OPINIÓN: La bandera política de los derechos humanos en México
Nota del editor: Silvia Márquez es coordinadora de comunicación y prensa de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Puedes seguirla en Twitter como @Silmaharet. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(Expansión) - Un nuevo orden político trae consigo aires de cambio, al menos en el discurso, y que ahora mueve la bandera de los derechos humanos: la pone a ondear hacia donde sople su viento. Sabemos que el piso se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero el cumplimiento de cada uno de los puntos aprobados en 1948 responde más a factores políticos, económicos, históricos y sociales de cada país.
Actualmente en México vivimos un momento en el que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador nos llega todos los días con múltiples mensajes, propuestas, consultas y frases jocosas. La sobreinformación que produce la figura presidencial representa en sí misma un reto y los temas que dominan la agenda cambian de una semana a otra; el engranaje se mueve con información y ritmos diferentes.
El presidente puso en primer plano los derechos sociales, de la mano con su “primero los pobres”. Ante el Congreso de la Unión, López Obrador se dibujó como la figura que pondrá el ejemplo, al decir que “nunca será encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos”. Lo que omitió fue la condena a los ataques contra defensores de derechos humanos y la estrategia para dar respuesta a las 2602 recomendaciones que han hecho organismos internacionales hacia el Estado mexicano y que ahora le fueron heredadas a su administración.
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El presidente también ha defendido al Ejército y a la Marina porque “serán las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública”. Pero en una ruta paralela, los casos documentados de tortura, ejecuciones y desapariciones colocan a dichas instituciones como las que han cometido más violaciones graves a los derechos humanos en los últimos diez años.
El Senado (de amplia mayoría morenista) aprobó cambios sustanciales a la Constitución y optaron por dejar de lado la presunción de inocencia, uno de los mayores logros en materia de derechos humanos en la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal; prefirieron triplicar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: primero se llenan las cárceles y luego se investiga. Regresamos a un sistema que ya ha mostrado su rostro obsoleto e injusto, uno que castiga, paradójicamente, a las personas de escasos recursos, las mismas que son prioridad en el discurso del presidente.
Este 2019 podremos ver cómo las primeras acciones encuentran su cauce ante los ajustes y si los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales tendrán algunas respuestas.
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¿La bandera de Ayotzinapa, con su Comisión de la Verdad, será suficiente ante los más de 36 mil desaparecidos en el país? ¿La Guardia Nacional permitirá que se consolide un esquema de persecución basado en la investigación científica de los delitos? ¿Se atenderán las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación ante la falta de aplicación de procesos que respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad?
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un discurso en el Instituto Brookings, tomó como referencia Guerra y paz, la novela de León Tolstói, al explicar que la historia nos sirve para tener perspectiva. Solo a través de una mirada hacia el pasado podemos ver con claridad si en algún momento estuvimos al borde del abismo. Ojalá que en México las acciones nos basten y el discurso no nos lleve a caer en él.
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