OPINIÓN: Inflación y gasolina, de vuelta a la agenda pública
Nota del editor: José Luis de la Cruz Gallegos es Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(Expansión) – El presidente Andrés Manuel López Obrador reabrió un flanco en el sector energético, nuevamente las gasolinas vuelven al debate público ahora bajo la posibilidad de que el gobierno construya y opere directamente estaciones de servicio para la distribución del preciado combustible.
La inflación fue el detonante, en marzo los precios al consumidor volvieron a subir a 4%, fundamentalmente por el aumento que se observó en los energéticos (8.2%) y en donde las gasolinas de bajo y alto octanaje tuvieron una incidencia significativa.
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Lo anterior marca una clara discrepancia con lo esperado por el gobierno de México, particularmente después de la polémica guerra contra el huachicoleo y el aumento de subsidios a los combustibles. Parece que la realidad discrepa de lo esperado por las autoridades.
El titular del Poder Ejecutivo fue contundente al señalar que los dueños de las gasolineras son los responsables porque se están quedando con los beneficios de los subsidios y, en consecuencia, deben "revisar sus márgenes de utilidad" para ayudar a contener el incremento en el precio del combustible.
Desde la óptica del gobierno, los subsidios otorgados en días pasados debieron repercutir en un retroceso en los precios de los combustibles, algo que no ha ocurrido y que los ciudadanos le han hecho patente al presidente durante sus giras en el interior de la república.
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Por su parte, las empresas del sector adjudican los incrementos en el precio del combustible a los costos y dificultades que se enfrentan en el proceso de distribución de los combustibles, situación que pervive desde diciembre del año pasado.
Sin lugar a duda que abrir la caja de Pandora con la liberalización del precio de los combustibles sigue causando estragos, tuvo un alto costo político para quien lo diseñó, pero la factura la sigue pagando el actual gobierno federal.
¿Qué tan viable es la estrategia propuesta por el presidente López Obrador? En el pasado la operación pública de esa y otras empresas fue presa de la corrupción y la ineficacia. Fácil botín de políticos que las utilizaron para fines privados.
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Si bien el presidente ha puesto a la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de su gobierno, en el terreno de la distribución de gasolina aún se encuentran libres y sin castigo la mayor parte de quienes causaban un daño al erario por más de 60,000 millones de pesos (de acuerdo a información del gobierno).
Bajo dicho contexto parece claro que el posible éxito de la estrategia de contar con gasolineras del gobierno dependería de limpiar de corrupción a Pemex. De ahí se debería seguir con el resto de la cadena, un proceso que avanza muy lentamente.
Posteriormente tendría que establecerse un modelo de negocio que garantice una rentabilidad para evitar que se vuelva una sangría de recursos financieros. La experiencia en el país no ha sido afortunada: el sector público ha sido un mal administrador de las empresas del Estado, corrupción e ineficacia han sido la constante desde la década de los años '70 del siglo XX.
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¿Podría el gobierno de México establecer estaciones de servicio con una operación de calidad global? Un solo ejemplo, en la mayor parte del mundo desarrollado las estaciones expendedoras de gasolina son de autoservicio, un concepto que en México está aún muy lejano (como las máquinas automáticas para vender boletos en el metro de la Ciudad de México).
Por tanto, en el corto plazo la aseveración del presidente probablemente tenga un componente de presión política para los empresarios dueños de las estaciones de servicio, la línea es clara: reducir sus márgenes de utilidad.
La estrategia para que el gobierno sea propietario se encuentra más lejana y podría abrir otra caja de Pandora con efectos tan adversos como los que dejó la liberalización de los precios de combustibles.
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