funcionen y generen confianza en la población.

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“La ley de la tortura es la gran oportunidad para que cada persona que sea detenida y llevada a la autoridad no sea torturada, porque su confesión arrancada bajo tortura no va a servir de nada. Es romper el ciclo de impunidad, romper el elemento de hacer hechos ilícitos sin responsables. El Estado tiene ante sí una gran oportunidad de generar confianza”, explicó.

La organización destacó su preocupación por la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre, pues argumentó que permite la permanencia de las fuerzas armadas en funciones propias de la Policía, sin incluir garantías de transparencia ni de rendición de cuentas.

“En cualquier Estado democrático, el Ejército no hace funciones de seguridad pública, sino que es la Policía, la autoridad civil quien debe cumplir esas funciones. Esta Ley (de Seguridad Interior) tiene muy pocos controles para determinar la responsabilidad jurídica cuando el personal del Ejército pueda cometer algún tipo de atropello”, señaló Reneaum.

La activista afirmó que el Congreso no brindó elementos empíricos que probaran la eficacia de la participación del Ejército en labores de seguridad pública.

“Una encuesta reciente nos muestra de 1 de cada 3 personas se siente insegura con la presencia del Ejército y un 84% de la población piensa que el Ejército no ha ayudado a disminuir la violencia donde viven”, aseguró.

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El Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como varios municipios, interpusieron controversias constitucionales contra la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), poder que decidirá el destino de la legislación.

Respecto al informe, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, afirmó este jueves que la estrategia de seguridad del gobierno federal, que implica un rediseño de las fuerzas armadas, está dando resultados. También dijo que las autoridades están abiertas a hacer los cambios necesarios.

"Estamos dispuestos a hacer los ajustes y las correcciones que fueran necesarios en esta estrategia de seguridad que implementa, en coordinación con el gobierno de los estados, el gobierno de la República", indicó Sánchez en conferencia de prensa.

Corrupción, otro tema que influye

Reneaum dijo que existe una relación causal entre la corrupción y derechos humanos que no muchas personas ven, pues los recursos desviados dejan de usarse en la atención de necesidades de la población, como educación y vivienda, o el fortalecimiento de las instituciones y solo sirven para el beneficio de unos cuantos.

La directiva señaló que aunque en México no hay importantes recortes en educación o en salud, no hay un ejercicio pleno de esos derechos, ya que lo importante es ver cómo se aprovechan los recursos para tener un impacto real.

México ocupa el lugar 135 de 180 en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional , dado a conocer este miércoles. De acuerdo con la organización, también es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, manifestó que existe una correlación entre altos niveles de corrupción con debilidades en el Estado de Derecho y en la libertad de expresión.

En los países con mayores niveles de corrupción es más probable que se callen las voces de los ciudadanos y de los medios, mientras que los que tienen mejores resultados se preocupen más por proteger los derechos de los periodistas y activistas.

En esos términos, México tampoco está bien parado. Durante 2017 al menos 12 periodistas perdieron la vida, entre ellos Javier Valdez, fundador del semanario Riodoce, asesinado el 15 de mayo pasado en Sinaloa.

Las autoridades, remarcó la organización, no han obtenido "avances significativos" en las investigaciones sobre estos homicidios, muchos perpetrados a plena luz del día y en espacios públicos.

“El mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos no se ha fortalecido en la transición, por el contrario, es debilitado, no es visible, su trabajo no es respetado y eso es un primer riesgo que tiene que ver con una ruptura institucional”, aseguró la directora de AI en México.