El plan de Hacienda para apoyar la economía, una buena señal para el mercado

Dejando a un lado la discusión sobre si fue oportuno o tardío el anuncio, este programa por sí mismo representa una buena señal hacia al mercado y un cambio de ruta en relación con la política de austeridad promovida por el Gobierno Federal y con el subejercicio del gasto primario del sector público registrado en el primer semestre del año (142.1 miles de millones equivalente a 5.5% del monto programado). Asimismo, el anuncio de alguna manera también intenta atender la demanda de mayor planeación y participación de la inversión pública hecha por el sector privado.

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A partir de esto, comparto algunas reflexiones sobre los resultados esperados en el sector de infraestructura y en particular en el sector carretero:

1) Si bien el acercamiento del sector privado con el gobierno federal ha refrendado el compromiso mutuo con el crecimiento y desarrollo nacional, esto no se ha reflejado hasta hoy en los indicadores económicos. Por mencionar algunos, la inversión total nacional (pública y privada) en el primer trimestre del año se ubicó en 3,879 miles de millones, lo que representó una caída de 2.8% anual; mientras que la producción industrial acumula tres trimestres de retrocesos siendo el último, el del 2T19, de 1.82% trimestral anualizado. Por lo tanto, queda esperar que la ejecución eficiente de la inversión pública (y no sólo el anuncio) genere los incentivos correctos para reavivar el interés de inversión privada.

2) El impulso del sector de infraestructura sobre el crecimiento económico no se materializará en el corto plazo. Si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha informado cuales son los proyectos que recibirán apoyos, el impacto que estos tendrán en la economía real se verá probablemente hasta después del segundo semestre de 2020. Esto siempre y cuando la planeación, presupuestación y ejecución de las obras no se detenga por las eventualidades propias del sector.

3) La asignación de los recursos tendrá como prioridad la conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera existente, lo cual ciertamente es muy necesario (recordemos el compromiso relacionado a los caminos rurales). En segundo lugar, se atenderá la conclusión de obras pendientes. Esto estará asociado a convenios de reequilibrio o desdoblamiento de los títulos de concesión vigentes a favor de cinco empresas privadas, según la SCT.

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4) Si bien la terminación de obras pendientes o proyectos suspendidos reducirá el déficit de infraestructura carretera nacional, existen proyectos que eventualmente la SCT deberá licitar si el objetivo es maximizar el impacto en el crecimiento económico. Llegado el momento, el Gobierno Federal deberá atender otras preocupaciones que hoy mantiene el sector privado, como son: a) la transparencia y certidumbre jurídica tanto en el proceso de licitación como en la ejecución de la obra; b) contención de la inseguridad pública; c) la consideración por parte de la SCT de propuestas no solicitadas, y d) dirimir los conflictos relacionados con la liberación de los derechos de vía.

Sobre este último punto, la experiencia indica que un mal análisis sobre los derechos de propiedad frecuentemente representa un lastre para la conclusión de las obras. Entre los ejemplos que podemos mencionar está la autopista Naucalpan – Toluca en el Estado de México y dos tramos en el Estado de Oaxaca (Barranca Larga – Ventanilla y Mitla – Tehuantepec), las cuales cuentan con el compromiso presidencial para ser concluidas.

A manera de conclusión, podemos decir que la activación de la inversión pública federal a partir del anuncio de la SHCP representa una señal positiva para el mercado y, particularmente, para el sector privado.

El elemento clave dentro de todo este proceso, al cual se le deberá dar seguimiento, es a los programas y estrategias de ejecución que garanticen en todo momento el eficiente uso de estos recursos. Asegurar la certidumbre jurídica y el hecho de compartir los riesgos, propios de un proyecto de infraestructura, podrán generar los incentivos adecuados para alentar la inversión privada nacional y extranjera.

Nota del editor: Por Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HR Ratings. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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