OPINIÓN: Odebrecht en México, el país donde no pasa nada

Nota del editor: Janet Oropeza es investigadora del Programa de Rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

(Expansión) - El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel internacional, ha cimbrado a la clase política y económica de muchos países latinoamericanos, donde personajes del más alto nivel -como presidentes, vicepresidentes, ministros, legisladores, empresarios, etc.- han sido consignados, están siendo investigados, o se encuentran en prisión preventiva.

La renuncia del presidente peruano Kuczynski hace unos días ejemplifica la forma en que Odebrecht ha logrado trastocar las relaciones de poder. En México, lamentablemente, la falta de una Fiscalía autónoma y que sirva ha llevado a que los funcionarios presuntamente ligados a este escándalo, incluido el presidente y algunos colaboradores cercanos, se mantengan impunes, no haya una investigación seria y, sobre todo, un atisbo de justicia.

El caso Odebrecht

Hace unos años, lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa petrolera Petrobras en Brasil, evidenció la forma en que operaba una de las redes de corrupción más grandes en el mundo. El dueño de Odebrecht, una de las principales constructoras de infraestructura y obra en todo el orbe, condenado en 2016, aceptó haber pagado –entre 2001 y 2016- 788 millones de dólares en sobornos a políticos y servidores públicos en 12 países a cambio de recibir contratos públicos. En México, los pagos de Odebrecht ascendieron a 10.5 millones de dólares .

Las reacciones frente a este escándalo han venido desde tres frentes distintos: la opinión pública, el poder legislativo y las Fiscalías. En la mayoría de los países latinoamericanos en donde operó Odebrecht, los medios de comunicación retomaron el tema haciendo que cobrara relevancia en la opinión pública. Incluso, investigaciones periodísticas y de la sociedad civil siguieron algunas pistas que permitieron revelar qué tomadores de decisión habían favorecido a la empresa, con qué contratos, por qué montos y con qué resultados, o bien, a través de qué empresas y con qué mecanismos se habían pagado los sobornos a la clase política.

Los miembros de la oposición, también reaccionaron utilizando los mecanismos institucionales a su alcance para llamar a rendir cuentas a aquellos políticos ligados a los escándalos. Tal es el caso en Perú, en donde promovieron en diciembre pasado una votación en el Congreso para la destitución del ahora exmandatario Kuczynski, misma que logró evitar, pero finalmente renunció al cargo.

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Un actor clave en muchos países fue la Fiscalía General o Especializada, que se encargó de investigar los probables casos de corrupción, integrando carpetas de investigación y documentando la forma en que operaba la red de corrupción en cada país, así como generando evidencia irrefutable que los jueces utilizaron para determinar condenas. Por ejemplo, en Ecuador, la Fiscalía General logró encarcelar al vicepresidente Jorge Glas por ilícitos con la constructora Odebrecht. En Colombia, se encarceló al senador Bernardo Miguel Elías y se llamó a declarar al presidente y a seis ministros. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa cumplen prisión preventiva por el caso. El proceso de investigación de Odebrecht en Brasil llevó a la cárcel a muchos ejecutivos de alto nivel de Petrobras. Finalmente, las investigaciones de la Fiscalía estadounidense revelaron la forma de operar de la empresa en toda la región, los montos de las mordidas en cada país y los presuntos beneficiarios de las mismas.

¿Qué ha pasado entonces en México? En nuestro país, los primeros dos factores están presentes. El caso Odebrecht ha estado en la opinión pública, además de que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han investigado la relación entre Odebrecht, Pemex y la clase política, que han permitido vincular los sobornos de la constructora a la campaña del propio presidente de la República y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

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De igual forma, los partidos de oposición han intentado hacer uso de mecanismos institucionales dentro del Senado o Cámara de Diputados. Por ejemplo, han hecho puntos de Acuerdo para que se esclarezca el caso; han propuesto que se llame a comparecer a titulares que deberían investigar el caso, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Función Pública; exhortado a que la Auditoría Superior de la Federación imponga sanciones administrativas y penales a los implicados; han propuesto que se establezca una Comisión de Investigación del caso, etc. Estas propuestas, no obstante, fueron bloqueadas por el partido en el poder y sus aliados , por lo que el Legislativo no ha podido constituirse como un contrapeso efectivo al Ejecutivo.

Por otra parte, el actuar de la PGR en relación al caso Odebrecht ha sido deficiente y ha permitido la impunidad. Desde enero de 2017 existe una denuncia penal por este caso impuesta por Petróleos Mexicanos, sin que a la fecha existan indicios de ningún avance en las investigaciones. Esta ineficacia de la PGR no es casual, considerando que no cuenta con autonomía y, al depender del Ejecutivo, es utilizada más para “congelar carpetas y casos” y perpetuar la impunidad del partido en turno, que como una verdadera agencia especializada en la investigación de delitos. Para muestra, basta solo señalar que la cifra negra de delitos en México en 2016 fue de 93.6%. Esta cifra corresponde a delitos no denunciados o que no derivaron en ninguna averiguación previa.

La falta de investigaciones serias por parte de la PGR genera impunidad: somos el cuarto país con mayores índices de impunidad (69 puntos) en el Índice Global de Impunidad. Por estas razones, las posibilidades de que los presuntos responsables del caso Odebrecht sean investigados o lleguen a juicio son nulas. De ahí que un grupo de más de 300 organizaciones y colectivos estén desde hace más de un año exigiendo que se lleve a cabo una reforma al artículo 102 que modifique profundamente el diseño de la PGR para que se convierta en una verdadera #FiscalíaQuéSirva. Solo con esta reforma existirá la posibilidad de que Odebrecht tenga eco en nuestro país y los implicados sean llamados a rendir cuentas por ello.

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