OPINIÓN: Debemos fraguar un pacto ciudadano por una plena cultura de paz

Nota del editor: Juan Francisco Torres Landa R. es Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia. Síguelo en Twitter en @JuanFTorresLand . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – Hace unos días hablábamos de la paz y de lo que tenemos que hacer para encontrar una ruta de salida de esa debacle. Es por ello que, a continuación, le comparto algunas ideas que podrían ser clave para redireccionar el rumbo de nuestro país. Hagamos pues, un pacto ciudadano por la paz:

OPINIÓN: ¿Qué debemos asumir cuando hablamos del concepto de paz?

1. No podemos aspirar a modificar los patrones de violencia y su empeoramiento predecible si no trabajamos de lleno con las causas del problema.

2. Para los jóvenes, es claro que estructuralmente se está fallando en la parte de un rol ejemplar ausente en familia y escuela, algo que se agrava con el enorme número de madres solteras que ha aumentado exponencialmente. Esas omisiones en el crecimiento están siendo suplidas por la calle, las bandas y finalmente la delincuencia organizada.

null3. Debemos recuperar la guía principal que deben tener en todo momento los padres de familia y los maestros. En esa ruta es donde se puede rescatar a los jóvenes y no dejar que caigan en la trampa de la ilegalidad y la violencia.

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4. Proyectos como Alcatraz de Ron Santa Teresa en Venezuela nos demuestran que es factible reestructurar los ingredientes que llevan a la violencia y cambiarla a un sistema efectivo de recomposición y reinserción social.

5. Los cinco ingredientes de la sana convivencia social: educación, trabajo, salud, justicia y cultura son los ejes a los cuales se debe dirigir toda política pública. Todas las demás actividades que realice el Estado y que no tengan una conexión directa con dichas prioridades son inútiles.

6. Una parte esencial de la violencia y la desbordada fortaleza de la delincuencia organizada está directamente vinculada con la política de prohibición de drogas que simplemente acumula daños y problemas adicionales cada día que pasa.

El no cambio por una política regulatoria que apueste a la prevención y la salud pública como verdadero articulador de soluciones y para eliminar el monopolio en manos de la delincuencia, convierte a todo servidor público que no haga lo necesario para realizar su cambio en un cómplice de los daños acumulados cada día.

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Además, los exhibe como ignorantes e hipócritas, pero además como coludidos con quienes lucran con este flagelo social y hacen de la depredación social (narcotráfico, secuestro, extorsión, homicidio, trata de personas, etc.) su negocio integral.

7. De no abatir los índices de impunidad e injusticia, el ciclo de violencia se seguirá retroalimentando ante la nula capacidad de las autoridades de prevenir, investigar y sancionar la comisión de delitos.

Las enormes fallas en los procesos de capacitación, entrenamiento y eficacia en la implementación del sistema penal acusatorio son hoy palpables, pero no es momento de lamentarse, sino de poner manos a la obra y procurar finalmente poner las cosas en orden con todos los que intervienen: policías, agentes del MP, defensores y asesores jurídicos, jueces, directores y custodios en reclusorios, etc.

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8. Se deben adoptar políticas de fondo para recuperar las funciones de una policía real de proximidad, preventiva, eficiente y científica, y así hacer a un lado una deficiencia estructural que está abonando a la imposibilidad de contener la delincuencia y que motiva el equivocado uso de fuerzas armadas en tareas policiales, con la creciente acumulación de violación de derechos humanos.

9. La situación de las cárceles en el país requiere urgentes tareas para despresurizar la sobrepoblación con esquemas de no privar de la libertad sino actividades que sean predatorias, hay que dividir la población en proceso de la sentenciada, y debemos trabajar para lograr que el propósito y metodología generen una real reinserción social.

10. A pesar de lo loable que resulta la aprobación y puesta en marcha del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, de poco o nada servirá ante la enorme expectativa que existe, si se diluye la independencia, autonomía, solvencia y eficacia al no designar a personas idóneas para ocupar los cargos de Fiscal General de la República y Fiscal Anti-Corrupción.

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Así las cosas. Tenemos un diagnóstico real y palpable de las causas que generan y multiplican la violencia, pero también de las acciones que, si se impulsan con voluntad política, persistencia organizativa, y solvencia técnica realmente pueden modificar la actual ruta perdedora.

No hay tiempo que perder. No queremos llegar a un periodo adicional en que sigamos en la reflexión y no en la consecución de un destino distinto. No podemos permitir con el silencio ser cómplices de la irresponsable inacción de gobierno. Actuemos contundentemente en forma contestataria para que los responsables no puedan seguir ignorando sus obligaciones.

Concretamente, el proceso electoral de 2018 presenta una oportunidad formidable para hacer que lo que hoy es exigencia se convierta en tareas de gobierno. Debemos lograr esos compromisos para después exigir a quien resulte ganador y no pueda dar la espalda a las promesas hechas.

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Debemos ser cuidadosos de fijar no solamente las tareas, sino también los métodos de verificar avances y promover la rendición de cuentas, pues en el pasado ya han burlado similares compromisos al hablar de acciones y no de resultados.

La cultura de legalidad y paz debe ser no una moda u ocurrencia. Por el contrario, debe ser una forma de vida y única vertiente de enfoque legal, educativo, social, económico y de justicia. A esto nos debemos sujetar todos. Debemos fraguar un pacto ciudadano por una plena cultura de paz y legalidad.

Si este principio lo contagiamos y generalizamos lograremos el gran cambio al que todos aspiramos y queremos. Se puede y se va a lograr. De nosotros depende. Actuemos con el ejemplo y seamos intolerantes ante los que se opongan a este proceso.

Estoy convencido de que el país puede y merece un mejor destino en materia de seguridad, justicia y paz. Hagamos cada quien lo que nos corresponda para tales efectos.

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