OPINIÓN: Ayotzinapa, un ejemplo del problema de las desapariciones en México

Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad del autor.

(Expansión) – Han pasado más de dos años, cinco gobernadores en Guerrero (2 electos democráticamente y 3 interinos), 3 titulares de la Procuraduría General de la República, 2 titulares de la Comisión Nacional de Seguridad. Han pasado más de dos años en los cuales hemos tenido conocimiento de "una verdad histórica", del desprestigio internacional y de la peor crisis tanto en seguridad como en derechos humanos que esta administración del gobierno federal haya enfrentado.

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No obstante, los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural "Isidro Burgos" continúan desaparecidos, sus seres queridos y todos los mexicanos seguimos sin tener acceso a la justicia y la verdad.

En particular, los familiares de los 43 jóvenes siguen recordándonos que su dolor está vivo día tras día, que no se les ha entregado un cuerpo ni algún indicio de su localización en vida y mucho menos se les ha dado una versión contundente de lo sucedido aquella terrible noche del 26 de septiembre de 2014.

En el pleno respeto del dolor de las víctimas y conociendo las deficiencias alrededor de los procesos de investigación, búsqueda, registro y acceso a la justicia del fenómeno de la desaparición de personas en nuestro país, puedo afirmar que el caso Ayotzinapa es solo una evidencia de las tantas deudas que el Estado mexicano tiene con todas aquellas personas que buscan a un ser querido sin haberlo encontrado.

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Lo afirmo con el sustento del trabajo que hemos realizado en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) por más de dos años y que nos permitió publicar el documento titulado El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? ( www.onc.org.mx) .

Este constituye el primer fascículo de un trabajo mucho más amplio que incluye otros ocho productos de investigación que van desde el análisis del marco normativo y políticas públicas, la atención avíctimas, las capacidades institucionales con la finalidad de culminar con 4 manuales de buenas prácticas.

Este fascículo analiza las diversas bases de datos que contienen información sobre personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas y concluye que:

1. La información con la que contamos no permite generar políticas públicas especializadas ni efectivas que permita atender las necesidades de las víctimas, investigar delitos, perseguir culpables, permitir el acceso a la justicia y a la verdad.
2. Las bases federales y estatales tienen inconsistencias, errores estructurales y de proceso que la autoridad conoce y que tras año no ha subsanado.
3. Hay entidades federativas que no muestran esfuerzos por cumplir con los mínimos necesarios en cuanto a la atención a las víctimas de este delito grave violación a derechos humanos.
4. Los recursos destinados a estos ejercicios sirven para simular el cumplimiento de compromisos acordados y requisitos formales de ley, al tiempo que violan los derechos humanos de las víctimas, debilitan las acciones implementadas en materia de seguridad y el Estado de Derecho.

Como ONC nos mueve el interés de México y de todas las personas que viven, visitan o transitan por nuestro país; no proteger los derechos de una persona nos pone en riesgo a cada uno de nosotros.

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Por eso proponemos como resultado de esta primera publicación, impulsar un Registro de Gestión de Información de Desaparecidos en México (RGIDM); un instrumento de consulta y uso público, con niveles restringidos de acceso para información que requiera privacidad de manejo, que incluya aspectos que ya existen y que podría permitir cruces fundamentales de información:

1. Implementar plenamente el software donado por Cruz Roja Internacional ante mortem/post mortem (AM/PM) que concentra no solo los datos de desaparecidos sino información sobre las personas encontradas sin vida.
2. Incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros.
3. Incluir información sobre personas que se encuentran en centros de detención.
4. Generar un registro de fosas comunes y clandestinas.
5. Desagregar la información recabada de personas desaparecidas no sólo para fines de su difusión sino para entender las características de este fenómeno delincuencial partiendo de la identificación del sujeto activo.

Implica que la autoridad asuma el compromiso tanto de consensuar como de homologar qué y cómo se va a registrar: casos, personas desaparecidas, extraviadas, no localizadas o ausentes. Esto debe venir acompañado de un capacitación sustantiva para que el policía, ministerio público, perito, sean sensibles al fenómeno, los conozcan y sepan usar las herramientas; a las par de sistemas de supervisión y rendición de cuentas.

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La victimización directa por cualquier delito conlleva una cadena inconmensurable de dolor y afectaciones para las víctimas indirectas. En este sentido, cabe destacar que los delitos graves o de lesa humanidad, como son las desapariciones forzadas, afectan a toda la sociedad y ponen en discusión la razón misma de ser del Estado.

Por esta razón, es urgente que haya sensibilidad, responsabilidad y efectividad en la atención y combate a los delitos. Es urgente que no dependamos de la voluntad política de una autoridad para cesar no solo el dolor de los familiares sino de la propia sociedad en la que hacen falta miles de personas. Hay que tener presente que mantener vivo el sufrimiento de las familias y de las comunidades, como ha sucedido en el caso de Ayotzinapa, merma los cimientos del propio Estado.

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