OPINIÓN: El 2017 será un examen difícil para las universidades en México

Nota del editor: Alejandro Rivero-Andreu Salas es director general de FINAE. Fundada en 2006, FINAE es una institución financiera con impacto social que otorga créditos para cursar estudios de licenciatura y posgrado en universidades privadas de México. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — El próximo año, conseguir un lugar en un salón universitario parecerá un asunto complicado. Ante el pronóstico de un crecimiento económico escaso en 2017, el gobierno mexicano aplicó un importante recorte a su presupuesto de egresos para el próximo año. En el rubro educativo, la medida implicó una reducción del 12% a los fondos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), equivalente a más de 37,000 millones de pesos.

Para la formación universitaria en el país, la medida implica una nueva dosis de presión. El sistema nacional de educación superior –abarcando instituciones públicas y privadas– ya enfrenta serias dificultades para atender la demanda de la población. En ese sentido, el recorte que se aplicará en 2017 es una señal poco alentadora.

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Durante la pasada conferencia internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), rectores de distintas casas de estudios proyectaron su visión de lo que está por venir.

Dado el crecimiento en la matrícula del bachillerato, entre 50,000 y 100,000 jóvenes estarán buscando un espacio en la educación de nivel superior, de acuerdo con estimaciones de la ANUIES. En las entidades públicas del país, estos mexicanos tendrán que lidiar con la saturación ya existente, la cual, ante la ausencia de presupuestos adecuados, sólo puede agravarse. En las universidades privadas –quizás no afectadas directamente por el recorte, pero que sin duda percibirán efectos colaterales– tampoco será fácil encontrar una solución. Para comprobar lo anterior, vale la pena echarle un vistazo a ciertos indicadores.

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Según cálculos de especialistas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un pilar de la educación universitaria pública, rechaza a más del 80% de los aspirantes a licenciatura –en 2015, el contingente de “rechazados” de la UNAM se estimó en más de 53,000 personas. En el otro baluarte del sector, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), más del 70% de los postulantes no logra el ingreso. Asimismo, de acuerdo con organismos de la sociedad civil, solo considerando el área del Valle de México, los excluidos de la educación superior pública podrían representar un grupo de más de 250,000 jóvenes.

En el contexto de la formación privada (que ya atiende al 29% de la matrícula universitaria nacional, según datos de la SEP ), 2017 no será menos desafiante. Por un lado, en un año que se prevé poco favorable para la economía de las familias mexicanas, los estudiantes –especialmente los de bajos ingresos que no obtuvieron un lugar en el sistema público– tendrán limitadas posibilidades de acceder a una institución privada. Además, el riesgo de deserciones académicas por motivos financieros podría crecer en forma significativa; y los factores económicos –junto a la mala elección de carrera y, en el caso de las mujeres, el embarazo no planeado– ya son una causa principal en los abandonos de la educación superior, de acuerdo con consultas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Así, 2017, con el recorte presupuestal fungiendo como una especie de epicentro, proyecta un clima severo en materia de educación superior: jóvenes mexicanos que no pueden ser atendidos por entidades públicas atiborradas, y que no siempre tendrán la alternativa de las instituciones privadas.

Para superar este complejo escenario educativo, la respuesta no está en la resignación ni el pesimismo, sino en la búsqueda de soluciones reales. Una de ellas, poco aprovechada en México, es utilizar un producto financiero que se especialice en cubrir el costo de una formación universitaria.

nullEn el país, estamos habituados a otra clase de mecanismos (como las becas, los seguros educativos y la oferta de créditos académicos –muy limitada– de la banca comercial), los cuales no resuelven las necesidades específicas de una educación de nivel superior. Por otro lado, el foco en formación universitaria, no implica que estos financiamientos posean un nivel extra de complejidad.

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Como ocurre con otra clase de instrumentos, estos créditos se alinean a requisitos estándar; se pueden basar en montos mensuales y tasa de interés fijos; y sus plazos para liquidar el financiamiento no rompen con las prácticas tradicionales del mercado. Se podría afirmar que son créditos muy parecidos a los que ya usamos cotidianamente (hipotecarios o automotrices, por ejemplo), pero que ofrecen una recompensa de extraordinario valor: una formación universitaria que impulsa el crecimiento social y económico de una persona.

Para un ambiente económico y académico que no inspira mucha confianza, como el que se espera el próximo año, el financiamiento especializado en educación superior es una alternativa para evitar la saturación del sistema público y tener un camino hacia las instituciones privadas que no implicará una pesada carga para la economía familiar.

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El entorno económico de 2017 y el recorte al presupuesto educativo –con su impacto en el ámbito universitario del país– son desafíos importantes pero no invencibles. Incluso en los momentos de incertidumbre, los jóvenes mexicanos pueden estar en las aulas.