OPINIÓN: Economía mexicana en 2017, indefensa ante desaceleración y depreciación

Nota del editor: Marcelo Delajara es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

(Expansión) – En México las políticas fiscal y monetaria no tienen un propósito contracíclico; es decir, no se utilizan para suavizar las fluctuaciones económicas. Sus objetivos más bien son de largo plazo y no responden al nivel actual de actividad económica o del empleo.

En el caso de la política fiscal, el objetivo es mantener un déficit primario cercano a cero. Por su parte, la política monetaria busca mantener la inflación baja y estable, en alrededor de 3%, contrarrestando los choques desde la demanda agregada con cambios en la tasa de interés.

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Se puede estar de acuerdo o no con la postura de las políticas fiscal y monetaria. Pero hay un factor que parece estar cada vez más claro, y es que sufren de cierto agotamiento.

En los últimos años el déficit primario fue positivo y sostenido y la deuda pública aumentó significativamente con relación al ingreso nacional. Asimismo, durante el presente año la política monetaria se volvió restrictiva aun cuando la brecha del producto es negativa y la inflación alcanzó niveles mínimos históricos.

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Carecer de un objetivo explícito asociado a la coyuntura económica, como se ve, no evita que las políticas fiscal y monetaria afecten de manera negativa a la economía.

El rápido endeudamiento del gobierno federal ha tenido como única respuesta un recorte considerable del gasto público; mientras que la respuesta del banco central a la regularización de la política monetaria en Estados Unidos –el principal factor detrás de la reciente depreciación del peso y del aumento en las expectativas de inflación, ha sido elevar la tasa de interés objetivo, que es su principal herramienta para desalentar la demanda agregada.

Lo que menos necesita ahora la economía es una política macroeconómica que debilite la demanda agregada. En 2017 podríamos encontrarnos en una situación difícil: las perspectivas para todos los componentes de la demanda privada son malas.

Se espera, primero, un mayor debilitamiento de la inversión; segundo, una probable desaceleración del consumo privado; tercero, un impacto negativo sobre las exportaciones de las eventuales restricciones al comercio con Estados Unidos; y, finalmente, un menor flujo de remesas desde ese país hacia México.

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La autoridad monetaria debe reconocer que en 2017 las principales amenazas para la inflación no se asocian con un aumento en la demanda agregada. El impulso a la inflación vendrá principalmente de dos factores:

• Primero, la normalización de la política monetaria de Estados Unidos en un contexto de elevada aversión al riesgo, en el plano internacional, y de inflación más elevada en los precios al productor que en los precios al consumidor, en el plano nacional.
• Segundo, la liberalización de los precios de los combustibles en un momento en que el precio del petróleo puede repuntar.

Recurrir a alzas en la tasa de interés para controlar la inflación no parece ser lo adecuado en estas circunstancias. El costo para la economía real podría ser elevado, mientras que las ganancias en menor inflación serían bajas.

Así, un desafío tan atípico como el que enfrenta la economía mexicana requiere de respuestas no convencionales. Las autoridades deben buscar herramientas alternativas y, de esta manera, evitar brincarse las reglas monetarias y fiscales a las que se habían comprometido.

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¿Qué opciones existen?

Las autoridades económicas mexicanas podrían aprovechar el marco institucional que ha diseñado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 para la administración de flujos de capitales internacionales.

Países que cuentan con instituciones y políticas macroeconómicas sólidas, como es el caso de México, pueden ahora adoptar políticas macrofinancieras complementarias a las políticas monetaria y fiscal que limiten las fluctuaciones abruptas en los flujos de capitales, y en el tipo de cambio, resultantes de la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas.

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Finalmente, las autoridades hacendarias deberían diseñar un plan serio de mediano y largo plazo para resolver los principales problemas que enfrenta la política fiscal: por el lado de la recaudación, la informalidad (en la que se encuentra la mitad de los trabajadores y una buena parte de las empresas); y por el lado del gasto, el lastre que representan Pemex y CFE, así como un sistema de protección social fragmentado y del todo ineficaz para el funcionamiento de estabilizadores automáticos del ciclo económico.

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